Caracas. La reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), redactada por la Comisión de Política Interior del Parlamento y que ayer se distribuyó a los 167 integrantes de la Cámara, establece la posibilidad de aplicar sanciones a los responsables del retraso de los juicios. La modificación del artículo 327, referido a la audiencia preliminar, señala que “de tener que diferirse dicha audiencia deberá ser fijada nuevamente en un plazo que no podrá exceder de veinte días”. Acto seguido, la norma apunta que “de no realizarse la audiencia dentro del plazo establecido, las partes podrán intentar las acciones disciplinarias a que haya lugar contra aquél por cuya responsabilidad no se realizó dicha audiencia”. Un informe divulgado a finales de 2006 por la Oficina de Participación Ciudadana del Circuito Judicial Penal de Caracas, reveló que entre enero y octubre de ese año se pospusieron 279 procesos. En 36,2% de los casos (101), el retardo obedeció a la ausencia de fiscales. Con la variación del 244, relacionado con la proporcionalidad, el detenido podrá permanecer más tiempo tras las rejas si se demuestra que la dilación responde a “tácticas procesales abusivas producto del mal proceder de” él o sus defensores. La reforma del COPP, que alcanza 13 artículos y pronto será sometida a primera discusión en la Asamblea Nacional, tiene como “finalidad concreta disminuir el retardo procesal”, manifiestan los diputados en la exposición de motivos. Por esta razón cambian las “disposiciones referidas a las citaciones y notificaciones (artículos 183 a 189), a efectos de establecer que las mismas sean realizadas con mayor prontitud, imponiéndose plazos”. Los apartados que regulan las extradiciones activa y pasiva también fueron objeto de una revisión, con la finalidad de agilizar los procedimientos y flexibilizar los requisitos. El 392 permite a la República “solicitar la extradición cuando se haya dictado medida judicial privativa de libertad en contra del imputado”. Allí incorporan que “en caso de fuga de quien esté cumpliendo condena, el trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia le corresponderá al juez de ejecución”. Giménez en la mira Mañana la AN debatirá el informe de la Comisión de Contraloría que declara la responsabilidad política del gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez, por un daño patrimonial superior a los Bs 200 millardos. Del expediente se eliminaron los cargos por legitimación de capitales, ilícitos ambientales y falsificación de documentos. Fuente: El Universal Pedro Pablo Peñaloza Disponible en: http://noticias.eluniversal.com/2008/05/07/pol_art_reforma-del-copp-est_849373.shtml

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