Fuente: El Carabobeño 

Las sentencias 155 y 156 con las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  pretendió otorgar al Ejecutivo las funciones de la Asamblea Nacional (AN), y el posterior allanamiento a la Universidad de Carabobo (UC) por parte de efectivos militares, el 5 de abril, marcaron un punto de inflexión en la sociedad carabobeña.

Como en el resto del país, en Carabobo las protestas antigubernamentales se fueron acrecentando, al igual que la actuación represiva de los cuerpos de seguridad del Estado: El 3 de mayo, el excomandante general de la Guardia Nacional (GN), mayor general Antonio Benavides Torres, anunció la implementación de acciones basadas en un mecanismo inédito que denominó Plan Zamora. Desde entonces nada fue igual.

Represión desmedida, detenciones arbitrarias, juicios militares y allanamientos ilegales fueron las respuestas del Estado a las exigencias de los ciudadanos. Este patrón se extendió en todo el territorio nacional, pero sin duda tuvo como escenario de práctica el estado Carabobo, aseveró Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional (FAN).

El Plan Zamora es básicamente, según San Miguel, el perfeccionamiento, con aditivos militares, de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), que en su momento sirvieron para, incluso, exterminar a poblaciones localizadas por la vía de las masacres.  “Es una disfuncionalidad que se agrava en el tiempo y que tiene que encender las alarmas ante la línea de acción en la que el involucramiento de militares ocupa graves violaciones a los derechos humanos”.

TERRORISMO DE ESTADO

San Miguel encontró patrones interesantes de análisis en la forma como se desarrolló en Carabobo lo que denominó como el fenómeno del Plan Zamora: Lo primero que salta a la vista son los cambios de comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI)  y de la Guardia Nacional que ocurrieron en la entidad. “Aquellos sujetos que no se acoplaban al perfil de aplastamiento de la sociedad, eran rápidamente cambiados”.

Luego quedó evidenciada, a lo largo de los últimos meses, una actuación de represalia por parte de las propias autoridades militares y policiales a medida que se incrementaron las protestas. “Cuando comunidades como El Trigal, La Pradera, El Tulipán, Palma Real y Tazajal hacían el libre ejercicio de sus derechos políticos y civiles, eran rápidamente reprimidos de la manera más brutal por estos cuerpos de seguridad”.

La también abogada señaló que hay una política de terrorismo de Estado que está consolidándose en el tiempo y que se está volviendo cada vez más feroz. La utilización del poder militar contra las protestas se convirtió en una constante. Es allí donde se inscriben, por ejemplo, los patrones del Plan Zamora.

Lo que ha venido sucediendo es que los militares asumieron las funciones que debían ejercer los órganos de policías municipales, estadales y nacionales, pero ellos están preparados para la guerra. “Sus reglas operativas son las de la eliminación del enemigo”.

Una de las principales inconsistencias en la aplicación del poder militar en el control de la seguridad ciudadana, es la deshonra a la promesa hecha 1999, cuando se discutió y aprobó la Constitución: La desmilitarización de las fuerzas de orden público. Por el contrario, esto se ha ido agravando en el tiempo.

REPRESIÓN SIN CONTROL

El problema del Plan Zamora es que no tiene ningún mecanismo de control democrático. Los planes militares, incluso los más secretos, deben tener algún tipo de contraloría ejecutada por el resto de los poderes. En Venezuela esto se hizo imposible.

El Tribunal Supremo de Justicia sustrajo toda posibilidad de control democrático de la Asamblea Nacional en la vigilancia sobre la FANB. Además entendió, de forma inconstitucional, que esta institución depende exclusivamente de la figura del presidente de la República. “Cuando se arma ese concepto, se pierden todos los anclajes posibles de control democrático, respeto a los DDHH y vigilancia sobre los cuerpos de seguridad del Estado. El agravamiento y la profundización en las violaciones, métodos y medios ha sido notable”.

La Carta Magna establece claramente en su artículo 332 todos los parámetros de la actuación en estos casos. El Ejecutivo nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizará:

Un cuerpo uniformado de policía nacional.
Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas.
Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter civil.
Una organización de protección civil y administración de desastres.
Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna. La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con los estados y municipios en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley, reza el texto constitucional.

RESOLUCIÓN 08610: LICENCIA PARA MATAR

San Miguel expuso que en las sociedades democráticas, el control del orden público se entiende como la posibilidad de ejercer mecanismos de seguridad para que las personas puedan hacer uso del pleno disfrute de sus derechos humanos, a fin de permitir la coexistencia en la sociedad. La aplicación en Venezuela es completamente distinta.

El Gobierno, a través de la Resolución 08610, publicada el 23 de enero de 2015 en Gaceta Nacional, autorizó a los cuerpos policiales y a la Fuerza Armada a usar armas de fuego en el control de manifestaciones. “Algo nunca antes visto en la historia de la regulación del control del orden público en Venezuela”.

