Bogota. La instancia pidió información sobre investigaciones de nexos con la guerrilla. El fiscal de la Corte Penal Internacional reiteró que se encuentra recopilando información sobre las redes de las FARC fuera de Colombia. “Deseamos ayudar a reducir el apoyo internacional a esos grupos”, señalo. La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, envió hace una semana una notificación al Gobierno venezolano para que le informe de los procesos judiciales e investigaciones que se adelantan en el país sobre las redes de apoyo y presuntos colaboradores de las FARC, afirmó el fiscal de ese tribunal, Luis Moreno Ocampo, en entrevista telefónica desde Colombia. “La carta la enviamos hace una semana. Todavía no tenemos respuesta, pero tuve una charla con autoridades venezolanas que se mostraron muy dispuestas a ayudarnos y nos prometieron el máximo nivel de cooperación”, precisó el abogado argentino de 55 años de edad. Documentos similares se enviaron a los otros vecinos de Colombia, a un país que no quiso mencionar pero “con una conexión muy particular”, naciones europeas y organismos internacionales como la Interpol y la OEA. “El juez Baltasar Garzón detuvo en España a una mujer que cooperaba con personas vinculadas a las FARC en Europa. Esos datos queremos tenerlos. Deseamos ayudar a reducir el apoyo internacional a esos grupos”, destacó. Moreno Ocampo explicó que su trabajo consiste en conocer los procesos nacionales relacionados con genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. El fiscal finalizó ayer, con una entrevista con el presidente Álvaro Uribe, una visita de dos días a Colombia, la segunda en menos de un año. Allí se informó de las investigaciones y juicios relacionados con crímenes contra la humanidad y con militares y políticos implicados en actos perpetrados por paramilitares y guerrillas. –¿Después de esta visita a Colombia, considera que es posible abrir una investigación sobre las redes apoyo de las FARC? –Mi primer deber como fiscal es evaluar los procesos nacionales. Sólo si no los hubiera, o si no fueran genuinos, debo abrir una investigación. Sí es cierto que hemos pedido a diferentes países del mundo información sobre las redes de apoyo a las FARC y estamos en el proceso inicial de información. Todavía no hemos decidido qué vamos a hacer. –¿Es factible investigar a mandatarios que presuntamente colaboran con las FARC? –Es una pregunta hipotética. Hemos pedido información a los países vecinos de Colombia sobre la existencia de estas redes, y Venezuela, por ejemplo, se ha mostrado muy cooperativa en ayudarnos a conseguir la información. En esa parte le digo que estamos trabajando con Venezuela. –Sectores en Venezuela han pedido que se investigue al presidente Hugo Chávez por la conexión que supuestamente tendría con las FARC, de acuerdo con los archivos de Raúl Reyes. –En el tema de las redes de apoyo a las FARC estamos en la fase de juntar información sobre la existencia de procesos nacionales; es lo que hacemos, ni más ni menos. –¿Para esa investigación podrían utilizar los datos y archivos de la computadora de Raúl Reyes? –Nosotros no hemos recibido información sobre eso y estamos pidiendo información a diferentes países del mundo sobre las investigaciones en esos países sobre esas presuntas redes de apoyo de las FARC. Eso lo estamos haciendo como parte de las tareas de estudio de los procesos nacionales en diferentes partes del mundo, en América Latina y también en Europa. –¿Tiene previsto venir a Venezuela? –Es cuestión de que me inviten. No tengo planificado una visita en el corto plazo. Moreno Ocampo insistió en que todavía no investiga un caso: “Lo que hago es, según el Estatuto de Roma, un análisis preliminar de los procedimientos que llevan jueces y fiscales colombianos en Colombia”. El fiscal reiteró que se puede juzgar a la guerrilla colombiana por crímenes de lesa humanidad: “Estoy en Colombia porque las FARC y los paramilitares han cometido ataques masivos y sistemáticos contra la población civil, es decir, crímenes de lesa humanidad”. Reconoció la dificultad de hallar la relación entre autores de crímenes y sus cooperantes, aunque dijo que no era imposible. “El desafío más grande fue Darfur, en Sudán, donde investigamos a miembros del Gobierno. Tomamos declaración a más de 100 víctimas en más de 18 países. Tenemos órdenes de arresto contra el ex ministro de Interior, Ahmad Muhammad Harun, porque testigos lo vieron incitando a cometer crímenes, pagándole a gente para hacerlos y entregándole armas”, explicó. El fiscal, con cinco años en la Corte, investiga cuatro casos: Uganda, la República Democrática del Congo, la región de Darfur, en Sudán, y la República Centroafricana. La CPI es un tribunal independiente y permanente. Investiga y enjuicia a autores de genocidios, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, los cuales no prescriben. Rescate de rehenes Exhiben helicóptero de la Operación Jaque La aeronave ha llamado la atención de los visitantes … El helicóptero MI de fabricación rusa que el Ejército colombiano usó en el rescate de 15 rehenes de la guerrilla de las FARC, entre ellos Ingrid Betancourt y 3 estadounidenses, el 2 de julio, empezó a ser exhibido en Bogotá. La aeronave, que despertó gran interés entre los visitantes al recinto ferial donde está, mostraba los mismos colores blanco y naranja con los que fue camuflado para engañar a los jefes de las FARC que tenían a los rehenes. Según el mayor José Nieto, de la Fuerza Aérea Colombiana, una vez que termine la exhibición en la feria, la aeronave volverá a ser pintada de camuflado, su color habitual, y volverá a cumplir funciones de transporte de tropas y armamento. En el interior de la aeronave se colocó sobre los asientos la fotografía de cada uno de los 15 rehenes que fueron rescatados en esa ocasión: Betancourt, los estadounidenses Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes, además de 11 militares y policías. En el caso de los militares encubiertos que efectuaron la operación, se colocó en los lugares que ocuparon siluetas de rostros para mantener el secreto de sus identidades. Fuente: El Nacional. Mundo/12 Armando Avellaneda aavellaneda@el­nacional.com

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