Fuente: Semana.com, Víctor Amaya

Más de 40 días han transcurrido en permanente conflicto en Venezuela, con sucesivas movilizaciones de la oposición en protesta por el golpe de Estado que aseguran dio el presidente Nicolás Maduro a través del Tribunal Supremo de Justicia, además de las sucesivas razones para no abandonar la calle: secuestro de elecciones, presos políticos, represión desmedida y fraude constitucional con el llamado a Constituyente. “El que se cansa pierde”, dice una frase que se ha convertido en bandera opositora. Y allí está la clave.

Militarizar al país es la única respuesta que ha activado el presidente Nicolás Maduro ante las constantes manifestaciones. A diario se registran imágenes de la acción represiva de las fuerzas de seguridad, principalmente la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional (GN) que no han tenido descanso. El agotamiento comienza a pasar factura en las filas, además porque los disturbios ocurren en distintas zonas del país. No es una lucha focalizada sino desplegada por el territorio.

En Venezuela no existen claros datos de cuánto es el pie de fuerza de los componentes armados. Pero lo ocurrido en el país desde abril ha dejado claro que en el caso de la GN no es suficiente. El investigador Javier Ignacio Mayorca, integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, recuerda que en febrero pasado el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, distribuyó entre el generalato la Guía de Planeamiento del año 2017 que exige diseñar políticas “para incentivar la permanencia en la Fuerza Armada y la Milicia Bolivariana, atacar la deserción, las bajas y hacer énfasis en el empleo adecuado del personal militar”. “En el punto siguiente, Padrino prevé que con los recursos disponibles no podrán llenar las plazas, y ordenó que algunas de ellas sean reasignadas a efectivos de tropa profesional”, relata Mayorca en una investigación publicada.

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Comenzado el escenario de protestas, el 11 de abril de este año la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos ordenó a todas las unidades bajo su mando la ejecución del Plan Guaicaipuro 2016, cuyo objetivo es “capacitar, adiestrar y preparar” a integrantes de todos los componentes en la preservación del orden público, afirma el también periodista. “La lógica detrás de esto es que el pie de fuerza de la Guardia Nacional sería insuficiente para atender una situación de protesta generalizada, y por ende habría que incrementarlo mediante la incorporación de soldados de la Policía Militar del Ejército, así como sus equivalentes en la Armada y la Aviación”.

Sin embargo, tales medidas aún serían insuficientes. Según Mayorca, las deserciones y “permanencias arbitrarias fuera del cuartel” por parte de los efectivos de tropa son cada vez más frecuentes. “Hay unidades en el estado Vargas, por ejemplo, que ven mermadas sus filas hasta en 40 por ciento, como consecuencia de esta situación. Para evitar sorpresas, el lunes 17 de abril enviaron a grupos de orden público de la GN la notificación sobre la restricción de los permisos y mantener el máximo personal disponible”, relata.

La evidencia está en la calle. Hace pocos días circularon fotografías de efectivos militares apostados en la capital, incluso en la zona de seguridad adyacente al palacio presidencial de Miraflores, que mostraban en sus uniformes las insignias de la REDI Los Llanos. Caracas pertenece a la REDI Capital, pero que se hayan movilizado uniformados de otras regiones demuestra “insuficiencia en la capacidad de relevo operacional, es una evidencia de que la exigencia pide activar más gente, y hasta se pudiera decir que la Fuerza Armada no tiene el pie de fuerza que había dicho tener”, opina Rocío San Miguel, abogada y coordinadora de la organización Control Ciudadano que hace contraloría de los cuerpos castrenses.

A su juicio, el cansancio es “ostensible”, dice San Miguel, quien explica que la región llanera del país es la que ha tenido menos exigencia pues muy pocos focos de protesta se han presentado en esos estados que incluyen Barinas, Apure, Portuguesa y Cojedes; estos tres últimos de habitual control chavista. “Pero a esos funcionarios también se les ve agotados porque además se suman otros factores, como estar alejados de sus casas y de sus familias porque ellos cumplen el servicio militar en las zonas a las que pertenecen”.

