Desde la aplicación de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), anunciada por el presidente Nicolás Maduro el pasado mes de julio de 2015, muchas han sido las denuncias dedetenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, amenazas y hostigamiento y hasta “ejecuciones extrajudiciales” durante los operativos policiales de las OLP.
Crédito: Archivo Ministerio de Interior y Justicia
El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G Gustavo González López, en septiembre de 2015 definió las OLPcomo “una unidad monolítica, una trilogía perfecta cívico-militar-policial que ha permitido desarrollar estas operaciones diseñadas, conducidas y planificadas por el Comandante Nicolás Maduro” para liberar al territorio nacional de las acciones delictivas, narcotráfico y el paramilitarismo.
Las ong Provea y Control Ciudadano han denunciado en diferentes ocasiones estás acciones por el carácter militarista, la poca preparación que tienen los militares para efectuar labores de seguridad ciudadana y por no apegarse a la Constitución, que establece en su artículo: 332 establece que “Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna. La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con los Estados y Municipios”.
Para tal efecto el Estado debe conformar: un cuerpo uniformado de policía nacional, un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter civil y una organización de protección civil y administración de desastres. Limitando la acción de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), sólo a las funciones de seguridad y defensa de la nación.
Rocío San Miguel, representante de Control Ciudadano, considera que no ha sido honrada la promesa constitucional en el cumplimiento del artículo 332, pues desde su promulgación ha sido reiterativo el uso de las FAN en labores de seguridad ciudadana.
San Miguel cree que las OLP han “institucionalizado la pena de muerte, con las ejecuciones extrajudiciales, en lo que el Estado llama enfrentamientos” durante los operativos. Esto lo han denunciado ante la Defensoría del Pueblo, pero “no hay voluntad del Defensor de Pueblo, Tarek William Saab, para involucrarse en el tema”.
Hay que mencionar que el defensor Tarek William Saab, declaró durante una entrevista en Globovisión, que han recibido 101 denuncias, sobre todo en Caracas, que tienen que ver con abusos policiales, desalojos arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales. “Actuaciones que están al margen de la ley”, según Saab.
La oenegé Provea presentó, junto a Human Rights Watch (HRW), el pasado 04 de abril, el informe Poder sin Límites: redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela. Sobre el despliegue, funcionamiento y consecuencias de los operativos de las OLP en Venezuela.
Poder sin Límites recoge las impresiones de “numerosas víctimas, testigos y otras fuentes que describieron violaciones de derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales y otros abusos violentos, detenciones arbitrarias, desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos, a menudo acusados, sin ninguna prueba, de tener nexos con paramilitares”.
Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales
Provea y HRW, pudieron documentar 245 muertes durante los operativos de las OLP, en ellas participaron funcionarios de diferente cuerpos policiales del Estado. Funcionarios públicos se han informado que estas muertes ocurrieron por “enfrentamientos” con delincuentes armados, varias muertes sucedieron mientras los detenidos permanecían en custodia y en uno de los casos la víctima se encontraba acostada en su propia cama. También determinaron 20 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Por lo que presumen que hay un uso excesivo o “ilegítimo de fuerza letal”.
Detenciones Arbitrarias
Durante los operativos policiales se preacticaron “detenciones masivas e indiscriminadas sin exhibir órdenes judiciales, en ocasiones deteniendo a personas que estaban durmiendo en sus casas, según relataron residentes”.
Según fuentes oficiales fueron detenidas al menos 14.000 mil personas, entre julio de 2015 y enero de 2016, para “verificar”, si estaban siendo solicitados por algún delito, solo alrededor de 100 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público (MP).
Desalojos forzosos y destrucción de viviendas
Provea y HRW determinaron que se practicaron dos desalojos masivos, sin notificación, en los estados: Miranda y Carabobo, asi como en urbanismos de la misión vivienda. “En dos redadas de la OLP, cientos de viviendas habrían sido destruidas con topadoras por las fuerzas de seguridad”, reseña el informe.
Los afectado reportaron: robos, saqueos y apropiación de sus pertenencia por parte de los efectivos de seguridad.
Deportaciones arbitrarias
El presidente Nicolás Maduro autorizó la implementación de las OLP en la frontera con Colombia en el estado Táchira, debido a esto 1.700 ciudadanos colombianos fueron deportados y al menos 22.000 colombianos han salido del país por temor a “por temor a posibles abusos o deportaciones, según indica la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas”. La defensoría colombiana comprobó que en más de los 700 personas entrevistadas no se le permitió cuestionar su expulsión de Venezuela. 400 de los deportados permanecían en el país bajo la figura de “asilos y en condición de refugiados”, cifras que las oenegé obtuvieron de el Grupo Temático Mundial sobre Protección (Global Protection Cluster) en Colombia.
Los ciudanos colombianos fueron deportados de forma arbitraria, algunos comentaron que sufrieron abusos y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad venezolana.
Garantía de los derechos humanos
Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, sostiene que durante las OLP se han violado derechos humanos fundamentales como: violaciones al derecho a la vida, violaciones al derecho a la libertad e integridad personal y violaciones al derecho a la vivienda.
En un artículo publicado en Provea, Uzcátegui aseverá que el abuso de poder y la brutalidad policial se deben a la impunidad de tipo estructural de sistema judicial venezolano.
Está impunidad es “una de las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas hoy en Venezuela”, asegura el defensor de derechos humanos.
También enumeró una serie de irregularidades que permiten que haya impunidad en Venezuela como: la falta de independencia del poder judicial, el debilitamiento de las instituciones democráticas, el estado de derecho y las garantías del debido proceso, la participación de funcionarios policiales y militares en diferentes delitos, la militarización de las políticas de seguridad ciudadana, la ausencia de mecanismos internos y externos de control a la actuación de las policías y militares, la falta de información oficial de acceso público sobre la cantidad de delitos ocurridos en Venezuela y las políticas de seguridad ciudadana.
Fuente: 2001