La prohibición del uso mortal de la fuerza, a menos que esté comprometida la propia integridad del funcionario policial que está actuando en la operación, es una máxima en los manuales de procedimiento. Pero esto se desvirtuó. El concepto “dispare a matar” pasó a ser la norma generalizada en estos últimos años dentro del control de las manifestaciones públicas.

El uso proporcional de la fuerza tampoco ha sido respetado y sobre todo la prohibición del involucramiento de efectivos militares en el control del orden público. Todas esas reglas se invirtieron para, paulatinamente, ir incorporando a los militares en la concepción del enemigo interno. “Cuando ya se ha trastocado esa función, solamente cabe esperar los resultados que hoy tenemos”.

“CAUDILLO, PUEBLO Y EJÉRCITO”

Las acciones violentas contra los civiles tienen su génesis en el modelo de sociedad que ha planteado el proyecto bolivariano, fundado en el triángulo ceresoliano: caudillo, pueblo y ejército. “Tenemos que entender esto para poder entonces darle una lectura a lo que ha venido sucediendo con la militarización de la sociedad y de la seguridad ciudadana”.

Entre las causas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los efectivos de la FANB, destaca el proceso de partidización política que ha degradado el concepto de esta institución: Cuando se concibe a un individuo que tiene el monopolio de las armas como adversario de quienes piensan distinto, se está preparando y abonando el terreno para la comisión de crímenes atroces.

A la partidización política se suman otros dos: El primero es la desprofesionalización de la FANB en los últimos años, que por la vía de la incorporación de los llamados efectivos de tropas profesionales, pasan a formar parte de ese pie de fuerza sin el entrenamiento y la formación en DDHH adecuados.

El segundo elemento es el discurso de odio instrumentalizado desde el poder, que por la vía del sistema nacional de medios públicos permanentemente está estimulando el odio en la sociedad contra quienes piensan distinto, son críticos y opositores.

SALDO ROJO

La ONG Control Ciudadano, luego de una profunda investigación pudo  individualizar los casos. La cifra es alarmante: 166 víctimas durante las protestas que iniciaron en abril. La mayoría es consecuencia del uso de la fuerza desproporcionada por parte de la FANB, pero también de otros organismos de seguridad ciudadana.

El segundo estado con mayor número de víctimas violentas durante el control de manifestaciones es Carabobo. Esta lista es producto de la completa disfuncionalidad que se generó cuando la FANB se adhirió a una facción política que considera a quienes piensan distinto como enemigos y traidores.

Según Rocío San Miguel, actualmente hay una paradoja dentro de la FANB, ya que está conformada por muchos individuos a quienes les tocó vivir El Caracazo en 1989. “¿No se aprendió de lo que significaron para la historia las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron?, ¿Se están reeditando estas violaciones, ahora perfeccionadas en términos de represión?”.

¿INFILTRADOS EN LA FAN?

“Los venezolanos nos preguntamos cómo estos efectivos pueden cometer crímenes tan atroces contra sus conciudadanos, sus propios hermanos”. Rocío San Miguel cree que por eso se apeló a la hipótesis de que sean mercenarios extranjeros, pero reconoció que hasta ahora no hay evidencias fácticas que demuestren la presencia de, por ejemplo, agentes cubanos formando parte de la FANB.

San Miguel reiteró, sin embargo, la necesidad de no apartar la crítica férrea hacia el injerencismo cubano en temas de seguridad y defensa nacional. “No debemos perder de vista que los cubanos participaron en un sector clave como lo es la identificación, la extranjería, la estructura del registro y notaría”.

La especialista recordó que el gobierno de Cuba también participó en toda la asesoría del funcionamiento de los órganos de inteligencia policial e inteligencia militar, así como en la concepción de la doctrina de empleo de la FAN.

Eso está allí. La huella cubana permanece en lo que ha sido el proceso de las cinco reformas a la Ley Orgánica de la FAN, sentenció la especialista en asuntos militares.

JURISDICCIÓN MILITAR

Tras las numerosas oleadas de detenciones arbitrarias, se produjo una acción sin precedentes en la historia de Venezuela: El 4 de mayo fue instalado en el comando de la Guardia Nacional (GN) de Ciudad Chávez, al sur de la entidad carabobeña, un tribunal militar que a la fecha ha juzgado de manera ilegal a centenares de civiles.

Esto no se trata de justicia militar, sino de jurisdicción militar, aclaró San Miguel. El principio de su aplicación tiene tales niveles de excepcionalidad que ya desapareció de muchas naciones y solo es aplicable en situaciones de conflictos armados. El Estado venezolano, por el contrario, lo utilizó como espacio contra civiles, basado en una solución contraria a los principios constitucionales.

En el hemisferio destacan Cuba y Venezuela como países que todavía mantienen la jurisdicción militar. “Eso no es casualidad”, dice San Miguel. Represión desmedida, detenciones arbitrarias, juicios militares y allanamientos ilegales han sido las respuestas del Estado a las exigencias legítimas de los ciudadanos que solo claman por un mejor país.

Crédito El Carabobeño

Crédito El Carabobeño

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