Fuente: Crónica Uno, Yohana Marra
Según el Foro Penal Venezolano, entre abril y julio fueron privados de libertad 372 civiles en jurisdicción castrense. Mediante la Asamblea Nacional Constituyente, el Presidente solicitó que los casos pasen a justicia ordinaria pero hasta el momento no ha sucedido.
“A mi mamá la acusaron de traición a la patria y rebelión militar porque le daba comida y medicinas a presos políticos en el Helicoide, ahora es juzgada en tribunales militares. Estamos en la etapa de audiencia preliminar y la han diferido tres veces”, dijo Luis González.

A su madre, Lisbeth Añez, de 51 años, la detuvieron el pasado 11 de mayo en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando pretendía viajar a Estados Unidos (EE UU) para buscar su tratamiento para la Hepatitis, pues allá vive su familia. Al día siguiente le indicaron a su hijo que sería procesada en jurisdicción militar.

“Ella desde 2014 brinda ayuda humanitaria a los detenidos. La quieren vincular con unos estudiantes del interior del país que detuvieron una semana antes que ella y a quienes les llevó comida”.
A “mamá Liss”, apodo que obtuvo gracias a su labor, le violaron el derecho al juez natural y el debido proceso al juzgarla en jurisdicción militar, al igual que a 609 civiles detenidos desde el 1° de abril hasta el 30 de julio, según cifras del Foro Penal Venezolano. 372 ya están privados de libertad.

Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro le ordenó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que los casos de justicia militar pasen a justicia ordinaria. El pasado 15 de agosto la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, leyó el comunicado sin más detalles.
El coordinador del Foro Penal en el estado Aragua, el abogado Dimas Rivas, explicó que esta decisión no influyó en el caso de los 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), detenidos en Maracay el pasado 2 de julio.

Los jóvenes fueron privados de libertad. A 11 los enviaron a la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, y 11 a la cárcel 27 de Julio, en Guárico. El resto tiene arresto domiciliario.

“Que civiles sean juzgados en tribunales militares es un mensaje a los estudiantes, los pasaron simplemente para manejar la imputación distinta a la Fiscalía que estaba a cargo de Luisa Ortega Díaz”, explicó Rivas.
Añadió que anteriormente los fiscales dejaban en libertad a los civiles pero al pasarlos a jurisdicción militar sí se cumple la orden presidencial. “Los tribunales militares, aunque es un ente único, es subalterno al presidente Nicolás Maduro, y es para militares que hayan cometido delitos militares, no para civiles”.

La decisión de que a los civiles detenidos durante las manifestaciones opositoras —que iniciaron el 1° de abril— los juzguen en tribunales militares viola el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución, al igual que el artículo 261, que establece que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar.

La fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz, manifestó que era inconstitucional el procesamiento de civiles por tribunales militares, aunque el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, declaró que estaba en el marco de la ley.

“Cuando hay una agresión sobre el centinela, o sobre un efectivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), o un bien de la FANB, perfectamente se incurre en un delito militar y puede conocer la jurisdicción militar. Todo aquel que se consiga atacando o agrediendo al centinela en flagrancia, inmediatamente la jurisdicción militar es competente para conocer de ello”, declaró el ministro a la agencia EFE.
En mayo, el MP —dirigido por la fiscal destituida— reiteró, a través de un comunicado, que los civiles debían ser juzgados por juez natural. “La Constitución garantiza el procesamiento de civiles ante la jurisdicción ordinaria, y de los militares que hayan cometido delitos contemplados en el Código Orgánico de Justicia militar ante sus respectivos tribunales militares”.

Pese a sus declaraciones, el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, indicó el pasado 11 de agosto que solicitará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que entregue los procesos de civiles en justicia militar, ya que Ortega Díaz no hizo mucho al respecto.

Agregó que 72 casos de personas que no son militares han sido imputados y presentados por jueces castrenses.
Torturas y abusos a detenidos

El periodista Carlos Julio Rojas, quien fue arrestado el pasado 6 de julio mientras compraba comida en San Bernardino, también fue juzgado en tribunales militares. La tarde de este jueves 24 de agosto quedó en libertad bajo régimen de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país, prohibición de declaraciones a medios de comunicación acerca del caso y prohibición de reuniones conspirativas.

Además fue víctima de maltrato físico, según denunció su mamá, Sol Rojas. “Al principio de la detención lo golpearon y tenía sus manos marcadas por las esposas”.

El dirigente comunitario de La Candelaria estuvo detenido 49 días en Ramo Verde y ahí fue víctima de castigos. Su madre contó que estuvo seis días sin agua, amarrado y sin poder ir al baño.

“Tuvo problemas intestinales a raíz de ese castigo. Estos últimos días ha estado muy deteriorado, solo le dan 70 gramos de comida [tres cucharadas], se encuentra muy delgado”.
Pese al anuncio en la ANC de pasar estos casos a justicia ordinaria el caso del joven se realizó en tribunales militares. Fue detenido por la PNB cuando compraba cuatro kilos de papa y, según denuncia de su madre, le sembraron un morral con granadas.

En el estado Zulia también se registró la detención de 36 civiles, el pasado 20 de julio. Liberaron a 16 y 20 fueron procesados por efectivos castrenses el 25 de julio.

Según el informe del Foro Penal del mes de julio, las mujeres fueron víctimas de actos lascivos, entre ellas una pequeña de 12 años arrestada junto con su hermano, quien quedó privado de libertad.

La joven fue manoseada en sus órganos genitales por los agentes policiales. Otro de los detenidos, un hombre, fue víctima de violación y a otra de las arrestadas le prendieron su cabellera con fuego, ocasionándole quemaduras de segundo grado en la parte superior de la espalda”, indican en el documento de la ONG.
Otros de los arrestados fueron heridos con perdigones en su espalda y abdomen, a dos les pegaron con una guaya en la espalda y el resto de manifestó en la audiencia que fueron golpeados brutalmente.

El Foro Penal registró que desde abril a julio fueron arrestadas 5051 personas en el contexto de manifestaciones. Solo en julio documentaron 1414 detenciones. y 1383 permanecen detenidos por falta a cargo de los tribunales, de verificación de fiadores o por no haber sido presentados formalmente.

Según el informe mensual de la ONG, la oficina del Alto Comisidonado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cinco expertos señalaron que Venezuela debe frenar el creciente uso de tribunales militares para juzgar a civiles detenidos.

Crédito Archivo Crónica Uno

Crédito Archivo Crónica Uno

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