Ley de Policía Nacional da poder al Ejecutivo

Expertos detectan cambios. Luis Gerardo Gabaldón y Andrés Antillano advirtieron que ahora el Gobierno puede habilitar o suspender policías a discreción. Dos integrantes de la extinta Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) advirtieron que el decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional concentra un excesivo poder en manos del Ejecutivo. El criminólogo Luis Gerardo Gabaldón y el psicólogo Andrés Antillano señalaron por separado que con el instrumento legal aprobado por el Presidente de la República la semana pasada se abre la posibilidad para el Gobierno nacional de habilitar, intervenir y suspender cuerpos policiales regionales o municipales en forma discrecional. Estas funciones fueron incluidas en la ley mediante modificaciones al proyecto que fue divulgado por Internet. Los cambios, indicó Gabaldón, “comprometerán la aplicabilidad de las medidas y probablemente generarán confrontaciones innecesarias e inconvenientes dentro de un sistema integrado para la prestación del servicio policial”. Añadió que a través del Órgano Rector, el Gobierno se atribuye la función de dar el visto bueno a los directores de policías regionales y municipales, así como el permiso o habilitación para que la institución pueda operar. Antillano recordó que la Constitución le confiere a los gobernadores y alcaldes la función de prestar servicios de seguridad en los lugares donde gobiernan. Por lo tanto, la decisión de suspender a un cuerpo policial no debería ser tomada por el Ejecutivo, sino por un tribunal. Consejo ornamental. Gabaldón y Antillano observaron que el decreto-ley promulgado la semana pasada modificó la idea inicial del Consejo General de Policía. Indicaron que esa iba a ser una instancia colegiada que serviría para definir las grandes políticas de los cuerpos de seguridad. Ahora, según Antillano, quedó como un “despacho ornamental” que será consultado cuando el ministro encargado del área lo decida. La nueva ley, además, sustituyó el Comité de Asesoría Técnica por oficinas que supervisarán la aplicación de estándares en las diversas policías. En otros términos, indicó Gabaldón, “el control de aspectos fundamentales como la profesionalización del servicio, los estándares y la asistencia técnica se concentra, sin garantías de participación, en profesionales designados por el ministro”. Ambos académicos saludaron la disposición que le da a la comunidad la función de fiscalizar los planes y ejecutorias de los cuerpos policiales. Fuente: El Nacional. Sucesos/12 Javier Ignacio Mayorca.