La imagen que mejor describe la situación de Venezuela la última semana es la de una olla de presión. El punto de ebullición de la crisis aumenta a medida que a los ciudadanos se les hace cada vez más difícil conseguir alimentos y artículos de primera necesidad. Cada tanto, y cada vez con más frecuencia, esa olla libera vapor y eso se traduce en estallidos que se replican en varias regiones del país. La tranca de una calle y la protesta, tan exacerbada en los últimos meses,  han dejado muertos, heridos, comercios saqueados y detenidos.

Crédito EFE- El Nacional

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La Vega, en Caracas, alcanzó su temperatura máxima el viernes 10 de junio. La presión subió por el desvío de un camión cargado con alimentos a la vista de quienes hacían cola en el centro comercial Colonial, en la calle Rosario. Habitantes del sector quemaron cauchos y sacaron las rejillas de las alcantarillas en señal de protesta. Los cuerpos de seguridad del Estado intervinieron y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana fueron recibidos a tiros. Después del enfrentamiento la presión bajó y la situación se mantuvo en tensa calma. El 11 de junio casi se repite la escena. Glendys Díaz cuenta que un camión cargado con comida presuntamente subiría al sector Las Casitas. “Al ver que no llegaba, la gente se molestó y trancó la calle; pero en seguida subió un grupo de la policía con equipos antimotín. Al final no pasó nada”. Díaz afirma que ese sábado los comercios abrieron con normalidad y la gente continuó la que ahora es una búsqueda incesante de productos de la cesta básica. Esta vez recurriendo a los buhoneros.

Las colas en el centro comercial Colonial de La Vega no se volvieron a ver sino hasta el martes. Ese día  miembros del Consejo Comunal Casco Colonial organizaban la fila, que empezó en la madrugada, por harina de maíz precocida, pasta, yogurt y galletas, todo por 1.500 bolívares. Aunque la organización coordina la venta en ese abasto, no forma parte de los nuevos Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Díaz llegó a la cola a las 7:00 am y a las 11:00 am continuaba lejos del establecimiento a cargo de la venta de los productos. Tenía el número 246, de los 300 que repartieron. La policía también custodiaba la fila e instaba a los ciudadanos a tener su número en mano. “La situación está tensa. Todo el mundo tiene miedo de que vuelvan a ocurrir disturbios. A eso hay que sumarle la angustia de hacer horas y horas de cola, y al final no conseguir nada. Además, te obligan a comprar cosas que no necesitas. Ese yogurt vale 300 bolívares, es más caro que la harina. Si esto sigue así, lo del viernes se va a repetir”.
A la mujer no le falló la intuición. Ese mismo día en la tarde las redes sociales daban cuenta de un “conato de saqueo” en las inmediaciones del centro comercial. Otra vez la presión se liberó.

Al mismo tiempo, en Catia, se desarrollaba otra protesta –la segunda en tres días– para exigir comida, y el desabastecimiento en el estado Sucre sumaba muertos a la escasez. El martes se confirmó el asesinato de Carlos Colón Castañeda, que recibió dos tiros cuando observaba un saqueo y motorizados pasaron disparando. Es el segundo fallecido en ese estado en el contexto de las manifestaciones. El primero fue Luis Josmer Fuentes Bermúdez, cuya muerte ocurrió como consecuencia de la represión con armas de fuego de la GNB a manifestantes en Cariaco, que exigían lo que se ha convertido en el punto de ebullición de la mayoría de las protestas este año: comida.

Medidas excepcionales

Las mediciones del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social indican que en los primeros 5 meses del año hubo 2.779 protestas. Del total, 641 ocurrieron en mayo –equivalentes a 21 protestas diarias en todo el país– y la mayoría de esos reclamos (27%) eran en rechazo a la escasez y el desabastecimiento de alimentos. Las cifras del OVCS aún no incluyen otras 2 manifestaciones en las que hubo víctimas fatales: Jenny Elizabeth Ortiz Gómez, de 42 años edad, murió al recibir disparos de perdigones en el rostro, presuntamente por funcionarios de Politáchira, cuando ocurría el saqueo de un camión cargado con carne en San Cristóbal. Ortiz Gómez falleció el 6 de junio en el Hospital Central de San Cristóbal. Mientras que José Antonio Tovar, de 21 años, murió cuando presuntamente la GNB intentaba controlar saqueos el 9 de junio en la redoma de Petare.

“Provea no quiere dejar de recordar que esta situación de represión ocurre en un contexto no democrático, que fue denunciado junto con otras 40 ONG cuando se firmó el decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, el pasado 13 de mayo. Esa norma rompe el hilo constitucional y pone la seguridad del Estado por encima de la seguridad de las personas”, manifestó Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea.

El decreto se propone preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes y servicios fundamentales, disminuir los efectos de las circunstancias naturales que afectaron la generación eléctrica y el acceso a los alimentos y otros productos esenciales para la vida. Sin embargo, su entrada en vigencia no aminoró la conflictividad. Solamente en mayo el OVCS documentó 52 saqueos y 36 intentos de saqueo.

