Caracas. Denuncian que es riesgosa. La organización no gubernamental alerta sobre la posibilidad de que se limite aún más el acceso a la información pública. En la organización no gubernamental Provea también se preocupan por la puesta en vigencia de la nueva Ley de Inteligencia y Contrainteligencia promulgada dentro de la Ley Habilitante. En la edición 200 de su boletín digital, la ONG explica que realizar allanamientos y otros operativos sin orden judicial es dejar en manos de los cuerpos de seguridad una decisión que compete a todo el sistema de justicia. \”Ello en un país caracterizado por policías acostumbrados a la violación de los Derechos Humanos, a irrespetar las leyes y maltratar a los ciudadanos constituye un riesgo a la libertad y a la inviolabilidad del domicilio\”. Advirtieron también sobre las limitaciones al acceso a la información pública, lo cual restringiría investigaciones independientes, por demás necesarias, cuando hay funcionarios involucrados en algún hecho delictivo. \”Por la manera en que están redactados los artículos y conociendo la práctica del Estado de obstruir la información que debería ser pública, consideramos que la ley pudiera constituirse en un obstáculo para la denuncia e investigación de casos relacionados con violaciones a los Derechos Humanos\”. En Provea consideran que la ley representa un riesgo para los ciudadanos por la obligación de dar información en asuntos que Estado considere necesarios: \”Esto sin duda nos acerca a lo que políticamente se conoce como `Estado policial’, al pretender convertir a todas las personas en informantes. Además, implica obligar a una persona, en aras de dar información al Estado, a colocar en riesgo su integridad física\”. Fuente: El Nacional. Nación/2 Vanessa Gómez Quiroz

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