Cuando lo detuvieron por elevar un cartel en el que exigía un “Revocatorio ya”, el estudiante Diego Hernández esperaba lo peor. El 11 de mayo, Hernández logró traspasar las barreras tendidas por más de 400 efectivos de la Guardia Nacional (GN) alrededor del Consejo Nacional Electoral (CNE), en pleno centro de Caracas, y se retrató con el papelito que tenía su consigna. De inmediato se lo detuvieron. “Creía que me iban a reprimir”, recordó.
Crédito Archivo El Universal
Pero la realidad que encontró cuando lo llevaron a una dependencia policial en el Palacio de Justicia fue totalmente distinta. El cursante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela (UCV) estaba en un área de paso de los funcionarios que iban al baño. Efectivos que caminaban se fijaron en él y le preguntaron qué hacía allí. El explicó que reivindicaba su derecho a revocar al Presidente.
“Al principio se burlaron de mí. Pero luego comenzaron a decir que ellos también tienen necesidades. Un guardia se me acercó y me preguntó: ¿Tú crees que porque uno está uniformado está de acuerdo con este Gobierno?”, relató. Hernández estuvo es custodia militar casi diez horas. Cuando le tomaron confianza, llegaron a felicitarlo. “Conversamos mucho de la situación política del país. Ninguno me dio a entender que la Fuerza Armada Nacional (FAN) sea 100% chavista o madurista. Ellos tampoco están de acuerdo con lo que está pasando”, dijo.
Hernández quedó en libertad. La Fiscalía se abstuvo de formularle cargos. Este año, probablemente, se graduará de abogado. Su relato en principio parece difícil de creer. ¿Una Fuerza Armada que se acerca a las consignas opositoras? Todavía está fresco el recuerdo del actual ministro de la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, cuando en enero vociferó molesto y se opuso a la orden del Presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos, de sacar de los pasillos del Poder Legislativo las gigantografías del finado Hugo Chávez y de Simón Bolívar, según la particular interpretación de su figura impuesta a partir de 2012. Algo que a sus ojos resultaba poco menos que un sacrilegio.
Padrino es por ley el vocero de la institución castrense. Poco después de este incidente envió un radiograma a todas las unidades para prohibir a la oficialidad concurrir a los llamados para comparecer ante Parlamento. Todo parecía indicar que los militares permanecerían alineados en la defensa de lo que llaman el “legado del Comandante Supremo”. Que por ende rechazarían cualquier iniciativa para modificar al actual régimen político. Pero hay fuertes indicios de que esto ya no es así. Una pista pudo apreciarse el 27 de abril, cuando por lo menos cinco militares uniformados, de la Guardia Nacional y del Ejército, fueron fotografiados mientras firmaban la solicitud de activar el referendo revocatorio presidencial. Fueron secundados por oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) e incluso efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y policías preventivas.
Al día siguiente surgieron los primeros indicios de una retaliación contra estos funcionarios. En Apure, por ejemplo, un jefe policial en San Fernando solicitó el inicio de un procedimiento disciplinario contra un detective de Cicpc que apoyó la iniciativa opositora. El argumento fue la supuesta “participación en un acto proselitista”. Los diputados Héctor Rodríguez y Diosdado Cabello, así como el gobernador de Nueva Esparta, Carlos Mata, advertían que serían implacables con los empleados públicos que firmaran contra el Presidente.
Los militares serían incluso más fáciles de identificar si están en servicio, como fue el caso referido. El uniforme y el lugar donde se toma la gráfica prácticamente los delataría. Ellos lo saben, y sin embargo se mostraron sin mayores temores.
La directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, cree que la FAN “está fracturada”, y en esa división la tajada más grande ya no la tiene el Gobierno. “La mayoría ahora está más ganada en una proporción similar a la composición del Parlamento”, explicó. En otras palabras, en los cuarteles por cada oficialista habría dos uniformados que no comulgan con el régimen de Nicolás Maduro.
Esto explicaría por qué no se ha visto tanta virulencia militar a la hora de reprimir a los manifestantes, en comparación a lo ocurrido durante las protestas que hubo en el país entre febrero y mayo de 2014, conocidas bajo el rótulo de “La Salida”.
