Fuente: Efecto Cocuyo
Fue a la 1:00 de la tarde cuando una mujer pidió ayuda a gritos desde el balcón de su apartamento ubicado en el edificio Sele de la avenida Miguel Ángel Lamas en Bello Monte. Su mamá, de 90 años, acababa de fallecer en medio de los ataques con bombas lacrimógenas que los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana realizaban en el sector.
Crédito Efecto Cocuyo
Así lo relató una vecina de la fallecida, quien además denunció que desde el jueves 6 de abril los agentes de control del orden público no han cesado en arremeter en contra del sector residencial.
“Nosotros escuchamos los gritos de la mujer pidiendo auxilio porque su mamá había muerto. Pero no pudimos salir porque la GNB en toda la bomba seguía lanzando gases lacrimógenos“, relató Ana (nombre ficticio a petición de la fuente), quien reside en Bello Monte desde hace 10 años.
Fue a las 6:00 de la tarde que Ana pudo bajar hasta el edificio Sele para cooperar con las víctimas. “Llegó una furgoneta del Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas) y confirmó que la señora había inhalado muchos gases y eso le produjo un infarto. No se llevaron el cadáver porque no se trataba de un hecho de sangre”, narró.
Otro de los residentes relató a Efecto Cocuyo que Ricarda Lourdes González, como fue identificada la víctima, padecía de otras afecciones de salud, por lo que asume que la inhalación de gases tóxicos empeoró su estado.
Los dos aseguraron que tanto la GNB como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han tenido actuaciones “desmedidas” para controlar las manifestaciones que llegan hasta Bello Monte.
“El sábado cuando se incendiaba el comando de Capriles, nosotros estábamos desalojando a los vecinos de la parte de atrás. Había viejitos con bastones y sillas de rueda y fuimos atacados con lacrimógenas. Aunque los bomberos le hacían señas a la PNB, ésta no retrocedió”, relató Ana, quien manifestó estar afónica producto de la inhalación de las sustancias.
Activistas de derechos humanos han advertido que la aplicación de gases lacrimógenos en protesta puede ser una estrategia permitida en otros países, pero en Venezuela no, de acuerdo con el artículo 68 de la Constitución. Entre otras cosas porque su uso afecta no solo a los manifestantes sino también a terceros.