Fuente: Javier Barrios, Radio Fe y Alegría 

La abogada Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional denunció que existe un interés del Ministro de la Defensa G/J Vladimir Padrino López y el alto mando militar de ocultar lo ocurrido con el helicóptero MI-17V5 del Ejército, desaparecido desde el 30 de diciembre de 2016 en Amazonas. En la aeronave iban nueve miembros del ejército y la guardia nacional y cuatro civiles que pertenecen a una comunidad indígena del Amazonas. El helicóptero debía aterrizar en el poblado amazónico de La Esmeralda, a unos 600 kilómetros al sur de Caracas, pero nunca llegó a su destino.

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La directora de Control Ciudadano  advirtió  que la información es un derecho ciudadano y ni en un estado de excepción se le pude esconder a la población lo que ocurre”. Los Familiares de los ocupantes del  Helicópteros tienen derecho a recibir información oportuna.

Venezuela está huérfana de información acerca del helicóptero. Propone una investigación judicial y técnica de lo ocurrido.   Tenemos esperanza que estén vivos los ocupantes. La gran apuesta es que estén vivos  ¿Por  qué  las autoridades  no  informaron a las 48 horas del siniestro?, ¿Por qué no se activó la búsqueda? San Miguel expresó su preocupación “pues han pasado 20 días y los familiares están desesperados por no tener información oficial.

Seguridad ciudadana:

En Venezuela está muriendo cada hora tres venezolano producto de la violencia, producto de armas de fuego, no ha sido posible el desarme, de los planes los cuadrantes son positivos, a cada ciudadano nos gustaría tener seguridad, y saber que hay un policía protegiendo a la comunidad.  Venezuela entera se encierra a partir de la 6 de la tarde por el miedo a la inseguridad, por eso se requiere un plan creíble y serio.

La abogada Rocío San Miguel cuestiono y rechazó los llamados “patriotas cooperantes” integrados a la red de inteligencia policial. Rechaza  un plan del gobierno venezolano contra la criminalidad, por considerar que convierte a los ciudadanos en espías, al asignarles tareas de seguridad e inteligencia. Los “patriotas cooperantes” han sido fuentes de información para criminalizar a opositores y disidentes.

Recordemos que en los últimos días, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la puesta en marcha del sistema de “patriotas cooperantes”, los cuales emprenderán labores de inteligencia por parroquias a fin de ofrecer información sobre lo que calificó como amenazas contra el Estado y bandas criminales. Durante el anuncio designó al Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López, como encargado del SP3 “Sistema de Protección Popular para la paz SP3”, coordinando así todas las acciones que llevará a cabo este sistema.

Roció San Miguel consideró que el Sistema de Inteligencia  viola el artículo 332 de la Constitución  que establece que el Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizará:

  1. Un cuerpo uniformado de policía nacional.
  2. Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas.
  3. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter civil.
  4. Una organización de protección civil y administración de desastres.

Por ningún lado señala la participación de los ciudadanos en labores de inteligencia, y seguridad .

Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, consideró que el relanzamiento de las labores de inteligencia anunciadas por el presidente Nicolás Maduro profundizarán la discriminación política en Venezuela, pues serán utilizadas para criminalizar a opositores y disidentes.

Declaró que las labores de los órganos de inteligencia y contra inteligencia deben ser reguladas por ley: “precisan de mecanismos de control democrático y no pueden ser entregadas alegremente a los ciudadanos quienes terminarían utilizándolas para sus propios fines, sin la garantía del respeto a la ley y los derechos humanos.

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