Ya el pasado 20 de abril, funcionarios de la Guardia Nacional que controlaban protestas en El Paraíso, en Caracas, fueron fotografiados en la noche durmiendo en el piso, frente a un local comercial, y aún portando los equipos antimotines. Debían permanecer en la zona por si “la candelita” se volvía a encender. La imagen dio vigor a quienes protestaban, pues en las redes se replicaba el llamado a “no desistir” porque “ya no aguantan más”. De nuevo corría la frase que el encarcelado dirigente opositor Leopoldo López ha repetido: “El que se cansa pierde”.

Pero aún hay elementos militares que no han jugado. “Si hiciera falta sacar los tanques a la calle para aplastar a la gente que protesta lo van a hacer”, dice Eugenio Yáñez, director de Cubanálisis, convencido de que el actuar de Maduro es una receta cubana. El politólogo venezolano Guillermo Aveledo cree que al gobierno le queda aún un manojo de cartas represivas: “Prohibición directa de los partidos políticos, asesinato de dirigentes sociales y políticos de oposición; es un arsenal aún no usado, pero que parece asomarse para una posible etapa distinta de ultra represión”.

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Por otra parte, si las fuerzas oficiales flaquean, el Plan Zamora prepara combatientes. En enero de 2016 el comandante general de la Guardia Nacional, Antonio Benavides, dijo que el plan implica “la incorporación del pueblo para ejercitar la transición de la actividad social normal al estado de conmoción interior o exterior”. El 17 de abril de 2017, el vicepresidente del partido oficialista PSUV, Diosdado Cabello, anunció la creación e incorporación de los cuerpos de combatientes de esa tolda a la Milicia Bolivariana. El lunes 8 de mayo el diputado Pedro Carreño dijo que el PSUV comenzará a entrenar militarmente a sus seguidores. “Cada UBCH (organización de base) será un pelotón”, afirmó en el canal del Estado.

Se trata de la intensificación de la acción cívico militar, que legaliza las operaciones conjuntas que ya se registraban en el país a años de los denunciados “colectivos armados chavistas”. Por ejemplo, el 13 de abril una protesta local en el sector de Ruiz Pineda en Caracas fue respondida por esos grupos con disparos al aire y con funciones parapoliciales: detuvieron a Andrés Ulichny y Keismer Sivira y fueron entregados a la Guardia Nacional. Lo mismo ocurrió el 1 de mayo con un equipo de prensa del canal Vivo Play, detenido por encapuchados y entregado a los militares.

Castigo de cuartel

En Venezuela se ha instaurado un estado policial. Desde el 18 de abril está en vigencia el Plan Zamora en su “fase verde”, decretado por Nicolás Maduro para el control del orden público. La medida autoriza la detención de manifestantes, aun cuando estuvieran dispersados y de regreso a sus casas, y reprimir “focos terroristas o guarimbas” -barricadas-; todo ello según el radiograma de la Región Estratégica de Defensa Integral 3 Los Llanos No.000108.

Jonathan Alexander Lucero fue detenido en Carabobo la tarde del miércoles 3 de mayo cuando caminaba de su trabajo a su casa y pasó por una zona donde hubo protestas y disturbios. No participó en ellos, pero se lo llevaron igual. Es uno de los tantos casos que se han producido desde hace una semana en la zona central del país, y que mantiene a las puertas del cuartel militar a un centenar de personas esperando noticias de sus familiares. Algunos pasan toda la noche en el lugar y duermen en las aceras.

También, este martes 9 de mayo se difundieron fotografías tomadas en el estado Carabobo de la Policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin) apresando a unos manifestantes en una calle. No había violencia ni disturbios en el lugar. El comandante de la Guardia Nacional, general Antonio Benavides, informó que en esa entidad el Plan Zamora busca restaurar el orden interno, luego de varios días de saqueos y disturbios.