Marco Ponce, coordinador general del OVCS, indica que aunque no hay cifras consolidadas de junio, el monitoreo diario los tiene en alerta: “Nos preocupa mucho que la situación pareciera desbordarse. Los niveles de tensión y de conflictividad se han incrementado en las últimas dos semanas de manera considerable, y la represión ejercida desde los cuerpos de seguridad del Estado es un incentivo para que la situación se agrave”.

Ponce señala que las protestas terminan en hechos de violencia justamente por la intervención de los cuerpos de seguridad, al obstaculizar una manifestación o impedir una movilización; y también al lanzar sustancias tóxicas o disparar perdigones y, más recientemente, armas de fuego. Otros factores son el maltrato –por los funcionarios de seguridad– que reciben las personas que pasan horas en una cola para obtener productos de primera necesidad, el desvío de camiones o que sean los mismos funcionarios quienes se lleven la mitad de la carga.

“Un saqueo, por ejemplo, es una protesta violenta y se debe rechazar, porque además se está cometiendo un delito; pero eso no justifica la violación de derechos humanos y no da pie al uso de armas de fuego como medida de control”, dice Ponce.

La ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, solicitó la rectificación urgente de la resolución 08610, del 23 de enero de 2015, que permite el uso de armas de fuego en el control de las manifestaciones y protestas pacíficas. Rocío San Miguel, presidente de la organización, afirma que se han hecho enormes adquisiciones de equipos para el control del orden público, incluidos casi 1.000 equipos portabarreras, lanzaagua e indumentaria antimotín, “sin que exista una doctrina clara para su empleo, especialmente en el interior del país”. San Miguel denuncia que se han incorporado 17.000 efectivos de tropa a la GNB, sin la debida preparación; y en las manifestaciones tampoco se identifican los mandos responsables de las operaciones. “Los miembros de los cuerpos de seguridad muchas veces portan fusiles apuntando a civiles o se traban en discusiones con los manifestantes. En esos casos se personaliza el control del orden público”.

En lo que va de junio, luego de protestas por falta de comida, han sido militarizados parcialmente sectores de Margarita, Valera, Cumaná, los municipios Bolívar y Sotillo de Anzoátegui y en Caracas, La Urbina, Catia y la avenida Fuerzas Armadas.

Sube la temperatura

La aparición de los CLAP, en abril, es otro factor que aumenta la presión. Yessika Tarazona, habitante de La Vega, opinó que el instrumento que pretende poner la distribución de los alimentos en manos de las comunidades “es una mentira y una fachada más del gobierno para que la gente se mate”. Para poder hacer una cola por comida Tarazona prefiere dejar a su hija de 12 años de edad a cargo de su hermano menor, de 3 años. “No la puedo mandar al colegio porque me da miedo que se desmaye por no tener nada en el estómago, y tampoco la traigo a que me acompañe porque en las colas no se sabe lo que pueda pasar”, argumenta.

Glendys Díaz también siente la presión de no tener nada en la despensa para alimentar a sus hijos de 5 y 14 años de edad: “Me he sentado a llorar cuando mis hijos me dicen que tienen hambre. Cómo les dices que no hay comida. Además de la desesperación de pasar horas en una cola para luego irte con las manos vacías. Las bolsas que traen los CLAP duran tres o cuatro días, y eso porque lo rindo para que alcance, y en la casa somos nada más tres”.

El decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, aparecido en Gaceta Oficial extraordinaria 6227, otorga a los CLAP funciones que van más allá de la distribución de alimentos. Les atribuye facultades “para mantener el orden público y garantizar la seguridad y la soberanía en el país”, en conjunto con las demás organizaciones de base del poder popular, las FANB, PNB y cuerpos de policía estadal y municipal.

Ponce considera que los CLAP, además de ser parte del problema, agudizaron el conflicto: “Existe un rechazo general hacia este nuevo sistema, que está a cargo de vecinos vinculados con el partido de gobierno. Son vecinos reprimiendo a vecinos, y ya lo vimos en Caracas con los sucesos en la avenida Fuerzas Armadas el 2 de junio. Son un mecanismo de control, exclusión y discriminación por razones políticas. Aunque el gobierno diga que no, la realidad ha demostrado que sí es así, y después de su implementación han aumentado las protestas por falta de acceso a los alimentos”.

La gente tiene miedo

Un comerciante del barrio 19 de Abril, en Petare, mira con resignación el mostrador vacío de su frigorífico. El negocio ha funcionado por más de 60 años en el sector, pero eso no impidió que lo saquearan el 9 de junio. Eran las 5:30 pm cuando un grupo de hombres empezó a ejercer presión sobre la santamaría cerrada. La fuerza de la masa fue mayor que la del portón. Tenían martillos, mandarrias y cascos. Primero golpearon al comerciante y luego se fueron contra el mostrador. “Se llevaron todo: los bolsos de los trabajadores, que estaban encerrados en el negocio esperando que la situación se calmara, la caja registradora, el molino, la pesa, los cuchillos, registraron las cavas y partieron todos los vidrios”, recuerda el hombre. Dice que en el impulso los primeros atracadores se cortaron los brazos al sacar la mercancía del mostrador, y al día siguiente vio a algunas personas del sector con extremidades superiores vendadas. “Había más gente dentro del establecimiento que en la estación del Metro”. Ese día, de acuerdo con reportes de Polisucre, hubo 17 comercios afectados y 2 personas detenidas durante el saqueo de la panadería Duri, en La Urbina.

