Caracas. Advierten sobre la reimposición de la “ley sapo” que Chávez había derogado. Rocío San Miguel, coordinadora de Control Ciudadano, asegura que la Ley Habilitante permitió a los militares actuar sin una legislación que regule la materia. La octava función atribuida a la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana indica: “organizar, planificar, dirigir y controlar el Sistema de Inteligencia Militar y Contrainteligencia Militar”. Rocío San Miguel, coordinadora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, considera que se trata de “una reedición agravada de la ley sapo”, que el presidente Hugo Chávez promulgó a finales de mayo pasado y que, por el contundente rechazo de la sociedad civil, él mismo tuvo que derogar pocos días después. Agravada, razonó la especialista, porque la nueva norma no está supeditada a la ley: “En la práctica, ello implica que el Ministerio de la Defensa podrá adelantar labores de inteligencia y contrainteligencia sin ningún tipo de control. Tal como figura en el artículo 4 de la nueva ley, se trata de una norma abierta. Desaparece la coletilla `de conformidad con la ley’. Eso es muy peligroso porque hasta el Gobierno había convenido en la necesidad de evitar excesos cuando se invoca la seguridad del Estado para justificar la intromisión oficial en la vida privada de los ciudadanos”. San Miguel confía en que la sociedad civil vuelva a oponerse a mecanismos de inteligencia y contrainteligencia que pudieran aplicarse arbitrariamente. Alerta, zona militar. La coordinadora de Control Ciudadano opina que, mediante el decreto-ley que cambió reglas fundamentales de la FAN, la militarización de la sociedad venezolana alcanza una expresión muy concreta: el establecimiento de regiones estratégicas de defensa integral. El Ejecutivo ya ha confirmado que serían seis los nuevos espacios territoriales administrados por oficiales designados por el Presidente de la República. Y San Miguel alerta que, en la práctica, ello implicará la creación de muchas más zonas de seguridad y defensa, en las cuales existe la posibilidad de restricción de derechos civiles y políticos. La analista recordó cómo después del golpe de abril de 2002 proliferaron las zonas de seguridad y defensa: “En ese momento, el objetivo era obstaculizar las manifestaciones públicas contra el Gobierno, mediante la restricción del derecho al libre tránsito. Pero la ley con la cual se reguló la materia incluye sanciones que alcanzan la prisión hasta por diez años. Por ejemplo, ahí está el caso del general Carlos Alfonso Martínez”. Según San Miguel, la ley recién promulgada no establece límites ni de espacio ni de tiempo, por lo cual sería enorme la amenaza sobre el efectivo ejercicio de derechos civiles y políticos. Civiles o militares. La formal incorporación de la milicia a la FAN (casi en los mismos términos planteados en la reforma constitucional que fue rechazada el pasado 2 de diciembre) está sustentada en la noción de pueblo en armas. A juicio de Rocío San Miguel ello vulnera el derecho de los civiles a abstenerse de participar en la defensa militar de la nación, lo cual está consagrado en una veintena de tratados de Derecho Internacional Humanitario. Explicó que, en la práctica, los ciudadanos que se incorporen a la milicia podrían ser considerados legítimos blancos de ataque; que en una situación de conflicto, la vida y la integridad personal estarían en peligro. San Miguel destacó la vinculación de la milicia con los funcionarios de la administración pública que, inicialmente, recibirían entrenamiento en armas: “Un funcionario público no se podría negar a este tipo de labores, so pena de perder el trabajo. De esta forma, el servicio militar no sería tan voluntario”. Además, las milicias tienen entre sus funciones contribuir con los consejos comunales en la conformación y consolidación de los llamados comités de defensa integral. “Nadie podría garantizar que estos comités no vayan a funcionar como los comités de defensa de la revolución cubanos, como los que se pretendió crear a través de la ley sapo”, reiteró la analista. Razones para estar en pie de guerra … Héctor Herrera, teniente coronel (r) de la Guardia Nacional y coordinador del Frente Cìvico Militar Bolivariano, dijo lamentar que la oposición no entienda que la hipótesis de conflicto que actualmente orienta a la Fuerza Armada Nacional tiene que ver con el riesgo de un ataque de Estados Unidos. En su opinión, ello es suficiente justificación para que Venezuela se transforme en un pueblo en armas. Herrera justifica todos los cambios, tanto los que fueron rechazados el 2-D como los que ahora resurgieron con la habilitante: “Al definir la Fuerza Armada como bolivariana, nos deslastramos de concepciones imperialistas, como la que se había impuesto desde la Escuela de las Américas. Bolívar purifica el pensamiento militar”. El dirigente oficialista dijo que nunca ha oído al presidente Chávez definir la milicia como unidades guerrilleras. Considera que la ciudadanía no debe estar preocupada: “Con la visión bolivariana, con la guerra popular de resistencia, nos ajustamos a las necesidades del momento, con el respaldo del principio constitucional de corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo, a efectos de la defensa integral de la nación”. Como un ejemplo de los beneficios de la unión cívico-militar, Herrera refirió: “Un pueblo es presa fácil de cualquier enemigo interno o externo si no tiene seguridad alimentaria. Si estamos preparados, nadie nos matará de hambre”. Fuente: El Nacional. Nación/2 Edgar López elopez@el-nacional.com

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