Venezuela. Abogada Mónica Fernández considera que agentes de la PM fueron engañados. Las policías regionales y municipales podrán ser intervenidas por solicitud de los consejos comunales, advirtió la litigante. La abogada y representante del Foro Penal Venezolano, Mónica Fernández, cree que la aprobación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional abrió una brecha para la definitiva politización de los cuerpos de seguridad en el país. Luego de analizar el articulado de esa norma, junto al equipo del Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec), la litigante sostuvo que están dadas las condiciones para que los consejos comunales soliciten al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia medidas de intervención o suspensión de las policías municipales o regionales, en sectores donde gobierna la oposición. La ley promulgada la semana pasada por el Presidente le confiere a los consejos comunales y a “otras formas de participación popular” las funciones de contraloría social y supervisión externa de todos los cuerpos policiales. El texto no precisa cómo serán estos procesos. Según Fernández, el verdadero sentido de la norma fue adelantado la semana pasada en el programa La Hojilla, cuando se habló de la necesidad de “intervenir a las policías incómodas”. La abogada y docente observó que en la exposición de motivos ya se señala a los consejos comunales como principales vehículos de participación ciudadana en relación con el tema de la seguridad, en un esquema en el que cobra fuerza el concepto de nueva geometría del poder. Recordó que todo esto fue rechazado en el referéndum constitucional de diciembre de 2007. Advirtió que está en marcha un peligroso proceso de ideologización de los cuerpos policiales. A su juicio, esto quedó en evidencia cuando un comisario de la Policía del Estado Miranda se declaró revolucionario durante una cadena. Recurso inútil. Fernández señaló que el decreto-ley de la Policía Nacional está viciado de inconstitucionalidad, y que muchos de sus artículos deberían ser interpretados por el TSJ, pues de lo contrario generarán caos en el accionar de las policías, y a la postre, impunidad para los delincuentes. “Pero no tiene ningún sentido ir a la Sala Constitucional a pedir la nulidad de esta ley, cuando ya la presidenta del TSJ emitió opinión sobre el texto, y avaló el carácter orgánico. Algo insólito, pues por vía habilitante no podían hacer leyes orgánicas”, añadió. Uno de los aspectos que debe ser interpretado con celeridad por el máximo juzgado del país se refiere a los criterios de complejidad que deberán aplicar los efectivos de los cuerpos de seguridad municipal, estatal y nacional. Fernández se preguntó en qué momento un agente municipal podrá entender que él debe apresar al traficante de drogas de la esquina, o si por el contrario deberá dejarlo libre por considerar que ese individuo forma parte de un caso de media o alta complejidad. “No hay un criterio serio, concreto y objetivo sobre las circunstancias en las que deberán actuar los funcionarios, y esto es muy peligroso”, afirmó. Recordó que esa confusión fue uno de los factores que incidió en las actuaciones policiales de los casos de Terrazas del Ávila y San Román, en los que por desconocimiento y falta de coordinación murieron personas inocentes y funcionarios policiales. PM reciclada. La representante del Foro Penal señaló que el Gobierno engañó a los efectivos de la Policía Metropolitana y a la comunidad en general, cuando se incluyó una disposición transitoria en la nueva ley que establece la “supresión y liquidación” inmediata del cuerpo de seguridad de Cotiza. Dijo que esa intención se veía cuando se hizo el cambio de adscripción de la PM, desde la Alcaldía Metropolitana al Ministerio de Relaciones Interiores. Sin embargo, ese plan no fue divulgado sino hasta última hora. Mencionó la existencia de una contradicción entre la ley promulgada la semana pasada y la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas. La primera establece que ningún distrito metropolitano podrá formar cuerpos de policía, mientras que la última le confiere al Alcalde Mayor la función de preservar el orden público y la seguridad de las personas. Fuente: El Nacional. Sucesos/6 Javier Ignacio Mayorca. jmayorca@el-nacional.com

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