“Romper todo no es hambre, es maldad. Pudieron mandar a dos o tres personas adelante a hablar con nosotros y ver a qué acuerdo podíamos llegar. Ellos no comen vidrio todavía, y en la Redoma saquearon hasta un camión de anime”, afirma el afectado.

En Petare, como en La Vega, los ciudadanos temen que se repitan hechos violentos. “Estamos a expensas de lo que pase. Pensamos en poner puertas nuevas al negocio, reforzadas, pero la crisis es tan fuerte que no se puede. Estamos en las manos de Dios”, asevera Miguel Galvis, dueño de un expendio de alimentos en el barrio 5 de Julio, en Petare, al que también intentaron saquear, pese a que la única mercancía que había era refresco.

Al miedo a un estallido social se suma el miedo a la respuesta estatal. Los vecinos de 5 de Julio denunciaron que ese día debieron soportar por horas los efectos de los gases lacrimógenos. “Aquí estaba todo el mundo ahogado. Teníamos a niños pequeños que no se murieron porque Dios es grande”, cuenta otro habitante del sector.

En Caracas la primera alarma se encendió en Carapita el martes 24 de mayo. Reclamaron haber hecho más de 12 horas de cola sin que llegase ningún producto y la respuesta estatal fue perdigonazos y gases lacrimógenos de la GNB. “Nos preocupa. Ese día casi voltean la camioneta de mi papá, con él y mi hijo dentro, porque querían algo para trancar la calle. Pudieron irse gracias a la intervención de otros vecinos que los conocían. El miedo siempre está, pero la gente debe ser inteligente. Si saqueas hoy, qué comerás mañana”, opina Deisy Franquiz, encargada de un comercio en la avenida Intercomunal de Antímano.

Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, afirma que la protesta en Caracas es atacada por las autoridades  de forma diferente de cómo se contienen las del interior del país. “Las reprimen más rápido porque en el gobierno existe la percepción de que tienen mayor costo político, porque son más difundidas y se pueden hacer más visibles”. En el interior las protestas se prolongan por varios días en los que las vías de comunicación se mantienen bloqueadas, un obstáculo más para la distribución de los alimentos. Advierte que la situación se puede agravar porque el gobierno viola constantemente la Constitución, no hay acuerdo social y la gente toma la ley por sí misma. La presión sube y las ollas continúan vacías.

La historia se repite

“El Estado no aprendió”, sentencia Liliana Ortega, directora de Cofavic, Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos el 27 de febrero de 1989, a propósito del modo en el que se está haciendo frente a las manifestaciones provocadas por la escasez de alimentos. “Nos preocupa el método con el que el Estado enfrenta la frustración ciudadana. Su respuesta no se ha modificado, en comparación con la de 1989, y está incurriendo en las mismas violaciones”.

La directora de Cofavic afirma que es imposible predecir si los focos de protestas terminarán por convertirse en un estallido generalizado similar al del Caracazo. Sin embargo, asegura que las manifestaciones que diariamente se viven en el país ya son suficientemente importantes y no se deben dejar pasar o minimizar: “El Caracazo debe estar presente en nuestra memoria y hay que evitar que se repita. Nuestra organización tiene un deber histórico y por eso instamos al Estado a atender el origen de las protestas, que es la falta de alimentos y medicinas, que acepte la ayuda humanitaria, que abra canales de diálogo entre el gobierno y la oposición, y que implemente acciones que bajen la polarización y la crispación social. No estamos hablando de supuestos. Los hechos ya están ocurriendo y lo vemos en Táchira, Cumaná, Mérida, Caracas, por mencionar ejemplos”.

La ONG emitió un comunicado el 14 de junio para manifestar su preocupación. Allí recuerdan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia vinculante para Venezuela, emitida el 29 de agosto de 2002, justamente a raíz de los hechos del Caracazo, dictaminó que el Estado debía adoptar las providencias necesarias para formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun en estados de excepción.

Ortega afirma que esto no se ha cumplido y agrega que la situación empeora debido a que en 1989 no había tantas armas en la calle sin control, ni bandas o grupos de civiles armados.

“La proporción de un desbordamiento social es inimaginable en las condiciones actuales de violencia endémica y frustración que presenta Venezuela. Hoy día hay miles de armas ilegales en manos de la población, bandas organizadas y grupos armados civiles que representan un claro debilitamiento del Estado de Derecho”, alerta el comunicado.

Fuente: Emily Avedaño, El Nacional 

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