Fuente: Mabel Sarmiento, Crónico Uno

Este miércoles 2 de noviembre se anunció que la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS), que dirige el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, priorizó 60 hospitales tipo III y IV y, de ahora en adelante, “mejorará” la prestación del servicio de la salud y tomará control del suministro de insumos y medicinas.

Crédito Cristian Hernández. Crónica Uno

Crédito Cristian Hernández. Crónica Uno

“Vamos a tomar el control de la distribución de todas las medicinas y todos los insumos médicos-quirúrgicos que se administran en los hospitales para evitar que tomen otro camino y garantizar que lleguen a los pacientes”, dijo Padrino López durante el balance semanal del Comando Nacional de la GMAS.
¿Qué significa eso? Nadie lo tiene claro. No se definió cuáles son esos 60 hospitales y de qué forma será esa administración. Lo que sí pidió el jefe de la Misión fue que nadie se moleste, “ni se sienta perseguido o acosado, pues estamos en un Estado de Emergencia, de Excepción y necesitamos tomar el control”.

Al respecto, Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, manifestó que no se tiene muy claro cuál será el mecanismo para asumir esa responsabilidad: “Los militares tampoco lo tienen claro. Lo que ha venido sucediendo en los últimos años en Venezuela es que se usa como slogan político eso de ‘entréguenle a los militares’, pero ellos no tienen procedimiento ni método para a asumir esas competencias. Lo que va a suceder es que se va a agravar y a profundizar la crisis en el mediano y largo plazo”.

San Miguel destacó que ya la propia situación estrictamente militar es complicada. Esto es una carga más, pues ni siquiera sus propias competencias pueden asumir cabalmente. “Luego está el contexto, las funciones que se están entregando son las de un país en guerra, primero la comida y ahora el control del material médico-quirúrgico”, sostuvo.

Controlar a la gente

La presidenta expresó que siguen buscando el control de la gente para frenar una explosión social. Y, en consecuencia, están distribuyendo por todo el país a los militares, “precisamente para tener el control de la gente. Ya la milicia está dentro de los hospitales desde hace un tiempo, pero esto es un paso más, porque lo social les puede estallar en la cara. Incluso no lo veo como si se tratara de un negocio”.

Lo cierto del caso es que los militares permearon la alimentación, la infraestructura, la seguridad ciudadana y la salud y “la gran conclusión después de este episodio de la historia venezolana es que los uniformados van a retornar a sus cuarteles pero con el rechazo de la ciudadanía”.

Se recuerda cómo Padrino López anunció que un general se encargaría del arroz, otro de la papa y sigue la lista, y a entender de San Miguel, una de las características de la institución armada es que asumen responsabilidades tengan o no los medios. Citó el inicio del Plan Bolívar 2000. En ese entonces, había una alícuota para que se enriquecieran o se inmiscuyeran en delitos de corrupción.

“Pero ahora la situación da para poco, pues ya no se reparten horizontalmente los recursos. Ahora lo que se está repartiendo es un dolor de cabeza más bien. Lo veo como un gesto de desesperación del presidente Nicolás Mauro, que está usando al sector militar como salvavidas, pero eso lo que hace es agudizar la percepción de los mandos medios frente al manejo que se tiene del poder. Lo que están haciendo es deslegitimar al componente militar. Están cavando el mayor costo histórico desde la creación de la institución armada en el país. Y no hay un militar que se pare y le diga ‘señor, hasta aquí’, pues les está dando competencias para las que no tienen capacidad”, declaró.

Cooperación internacional

Lo que tiene que hacer el Estado, a juicio de San Miguel, es aceptar que tiene una crisis humanitaria y que para su resolución necesita la cooperación internacional.

Cooperación que se la han planteado de todas las formas habidas y por haber. Incluso en mayo de este año, la Asamblea Nacional (AN) aprobó la Ley Especial para atender la Crisis Nacional de Salud. Además, una coalición de organizaciones gubernamentales ha hecho el lobby y han sido atendidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), sin que hasta la fecha  haya sido reconocida la crisis. Pero aun así, el ministro Padrino López habla de un Estado de Emergencia.

También el parlamentario, José Manuel Olivares, presidente de la Subcomisión de Salud de la AN, vía tuiter expresó que “lo único coherente con la militarización, es que hoy en los hospitales hacemos medicina de guerra”, y se preguntó: “¿Qué buscan con la militarización, una solución o que no siga saliendo a la luz la crisis?”.

Sobre este particular, el profesor de la Universidad Simón Bolívar (USB), Marino González —médico venezolano especializado en políticas públicas—, destacó que todo el plan de la GMAS es una tendencia general que tiene el Gobierno hacia un proceso de estatización de la gestión pública.

“Ellos manejan la concesión de que los militares están en capacidad de garantizar los bienes y la seguridad a los venezolanos: alimentación y salud. Pero eso agudiza el problema, por la poca capacidad que tienen para gerenciar lo social. ¿Cómo desde una oficina ubicada en el centro de Caracas se puede saber las necesidades de un hospital en una región apartada del país? Eso no puede ser. En ningún país del mundo existe una situación similar y este ha demostrado que fracasó hace mucho tiempo en la gestión pública”, sentenció.

González puso como ejemplo los casos de la malaria, epidemia que suma más de 150.000 casos y que es la única en el mundo. Dijo que solo el municipio Sifontes del estado Bolívar tiene 85 % de los afectados por esta enfermedad, aun cuando la zona está militarizada. “Uno podría pensar que con la militarización la cosa funciona mejor, pero eso no fue lo que sucedió en Sifontes. De nuevo la duda de cómo un burócrata administra desde una oficina. Esa es una prueba clara del fracaso”, dijo.

Ya la salud pasó por la militarización del Ministerio y de varios hospitales. En 2009, fue destituido el general Jesús Mantilla, quien en 2007 inició la remodelación sin éxito de los grandes nosocomios del Área Metropolitana; en 2014 sacaron de la misma silla a la coronela Eugenia Sader, a quien el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le congeló las cuentas, y uno que está inamovible en su cargo es el presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), general Carlos Rotondaro.

Por eso, el profesor González no está de acuerdo con la medida, ya que solo augura fracasos. Lo mismo opinó el doctor Juan Goecke, médico residente del hospital Vargas (tipo IV) quien calificó la acción como ‘más de lo mismo’ y alimentó su comentario con el lanzamiento de los generales que fueron encomendados para administrar cada rubro alimenticio: “La comida que apareció, ¿tenemos plata para comprarla? Eso es más chanchullo. Lamentablemente, no se puede poner gente no preparada en semejante cargo, pueden ser preparados en artes militares, pero zapatero a su zapato. Con los antecedentes que hay en la materia darles el voto de confianza es difícil, pues se evidencia su ineficacia en su proceder en temas fuera de lo bélico”.

Bajo esta apreciación, Goecke muestra su rechazo y apunta a los vacíos de información que supone la militarización en el área de salud: lo único que se ha dicho es que son 60 hospitales y el país tiene más de 30.000.000 personas que están en riesgo de contraer enfermedades infecto-contagiosas, o requerir procedimientos quirúrgicos en la medicina que no pueden ser abordados sobre la marcha. “La salud debe estar parametrizada, planeada y no improvisada. Los errores en la medicina se pagan con la vida de los pacientes”, sentenció el galeno.

comparte