Provea destacó en su Informe Anual sobre Derechos Humanos que en diciembre de 2014 indígenas Eñepa y Joti del estado Bolívar denunciaron acerca de la presencia en sus territorios de presuntos grupos armados de las FARC, que contaron con la supuesta complicidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

De acuerdo con un texto respaldado por 13 autoridades étnicas y más de 200 firmas de indígenas habitantes de las comunidades de San José de Kayama, el cual fue entregado ante la Defensoría del Pueblo, cuatro personas armadas y uniformadas recorrieron la Sierra Maigualida y el 2 de octubre visitaron la comunidad Eñepa y Joti de Mátura.

En el sector indígena JotiJkwiwi Jtaune, autoridades tradicionales los interrogaron por su presencia en la zona. Estos respondieron que se reunirían en Boca de Nichare con otro grupo de guerrilleros.

Consultados sobre quién los había mandado a la zona, los presuntos guerrilleros respondieron que “el presidente (Maduro) se comunicó con nuestro jefe (de Colombia) y le pidió para que viniéramos a ver si había grupos paramilitares o mineros”.

Asimismo, dice que los irregulares abordaron una avioneta de la FANB. Luego, el comandante dijo a los indígenas que no se preocuparan, “que eran conocidos y amigos, y que también eran revolucionarios bolivarianos.

Por otra parte, Provea cita a la Organización de Mujeres Indígenas de Amazonas (Omida), la cual emitió un comunicado para pronunciarse sobre la presencia de grupos armados, que se identificaron como integrantes de las FARC, y mineros ilegales en sus territorios.

Presentaron denuncias de acoso, hostigamiento y amenazas contra los indígenas. “Estos grupos protegen a mineros ilegales a través de la coerción, amenaza y amedrentamiento, obligando al desplazamiento de las comunidades indígenas. Hicieron un llamado de alerta a comunidades para evitar el reclutamiento forzoso de sus miembros jóvenes y niños”, señala el informe de la ONG.

Otros problemas que padecen los aborígenes:

– Militarización Guajira venezolana causó 19 asesinatos a manos de funcionarios.

– Demarcación y entrega de tierras indígenas no supera 13% del total correspondiente.

– Proyectos extractivos se han aprobado sin consulta previa de los pueblos indígenas.

– Estados indígenas poseen las más altas cifras de educadores sin títulos docentes.

Fuente: El Nacional

Crédito Provea

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