Movimiento Civil por la Unidad alerta a la sociedad sobre el impacto del “paquetazo”

Maracaibo. Con el objetivo de dar a conocer el impacto de los 26 decretos-leyes aprobados vía Habilitante (paquetazo) por el presidente Chávez el pasado 31 de julio, Cecilia Sosa, ex presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rocío San Miguel, representante de la ONG Control ciudadano para la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional, y María Corina Machado, representante de Súmate, asistieron como ponentes del foro “Las cadenas de la Habilitante”, que se llevó a cabo hoy en el diario La Verdad. Durante su participación Rocío San Miguel analizó el impacto de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana (FAB) sobre la sociedad y advirtió que la misma pretende convertir a los ciudadanos en combatientes, “eso debe ser condenado por la sociedad, porque queremos un Ejército profesional y no una militarización de la sociedad”. Alertó sobre una posible militarización de la sociedad y la implantación de un Estado de corte “autoritario burocrático militar que restringe libertades y garantías esenciales”. Insistió que se deben difundir el alcance y los contenidos de los decretos para lograr movilizar a la sociedad en rechazo al denominado paquetazo, porque “mal puede hablarse genéricamente de 26 leyes si no se conoce su contenido”. Con respectos a las próximas elecciones regionales, San Miguel consideró que la campaña electoral de los partidos opositores, “sin duda hará más plural el mapa político nacional a partir del 23 de noviembre”. Por su parte, Cecilia Sosa disertó sobre el impacto de las 26 leyes en el sector agroalimentario, el de Economía y Finanzas, Territorio y Nueva Geometría, Administración Pública y otras instituciones del Estado, Seguridad Social y Fuerza Armada Nacional. “Yo creo que los venezolanos tienen que tomar conciencia de lo que ese cuerpo normativo significa, cómo le cambia la vida, cómo le cambia sus condiciones de vida, y la única manera de tomar una decisión frente a ella es conociéndola”, apuntó. Enfatizó que el Ejecutivo violentó la dignidad de los venezolanos con la aprobación de los decretos-leyes. La jurista explicó que el paquetazo está conformado por mil 560 artículos, que fundamentalmente arremeten contra la propiedad privada y el trabajo productivo. “El objetivo de este foro es tomar conciencia y decir basta a la violación constitucional, y basta de incluirnos la reforma en estos decretos”. Sosa afirmó que en los decretos se menciona la propiedad privada de forma aislada y parcial, y que será el Estado quien la adjudicará a los ciudadanos para que la utilicen, pero sin obtener ningún beneficio económico. Agregó que con esta iniciativa el Gobierno violentara la Constitución, la cual establece que el Estado y el sector privado deben unir esfuerzos para garantizar a los ciudadanos un “trabajo digno”. La ex magistrada manifestó que la sociedad tiene el desafío de votar y elegir, para apoyar a los Gobernadores y Alcaldes, quienes no podrán llevar a cabo su ejercicio como lo establece la Carta Magna porque los decretos le coartan ese derecho; y deberán defender los cuatros componentes de la Fuerza Armada Nacional (FAN), los cuales quedarán desintegrados por la Ley Orgánica de la FAB. Mientras tanto, María Corina Machado basó su ponencia en la disminución y violación de los principales derechos humanos a través de los 26 decretos leyes. Reiteró que los sectores de oposición tienen una triple responsabilidad, la primera es informar y entender cómo cada uno de estos decretos-leyes, afectan la vida de los ciudadanos; en segundo lugar, convertirse en interpretes del significado del paquetazo; y finalmente tiene la tarea de participar activamente en las elecciones del 23-N y en defensa de los derechos que otorga la Constitución. Hizo un llamado a todos los venezolanos para que se sumen a la iniciativa de los “súper testigos”, que a su juicio tendrán un gran impacto para generar confianza y movilizar al pueblo a que exijan respeto para la soberanía popular y la voluntad de los venezolanos. Finalizó diciendo que existen seis vías institucionales para rechazar los decretos-leyes, pero destacó que la “inminentemente ciudadana” es la electoral del 23 de noviembre. Fuente: Diario La Verdad. Foto: Diario El Tiempo.com.ve