En aquella oportunidad, según San Miguel, las movilizaciones estaban focalizadas en ciertas áreas. Esto permitió a los militares arremeter contra ellas con unidades altamente especializadas e ideologizadas. “Todavía hay gorilas dentro de la FAN. Pero ahora la extensión geográfica del conflicto es muy grande, y ya no se puede contener con el mismo pie de fuerza”, afirmó.
Para conocer más de primera mano lo que piensa la tropa me acerqué a hablar con un sargento primero de la Guardia Nacional. Su nombre por razones obvias no será divulgado. Pero forma parte de una unidad emplazada en el este de Caracas.
Un estrechón de manos sirvió para romper el hielo. El funcionario está adscrito a la Región Central de Defensa Integral (Redi Central). Tenía un chaleco antibalas y un fusil Beretta calibre 9 mm terciado en el pecho. Hacía rondín con un compañero de labores que se quedó sentado a un metro de distancia, escuchando el diálogo.
¿Has tenido que prestar apoyo últimamente para el control de manifestaciones?
—Sí. En estos días nos han enviado varias veces al centro de Caracas. La cosa ha estado fuerte por allá.
¿Qué piensas cuando ves a toda esa gente protestando?
—Están en su derecho. Pero cuando la cosa se pone violenta y lanzan piedras a veces uno pierde el control.
¿Viste el video del grupo que le cayó en la Libertador a unos polinacionales? ¿Qué te parece?
—No está bien. Ellos no podían defenderse. En esos momentos a uno le provoca reaccionar. A veces ni lo piensas.
¿Y cuando ves a la gente y a los jóvenes protestando porque no tienen qué comer, por toda esta escasez?
—Ellos tienen la razón. Nosotros también padecemos hambre. Creo que el presidente Maduro no va a poder resolver toda esta escasez, ni que nos traiga un camión de comida a cada uno. Esto está demasiado fuerte.
Lo afirmado por este sargento está en sintonía con la noción de que la protesta social está plenamente justificada, aún en una situación en que el descontento por la carencia de comida, de medicinas o los malos servicios públicos eventualmente cobre un sentido político.
De allí que los grupos de inteligencia de la GN hagan un importante esfuerzo en comprobar que la oposición está impulsando las acciones de calle. En Trujillo, por ejemplo, vigilaron todas las protestas durante marzo y concluyeron que un diputado las alentaba, aunque ninguna fue por cuestiones políticas sino principalmente por las fallas en el servicio eléctrico.
Los militares también han hurgado en la posibilidad de que las protestas sean alentadas por organizaciones criminales. En el estado Sucre, por ejemplo, un informe de la GN advertía en marzo sobre la participación de bandas bien estructuradas que supuestamente propiciaban saqueos de vehículos de carga en la carretera entre Puerto La Cruz y Cumaná, pero que actúan al estilo Robin Hood: se quedan con una parte del botín y lo demás lo reparten entre lugareños hambrientos, quienes luego les facilitan la huida.
Las investigaciones se llevan a cabo con la intención de propiciar un endurecimiento de la represión a las protestas. Para el abogado Vladimir Petit esto podría ocurrir, pero no por tiempo prolongado. “La represión decaerá, porque los militares no están ganados para eso”, afirmó el académico cuya tesis de doctorado, titulada Chávez y la perversión del Ejército fue una investigación sobre el rol político de los profesionales de armas en Venezuela.
Petit relató que recientemente tuvo un diálogo con un soldado en el aeropuerto de Valencia. Al final el uniformado le preguntó: “Doctor, ¿cuándo cae esto? Esta vaina ya no se aguanta”. Tanto este académico como la directora de Control Ciudadano señalaron que las principales presiones hacia los militares vienen de sus familias, que padecen los mismos problemas que el resto de la población.
En consecuencia, se produce un quiebre de la moral. Algunos, indicó Petit, resuelven estas tensiones solicitando la baja. De esto no existe una estadística conocida, pero se sabe que son numerosas. Otros trafican drogas, extorsionan o se dedican al contrabando de productos regulados. “La brecha actual entre los mandos superiores y la base de la pirámide militar es muy grave. Creo que el chavismo perdió la base del poder militar”, advirtió.
Fuente: El Estimulo- Reporte Confidencial