Fuente: Runrunes, Lorena Meléndez 

Los testigos dicen que Mervins Guitian quedó paralizado en medio de las balas y las botellas. Eran más de las 9:00 pm cuando bajaba por la calle principal del barrio 5 de Julio, en Petare Norte, donde se encontró con una escena inesperada. Efectivos de la Guardia Nacional se habían atrincherado en la entrada de la barriada y, desde allí, disparaban al grupo de jóvenes que le respondía con piedras y recipientes de vidrio. “Vente pa’ acá, convive. Vente pa’ acá”, le gritaron varios de los manifestantes desde el paredón en donde se escondían. Pero Mervins, quien tenía un leve retraso mental y sufría ataques de epilepsia con frecuencia, no respondió y cayó segundos después, cuando la bala de un fusil le llegó al abdomen y horas después le cobró la vida. Pese a que los señalamientos contra los uniformados aparecieron inmediatamente después de su muerte, aún no hay ningún señalado por el caso del muchacho de 25 años que era obrero de la Alcaldía de Sucre.

“No quiero ver un guardia más cometiendo una atrocidad en la calle”, advirtió este martes 6 de junio el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, 24 horas después de una jornada en donde las cámaras de periodistas y manifestantes captaron numerosos momentos en los que los efectivos robaban, acosaban y agredían a periodistas, diputados y a los asistentes al “plantón” que la oposición venezolana convocó el lunes en diversos puntos de Caracas.

Pero el regaño llegó tarde. Las manos de decenas de funcionarios represores en todo el país, como los que accionaron sus armas contra Mervins, ya están llenas de sangre. Porque Mervins no es la única víctima mortal de las fuerzas del Estado que espera por justicia. En medio de las protestas que comenzaron el pasado 1 de abril, 19 personas (22,6% de las 84 que han fallecido, de acuerdo con cifras de Runrun.es) han perdido la vida por la acción desmedida de policías y militares que comandan la represión. Hay 9 casos (47,3% de los 19) que, pese a las denuncias, se mantienen sin imputados y otros dos en los que se libraron órdenes de captura contra funcionarios que permanecen prófugos.

Entre esas muertes sin acusados está la de Juan Pernalete, quien cayó en Altamira, municipio Chacao del estado Miranda, luego de que una bomba lacrimógena disparada de frente y a pocos metros por un efectivo de la GNB, le pegara en el pecho, le rompiera el esternón y le perforara los pulmones. También la de Armando Cañizález y Miguel Castillo, asesinados en Las Mercedes, municipio Baruta de Miranda, con municiones metálicas que presuntamente fueron disparadas por las escopetas de las fuerzas del Estado. Y la de Hecder Lugo, quien murió por un balazo que un Guardia Nacional supuestamente le disparó a quemarropa en el sector Los Tulipanes, en San Diego, estado Carabobo.

Tales actuaciones han despertado no solo el rechazo de la opinión pública, sino también de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien dirigió unas palabras a los uniformados tras revelar y fustigar que la GNB había disparado la bomba directamente contra Pernalete.

“Yo quiero señalar, a quienes ejercen funciones policiales de orden público, que disparar bombas lacrimógenas con escopetas a las personas, directo al cuerpo, está prohibido, no solamente por las propias instrucciones que están aquí (dijo mientras levantaba una lacrimógena) sino por los estándares nacionales e internacionales (…) Preocupa mucho que tengamos más de 500 lesionados por derechos fundamentales. Eso significa que más de la mitad de las personas que han sido lesionadas han sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad del estado por el uso de la fuerza”.

Varios heridos de gravedad se han convertido en casos conocidos. En Carora, Hender Martínez, un joven militante de del partido Un Nuevo Tiempo, perdió el ojo derecho debido a los perdigonazos que lo alcanzaron. Pedro Yammine fue arrollado por una tanqueta en Altamira, municipio Chacao del Área Metropolitana de Caracas, un ataque que le dejó siete costillas y ambos omóplatos fracturados, además de aire fuera de sus pulmones. A otros, como a Alejandro Guinand, el impacto de las bombas lacrimógenas le rompió la cabeza cuando cruzaba el Guaire para huir de los ataques de los cuerpos de seguridad. Al periodista Román Camacho, el golpe de una bomba le rompió la pierna derecha mientras cubría una manifestación.

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Ellos, los represores

Quienes reprimen, y quienes han sido señalados por los asesinatos de los manifestantes, son hombres jóvenes. Sus edades oscilan entre los 31 y 41 años de edad, mientras que sus rangos son bajos: casi todos los guardias implicados son sargentos y solo uno es capitán, y esta tendencia suele repetirse en los policías involucrados en los crímenes. Para Rocío San Miguel, esta caracterización se debe a que los destacamentos de la Guardia Nacional delegan a su tropa profesional las funciones de orden público y sus miembros suelen estar a mitad de su carrera. Un Policía Nacional consultado por Runrun.es, agrega que este cuerpo envía a la calle a los oficiales y a los oficiales agregados, es decir, también a los de menor nivel.

Un papel importante es el que juega la preparación de los oficiales para el control del orden público. El PNB, perteneciente a la división de Mediación y Negociación, explica que en el pasado, quienes se dedicaban a estas labores debían hacer un curso de 9 meses para especializarse en el tema. Ese lapso se redujo ahora a solo un trimestre. La declaración coincide con una afirmación de San Miguel, quien reveló que en los últimos años se ha registrado en las Fuerzas Armadas “una graduación masiva de tropa profesional en cursos de muy poca duración”. El entrenamiento en las técnicas del empleo del uso de la fuerza y la adaptación a la vida militar se hacen vía exprés.

