Caracas. Todos los venezolanos quedaron obligados a ser colaboradores de los servicios de inteligencia y contrainteligencia policial y militar, mediante un decreto con fuerza de ley dictado por el presidente Hugo Chávez. Los organismos públicos y sus empleados, las empresas nacionales o extranjeras, las organizaciones de participación popular, las comunidades y redes sociales y todas y cada una de las personas son consideradas “órganos de apoyo” de los organismos de seguridad cuando éstos lo requieran. Quienes incumplan esa obligación podrán ser juzgados y castigados por atentar contra la seguridad, defensa y desarrollo de la Nación. Un artículo advierte, especialmente, que es una obligación de todos los funcionarios que forman parte del sistema de Justicia. Otro establece que los organismos de inteligencia podrán actuar sin orden de juez o fiscal alguno cuando consideren inminente la perpetración de un delito, y los datos obtenidos en sus actuaciones podrán incorporarse como pruebas en los juicios producto de esa investigación, aunque con posterioridad se permitirá el derecho a la defensa. Todas las organizaciones no gubernamentales que defienden derechos ciudadanos y se han pronunciado sobre la nueva ley lo han hecho en términos muy críticos. Rocío San Miguel, de la organización Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada, considera que la ley establece un estado de excepción permanente en Venezuela. Según Rocío San Miguel: “el ciudadano queda al servicio del Estado, en vez del Estado al servicio del ciudadano. Los organismos de inteligencia podrán inmiscuirse hasta en la vida familiar en nombre de un concepto tan genérico como la seguridad nacional”. La organización humanitaria Provea destacó que las personas quedan obligadas a colaborar en tareas de inteligencia, lo que a su juicio, acerca el país a lo que puede considerarse “un Estado policial”. Deja a discreción de las policías actuar contra personas u hogares con base en sus sospechas, lo que para esta organización es grave en lo que llama “un país con policías acostumbrados a la violación de los derechos humanos”. El ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, un antiguo oficial naval especializado en Inteligencia, ha defendido la ley porque “en Venezuela siempre han existido labores de inteligencia y contrainteligencia, sólo que no estaban reguladas y sus organismos policiales, en el pasado, actuaban contra el pueblo”. Liliana Ortega, abogada de un Comité de Víctimas de la Violencia Policial, consideró que la ley “trae una carga de violencia, contra el debido proceso, la presunción de inocencia, y porque, como se mantiene en secreto la investigación a un ciudadano, implanta la denuncia sin rostro, de modo que coloca a todas las personas en una situación de enorme inseguridad”. También llamó la atención sobre el hecho de que la colaboración obligatoria con informaciones cuando los organismos de inteligencia argumenten riesgo para la seguridad de la Nación contradice normas éticas de profesiones como las de médicos, abogados, periodistas o sacerdotes. “Un sacerdote católico no podría proteger el secreto de confesión, y tampoco un médico el de su profesión si se antepone la exigencia de informar lo que sepan en razón de la seguridad nacional”. Otros abogados comienzan a criticar que la ley entrega a organismos de inteligencia competencias de investigación que deben estar en manos de jueces o fiscales del Ministerio Público. Algunos han pedido que el Gobierno haga cambios o que la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia revisen e incluso deroguen ese decreto-ley. El ministro Rodríguez Chacín se quejó de que los medios de comunicación den un trato desconsiderado al nuevo texto legal. La prensa de línea editorial opositora comenzó a destacar la conversión obligada de todo ciudadano en colaborador de la policía política o militar, y los caricaturistas hacen alegorías con el sapo, animal que aquí presta su nombre para designar a los delatores. Fuente: Radio Nederland Humberto Márquez – Caracas

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