Fuente: Tal Cual
Rocío San Miguel es presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Abogado. Defensora de Derechos Humanos.
Venezuela lleva ya 50 días de protestas y éstas acompañadas por la más cruda represión de parte de las fuerzas militares que se ha dado nunca en el país. Buena parte de la región y del mundo están atentos a los acontecimientos que se están dando en Venezuela en protesta al presidente Nicolás Maduro y a sus medidas tomadas, entre ellas a la convocatoria de una Asamblea Constituyente comunal. Quisimos conversar con la abogada Rocío San Miguel por su experticia en el manejo del tema militar.
Crédito Archivo El Impulso
-¿La represión desmedida de la Guardia Nacional en qué puede parar?
– En una rebelión popular generalizada a la que se termine uniendo una parte de la propia Fuerza Armada Nacional, lo cual nos podría colocar al borde de una guerra civil.
-En cuanto a los civiles procesados por tribunales militares Herman Escarrá ha manifestado que es completamente inconstitucional ¿En qué quedamos si Escarrá es una ficha del régimen?
– Los civiles en Venezuela, no pueden ser procesados por tribunales militares, ese es un principio inamovible consagrado en nuestra Constitución. Artículo 49, numeral 4.
Herman Escarrá es una persona con una formidable formación jurídica, lamentablemente ha puesto su conocimiento al servicio de intereses espurios. Cuando esto ocurre se pierde el respeto. Y el drama es que a quienes sirve Escarrá, ya no lo respetan, lo utilizan en tanto dice lo que les conviene.
¿Usted cree que en Venezuela es posible que se dé una guerra civil con civiles desarmados?
– No. Para que exista una guerra civil de acuerdo al derecho internacional de los conflictos armados, la confrontación debe ser conforme lo establece el artículo 1 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, entre una parte de la fuerza armada contra otra parte de la misma fuerza armada que pasa a ser disidente. Ese es el supuesto de que se quiebre la Fuerza Armada Nacional. El otro supuesto en el que se puede dar una guerra civil, que prevé el propio protocolo adicional II, al que he hecho referencia, es cuando la confrontación se da entre una Fuerza Armada contra grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejercen sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.
–¿En qué consiste la constituyente militar de la que habla el presidente Maduro?
– Es una estrategia para que los mandos militares con control sobre el poder en Venezuela, tutelen la formula resultante de ese texto. Sin esa fórmula, Maduro no tendría autorización ni apoyo de los mandos militares con poder, para realizar la llamada Constituyente. Sin embargo la constituyente militar puede terminar revolviendo la estructura militar venezolana contra los mandos corruptos y violadores de derechos humanos.
En todo caso, en Venezuela, no se dará la constituyente promovida por Maduro.
-¿Cuando los diputados o algún civil hacen un llamado a los militares para que se respete la Constitución vigente están llamando a un alzamiento?
– El repudio a la partidización política de la FAN ha sido un legítimo argumento de reclamo de la oposición venezolana al gobierno de Chávez y de Maduro, de manera que hacer un llamado a los militares, para que den un golpe militar o restituyan el hilo constitucional es una inconsistencia moral histórica. Sin embargo los llamados a los militares para que desacaten ordenes manifiestamente contrarias a la Constitución y a los Derechos Humanos son una obligación de la sociedad democrática venezolana en la hora actual.
¿Cuáles son las implicaciones de la aplicación de más leyes militares sobre civiles?
– El quiebre final del estado de derecho en Venezuela. El triunfo del autoritarismo militar sobre los derechos civiles de los venezolanos.
– Tiene usted información de si es verdad que muchos militares han pedido la baja, se la han negado y por eso hay 85 detenidos, como dice el Gobernador Henrique Capriles.
– Si. Esto es un proceso perverso que data del año 2005, momento a partir del cual Chávez se sintió envalentonado para iniciar el control de la institución por la vía de las sucesivas reformas a la Ley Orgánica de Fuerza Armada Nacional. A partir de ese momento comenzaron a darse masivas solicitudes de baja, que en muchos casos no se autorizaban. Sin embargo el corporativismo militar ha permitido siempre se terminen haciendo efectivas las solicitudes de baja.
El daño patrimonial a la Nación que han generado las solicitudes de baja es enorme. Hoy miles de oficiales dados de baja en la Fuerza Armada, trabajan en empresas de excelencia, brindado su experticia y conocimiento, muchos de ellos en el exterior. Podemos decir, que en menor escala, la diáspora del talento de PDVSA, se ha venido reproduciendo en la FANB.
Respecto a los 85 oficiales militares detenidos que ha señalado el Gobernador del Estado Miranda, se encontrarían en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, nuestra organización, Control Ciudadano, no ha podido corroborarlo. Frente a una situación de esa envergadura, de haberse producido ya se tendrían noticias a dos semanas de su denuncia.
¿Cómo vislumbra el final de este conflicto que nunca se había visto en el país?
– Es difícil saber qué pasará, pero la sociedad y su fuerza armada nunca serán iguales después de esta rebelión popular de 2017. El respeto a la Constitución y a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Armada Nacional es el camino a la Paz. La otra cara de la moneda, es la posibilidad de sentar las bases para una guerra civil en Venezuela