“La otra variantes es que la doctrina de empleo ha quedado completamente distorsionada cuando permites la existencia de la resolución 8610. Mientras perviva el uso de la fuerza letal para el control de las manifestaciones públicas, va a seguir ocurriendo esto”, indica la experta.

Pero San Miguel advierte que la responsabilidad de las muertes ocurridas durante las protestas no solo recae sobre los que están al frente de estas movilizaciones. “El represor no es solo el que ejecuta la orden o quien reprime disparando el gatillo. Es quien da la orden, es el que imparte la doctrina, es quien toma la dirección política del control de las manifestaciones”, asegura.inforepresores_080617

GNB impune

La Guardia Nacional es el cuerpo de seguridad que acumula responsable del mayor número de muertes en las protestas de los últimos 60 días. En 9 casos se les ha señalado, pero apenas en uno hay imputados: los sargentos segundos Yelfrin Junior Carmona Milán José Gregorio Rodríguez Peña Brayan Edgardo Lemus Vivas fueron detenidos por el asesinato de Manuel Felipe Castellanos, ocurrido en mayo en Tucapé, estado Táchira.

En Lara hay dos casos en los que se libraron órdenes de aprehensión, pero aún no ha sido capturado ningún funcionario. Sucedió con Gruseny Antonio Canelón, a quien le dispararon a quemarropa dos perdigones plásticos en el tórax en abril pasado, proyectiles que suelen utilizarse en el control de las manifestaciones, pero que resultan letales cuando despide su carga a corta distancia. En su muerte hay 14 GNB involucrados. También pasó con Eyker Daniel Rojas, a quien le dieron un balazo en el rostro en la calle 61 de Barquisimeto. Por este hecho, se solicitó el arresto de otros cuatro guardias. Hasta ahora, ninguno se ha puesto a las órdenes de la justicia y, según el abogado del Foro Penal en esa entidad, Pedro Troconis, la Fuerza Armada no ha dado información sobre sus paraderos.

A los efectivos también se les ha implicado en las muertes de Guitian, Pernalete y Lugo, ya mencionadas, y en las de Diego Arellano, en Miranda; Adrián José Duque, en Zulia; y Manuel Sosa, en Lara. En la mayoría de los sucesos, utilizaron sus armas de reglamento, ya sean las escopetas con bocacha con las que lanzaron las lacrimógenas, o las carabinas con las que dispararon perdigones. La letalidad de las mismas se hizo patente cuando las usaron de manera indebida: cuando apuntaron de frente a los marchistas con las bombas, accionaron a quemarropa sus armas o las “aliñaron” con municiones prohibidas, como bolas metálicas y metras.

“Los términos de la represión en Venezuela, los desanclajes de los parámetros legales en la actuación debida, en el cumplimiento de la ley, vienen estimulados fundamentalmente por el discurso de odio, por los niveles de participación política que hay dentro de las instituciones policiales como dentro de las militares”, apunta Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, y agrega que no existe ningún tipo de sanción moral ni política que evite que ocurran los excesos.

La experta advierte que dentro de estos mismos cuerpos se han creado mecanismos que incentivan la lealtad por medio de recompensas que destrozan los parámetros de principios y los códigos de honor.

“Eso viene dándose de muy diversas maneras. A veces aquellos individuos que son leales a la revolución son premiados con formas de corrupción y destacan de una manera descollante con respecto a otros, que se quedan rezagados. Eso funciona como combustible para volverse represor”, asevera. “La actuación de la Guardia Nacional en las protestas ha sido desmedida e injustificada. Más que controlar el orden, lo que busca es atemorizar a la población. Aquí no cabe la palabra represión porque no la debería haber. En su lugar, lo que se debe trabajar es la prevención, porque las fuerzas del orden público deben preservar la integridad física de los manifestantes. La protesta es un derecho que tienen”, afirma Luis Alberto Buttó, director del Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad de la Universidad Simón Bolívar y experto en temas militares.

Excesos regionales

Contrario a lo que sucede con la Guardia Nacional, en los casos en los que se han visto implicados funcionarios de las policías estadales sí se han reportado imputados e, incluso, acusados. Las investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como la acción del Ministerio Público, han sido mucho más efectivas y la impunidad se registra en 28% de las muertes. Los cuerpos señalados por cometer estos excesos son los de Carabobo, Zulia, Táchira y Bolívar, todos gobernados por autoridades chavistas.

Dos uniformados de Carabobo serán llevados a juicio por el asesinato de Daniel Queliz, en Valencia; mientras que otro oficial de esa misma fuerza fue detenido por el caso de Christian Ochoa, ocurrido en la capital de la entidad.

Un agente de la Policía del Táchira también fue arrestado por la muerte de Diego Hernández en Capacho Nuevo. Cinco oficiales de la Policía del Estado Bolívar, junto a un miembro de la Milicia Bolivariana, fueron implicados en el homicidio de Augusto Pugas, ocurrido dentro del campus de la Universidad de Oriente, en Ciudad Bolívar. A un funcionario de la Policía de Anzoátegui lo detuvieron por el deceso de César Pereira, en Lechería.

De los 7 casos que involucran a policías estadales, hay dos que permanecen sin ninguna detención. Uno de estos es el de Luis Eloy Pacheco, quien según testigos y familiares recibió un disparo en el mentón durante una protesta en el municipio Carlos Arvelo de Carabobo, por parte de un funcionario de esa entidad. Lo mismo sucede con Miguel Medina, quien supuestamente cayó a manos de un Polizulia durante una manifestación en La Pomona, en Maracaibo. Ninguna de estas dos muertes fue incluida en el balance que el Ministerio Público ha hecho sobre los caídos en las marchas.

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