Fuente: Efecto Cocuyo
La Ley de Aeronáutica Civil prohíbe y sanciona el lanzamiento de objetos o sustancias desde aeronaves: el artículo 60 expone que este tipo de prácticas están vetadas en Venezuela y el artículo 141 sanciona con entre seis a ocho años a quienes ejecuten este tipo de acción.
Crédito Efecto Cocuyo
De acuerdo con testimonios recogidos por Efecto Cocuyo desde el jueves 6 de abril manifestantes han visto cómo desde los helicópteros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) caen bombas lacrimógenas hacia las protestas contra las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Este lunes 10 de abril dos videos que circularon por las redes sociales muestran el momento en el que presuntamente se efectuaba el ataque aéreo contra manifestaciones en Las Mercedes y El Rosal.
“Esto es un proceso que apenas se está registrando. Las autoridades competentes deben investigar los vídeos y las denuncias. En todo caso, estas protestas han sido reprimidas sin seguir el protocolo del uso progresivo de la fuerza, además con estrategias potencialmente mortales y con el uso de sustancias tóxicas que el artículo 68 de la Constitución prohíbe”, expuso Marco Antonio Ponce, director del Observatorio de Conflictividad Social (OVCS).
Ante esta irregularidad, Rocío San Miguel presidenta de Control Ciudadano, una ONG que vela por los derechos humanos y la debida actuación de la Fuerza Armada Nacional, indicó que de comprobarse este tipo de actuaciones policiales se debe detener a los funcionarios.
“Lo más contundente es que la tripulacion del helicoptero que lanzó las bombas lacrimógenas deben ser identificados y sus licencias deben ser suspendidas. Además de que deben ser pasados a un tribunal penal”, explicó.
Agregó que de oficio el Ministerio Público debe iniciar una investigación, pues los funcionarios a bordo de los helicópteros están identificados en la orden de vuelo.
San Miguel recordó que en el derecho internacional o en el derecho de la guerra, como se conoce coloquialmente, existen restricciones para el ataque a la población civil. “Si estamos en tiempos de paz cuánto más no debe ser sancionado. A pesar de que estemos en una situación de alteración del orden público los funcionarios del Estado deben guardar los protocolos”, aseveró.
La activista y abogada recordó que en 1999 los venezolanos escogieron que para el control de manifestaciones no se usaran sustancias químicas y pidió respeto al artículo 68 de la Constitución.
Recrudecimiento
La aplicación de gases lacrimógenos en protesta puede ser una estrategia permitida en otros países, pero en Venezuela no. Entre otras cosas porque su uso afecta no solo a los manifestantes sino también a terceros.
Para San Miguel esto clasifica como ataque indiscriminado contra la población civil.
Desde la óptica de Marco Antonio Ponce quien tiene más de cinco años haciendo seguimiento a las protestas en el país, este año ha percibido un recrudecimiento de la represión.
“Hay intensión de hacer daño a los que están allí, porque cualquier objeto sólido que lancen desde esa altura puede causar daño a los que están abajo. La fuerza es potencialmente letal. Además de que los gases no solo afectan al que protesta, sino también a vecinos, personas mayores y niños”, dijo Ponce.
El alcalde de Baruta Gerardo Blyde denunció en su cuenta de Twitter que un bebé de 10 meses tuvo que ser sacado de emergencia de la Policlínica de Las Mercedes por un ataque con bombas lacrimógenas.