Venezuela. El órgano rector decidirá. A partir de la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, alcaldes y gobernadores que mantienen en sus jurisdicciones cuerpos policiales, quedaron a merced del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia frente a posibles intervenciones, las cuales podrían realizarse por razones políticas, dijo Fermín Mármol León, ex Ministro de Justicia. La semana pasada, Ramón Rodríguez Chacín, ministro de Relaciones Interiores y Justicia, advirtió que cualquier policía podría ser intervenida si incurre en alguna violación de derechos humanos u otros hechos irregulares, a propósito de los señalamientos hechos por reporteros del canal de televisión Avila TV, quienes acusaron a la policía del municipio Chacao de agredirlos en reiteradas oportunidades. Leopoldo López, alcalde de Chacao, respondió a las amenazas y dijo que el organismo está listo para cualquier investigación que el Ministerio de Relaciones de Interior y Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público quieran adelantar sobre las actuaciones de Polichacao. “Siempre hemos sido transparentes en cuanto al proceder de la policía. Prueba de ello es que hemos destituido a aquellos funcionarios que se han salido de la norma. Para citar un ejemplo, en 2004 teníamos 500 denuncias en contra funcionarios, en 2007 esa cifra se redujo a 96 denuncias de las cuales solo 12 tuvieron asidero y fueron debidamente procesadas por la Dirección de Inspectoría General”, explicó López. Sin embargo, Mármol León, quien fue director de la desaparecida Policía Técnica Judicial, aseguró que esto es una manera de poner de rodillas a los alcaldes y gobernadores que no estén de acuerdo con las actuaciones del Gobierno. “De esta ley hay objeciones por el poder que se le concede al órgano rector, que no es nada menos que el despacho de Relaciones Interiores. Podría manejarse de acuerdo con intereses políticos y no hay manera de controlar esa situación. Por ahora, están trancados los alcaldes y gobernadores, porque si al órgano rector le parece que lo están haciendo mal entonces intervendrán a sus cuerpos policiales sin mayor argumento”, explicó el experto. Así quedó plasmado en los artículos 75 y 76 del recién aprobado texto legal, el cual le otorga al órgano rector la facultad de intervenir cuando se determine que existe una participación masiva y continuada de sus funcionarios en violaciones de derechos humanos, redes delictivas o actividades que atenten contra el orden constitucional, o si incumplen de forma reiterada los estándares y programas de asistencia técnica adoptados por el cuerpo de seguridad. El abogado Juan Carlos Gutiérrez señaló que “ahora la situación es más complicada porque nadie tendrá el control para la intervención. Cuando suceda será porque así lo decidió el órgano rector y esto, lo convierte en un acto unilateral que les quita a los organismos la posibilidad de defenderse ante una posible intervención arbitraria”, explicó el jurista. Fuente: El Nacional. Sucesos/10 Thabata Molina

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