Fuente: El Nacional
Un absoluto fracaso. Es así como Mildred Camero, penalista y ex presidente de la Comisión Nacional contra el Uso Indebido de Drogas, Conacuid, considera a la política antidrogas del Estado venezolano. “Una política que no está orientada hacia la cooperación internacional, sino al aislamiento, al enjuiciamiento de consumidores y de pequeños comerciantes, pero a la vez es permisiva en la participación de funcionarios y de órganos de seguridad estatales en el negocio de drogas, no puede ser concebida sino como una estrategia distraccionista que compromete la estabilidad política, económica y social del Estado”.
Crédito Archivo El Nacional
Camero considera alarmante “y hasta grotesca” la cantidad y frecuencia de funcionarios y militares, más que civiles, imputados por estar vinculados a delitos de drogas. Y aún más la implicación de dos sobrinos de la pareja presidencial, Nicolás Maduro y Cilia Flores, en el narcotráfico y por lo cual el jurado de una corte estadounidense los declaró culpables de conspirar en la distribución de drogas. “Si diéramos por cierto que sacaban drogas al exterior por la rampa 4 (del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía) que supone mayor vigilancia y control, ellos y sus cómplices deberían ser juzgados en el país porque es un delito muy grave que, por además, no prescribe”.
No obstante, afirma que Venezuela “no es un narco-Estado aún” debido a que este supone la existencia del tráfico de drogas como patrón de supervivencia, y de conexión de todas las instituciones públicas, “y no una simple cuestión de corruptelas personales o grupales”.
“Más que un narco-Estado, podríamos estar en presencia de un narcorrégimen, en el supuesto negado de que esa gran concentración de poderes que tiene el gobierno abarcara también parte del crimen organizado y especialmente el negocio de las drogas. Los vínculos del régimen con un sector civil y militar involucrado, dan esa sensación de manera concluyente”.
Faltan políticas públicas. Si bien el artículo 55 de la Constitución consagra el derecho de toda persona de estar protegida por el Estado frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para su integridad física, de su propiedad, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, el problema de las drogas “siempre ha tenido un trato doméstico”, a pesar de la legislación que regula la materia, dice la también ex juez penal.
La implementación de convenios internacionales, la propia dinámica del tráfico internacional de drogas y de sus delitos asociados como la legitimación de capitales, el terrorismo y su financiamiento, explica Camero, obliga a los gobiernos a establecer políticas más efectivas para reducir organizaciones criminales que logran apoderarse de los espacios permitidos por los gobiernos, debido a carencias de planes antidrogas. “Las políticas del Estado en la actualidad son un fracaso porque no representan la realidad de la sociedad venezolana”, asegura.
—¿Por qué no se ha articulado el esfuerzo gubernamental contra el narcotráfico?
—No sé si por inercia, ignorancia o por vinculaciones de ciertos grupos relacionados con el negocio de las drogas. El Estado cuenta con todas las herramientas legales para la implementación de una política, pero si no hay instituciones idóneas, funcionarios probos, personas conocedoras del asunto de las drogas, el resultado es la improvisación que, sin duda, implica la existencia de un riesgo que compromete la transparencia del gobierno.
—¿Qué consecuencias puede tener esa ineficiencia para el país?
—Las consecuencias las estamos viviendo cuando cada vez vemos cómo en la comunidad internacional la imagen de Venezuela como narco-Estado se ha patentizado. Los propios organismos multilaterales como la ONU y la OEA, en sus respectivos informes anuales, hacen un llamado de reflexión a países, como Venezuela. Los planes y programas para afrontar la criminalidad en general van directo al fracaso.