“Lo que anunció Benavides es un estado de conmoción interior sin el decreto respectivo. Pero hay que recordarle al estamento militar que Venezuela adoptó las reglas de la Comisión Interamericana y la Comisión Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen un núcleo duro en materia de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, al debido proceso y a la integridad personal. Ninguno de esos puede restringirse bajo ninguna circunstancia”, explica Rocío San Miguel.

Se refiere, particularmente a la activación de la justicia militar para procesar a los detenidos, particularmente en Carabobo. De hecho, el 5 de mayo Benavides Torres anunció que “están listos los centros de procesamiento militar para recibir los detenidos de Carabobo por actos vandálicos e instigación a la rebelión”, y tanto defensores penales de la ONG Foro Penal como diputados de oposición han denunciado que los apresados están siendo procesados a través de tribunales militares.

La Constitución venezolana establece en su artículo 49 el derecho al juez natural y la prohibición de ser juzgado por tribunales de excepción. Pero en Venezuela ambas cosas se están violando. De los casi 800 detenidos que se han registrado en Carabobo, al centro del país, al menos 200 ya han sido presentados por jurisdicción castrense. “Pretenden institucionalizar la justicia militar en el ámbito civil porque saben que no cuenta con el apoyo de la Fiscalía General de la República. Por eso improvisan tribunales militares y violan los derechos humanos de los carabobeños”, denunció el diputado Juan Miguel Matheus.

El abogado penalista Alfredo Romero pone la mirada no tanto en los tribunales sobrevenidos, que están siendo constituidos dentro de cuarteles, sino en la Fiscalía Militar, usada para ignorar al Ministerio Público que desde hace semanas ha actuado apegada a la ley. La fiscal general Luisa Ortega Díaz, una funcionaria de confianza del chavismo originario, ha denunciado ruptura del hilo constitucional e irregularidades procesales en las detenciones y en el trabajo de los tribunales civiles. Su despacho, por si fuera poco, ha solicitado libertades plenas a decenas de apresados en protestas al no poder imputarles delitos.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado penalista y defensor de varios casos que se han procesado por tribunales castrenses, afirma que cuando el delito es cometido por un civil o es de carácter civil, incluso si es cometido por un uniformado, debe ser llevado al sistema judicial ordinario. “Si la falta está en el Código Penal, la prioridad es un tribunal civil, y los delitos que están imputando que con agavillamiento, instigación a la rebelión y vilipendio a la autoridad, están en ese código”. Recuerda que existe jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo de Justicia que soporta la primacía de la justicia civil.

Pero el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, no coincide. “Cuando hay una agresión sobre el centinela, o sobre un efecto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, perfectamente se incurre en un delito militar y puede conocer la jurisdicción militar”, indicó el general a la agencia EFE.

Justamente es eso lo que se está imputando a los detenidos. Ataque al centinela, violencia contra fuerzas de seguridad del Estado y asociación para la rebelión, acciones coordinadas para la alteración del orden público, son algunos de los cargos, de acuerdo con el mayor general Jesús Suárez Chourio, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Central.

Pero las críticas se acumulan por parte de dirigentes políticos, diputados, gremios de abogados e incluso el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien expresó que “procesar civiles desde la justicia militar vulnera todos los principios básicos de democracia y Derechos Humanos. En un nuevo acto arbitrario, el régimen vuelve a agredir la soberanía y la democracia en Venezuela, con lo que pierde cada vez más legitimidad”. Gutiérrez apunta que la justicia militar se reserva para delitos que tengan que ver con indisciplina, desobediencia e insubordinación, violaciones al estamento militar.

Por eso Rocío San Miguel asegura que en Venezuela “estamos viendo la aplicación más retrógrada en el continente del concepto de justicia militar, solo comparable a Cuba. Son los dos países menos avanzados en esta materia”. Dice la especialista que el Código de Justicia Militar, “aun cuando se reformó en 1998, sigue teniendo un 90 por ciento de su contenido redactado en el siglo XIX. En todo el hemisferio la justicia militar solamente se utiliza en caso de guerra. Venezuela ni siquiera tiene esa doctrina”.

 

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