Fuente: El Nacional
Los valores de honestidad y decencia de los habitantes de los conjuntos residenciales Victoria y Alto Alegre, en El Paraíso, se estrellan contra el repertorio de agravios y violaciones de las garantías constitucionales con el que actúan los funcionarios del Sebin, Guardia Nacional Bolivariana, Conas y los paramilitares.
El 5 de julio, los vecinos de estos conjuntos vivieron otra vez horas de terror. Ese día no respetaron la garantía constitucional de la inviolabilidad de la morada. Bajo amenazas asaltaron las torres residenciales y violentaron apartamentos.
Utilizan una práctica similar a la de Alberto Fujimori en Perú y de Colombia a finales de la década de 1980, cuando en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico surgió la “justicia sin rostro”. Esta experiencia degeneró en violaciones de los derechos humanos y, por tanto, fue abolida.
Los funcionarios y los paramilitares se presentan con los rostros cubiertos para proteger su identidad. Esta práctica ilegal deja más indefensa aún a la víctima que al denunciar los abusos no puede reconocer a su agresor.
Resistencia Victoria. El 5 de juliomás de 300 funcionarios y paramilitares irrumpieron en Residencias Victoria. Rompieron los intercomunicadores, algunas puertas y portones. En una de las torres, a la conserje le quitaron las llaves de los ascensores. No respetaron que la trabajadora está embarazada. Subieron a los pisos altos, donde rompieron algunas puertas de escaleras de emergencia.
Una moradora, que resguardó su identidad, afirmó que el conjunto debería llamarse Resistencia Victoria. “Reconocemos que la GNB tiene derecho a disolver manifestaciones ilegales, pero no entendemos por qué atacan directamente a los edificios. El 19 de abril se quemaron dos apartamentos. En uno de ellos, el incendio fue tan intenso que hasta el friso se cayó. Se le exoneró del pago del condominio por los gastos que debe hacer”, apuntó.
Esta misma persona informó que la reparación de cada portón cuesta 6 millones de bolívares y que aún no han terminado de cubrir los daños del primer ataque, cuando se enfrentan con los destrozos del 5 de julio.
“De los daños del 6 de junio, el Colegio de Ingenieros hizo un informe. Para cubrir los costos se pagará una cuota especial del condominio por 80.000 bolívares. Ahora se llevaron la única cámara de uno de los ascensores que quedaba. Los vecinos ponemos guayas a las puertas porque no sabemos quiénes van a ingresar a los apartamentos. Se presentan con la cara tapada con pañuelos negros, cascos y armas largas. No sabemos si son del Sebin, la GNB o paramilitares”.
Casi simultáneamente, se escuchan los golpes en las puertas y el grito: “Si no abren los explotamos”. La respuesta de los vecinos: “Somos gente decente, no terroristas”.
Los funcionarios llegan preguntando si en los inmuebles hay botellas con gasolina y cuando les reclaman por romper puertas y vidrios, responden: “Si dicen dónde viven los guarimberos, no seguimos rompiendo nada”.
Alto Alegre. Este conjunto vivió la embestida de dos tanquetas y el asedio militar y paramilitar desde las 6:30 am. Hubo dos detenciones. Edgardo Chávez fue aprehendido por una delación. Su apartamento lo destrozaron y hasta se llevaron su vehículo. Los vecinos claman por la libertad de Chávez, que fue calificado de buen vecino y colaborador. Otro joven también fue apresado. Fue llevado hasta una tanqueta en la que lo golpearon. Lo dejaron en libertad luego de que sus padres hablaran con la GNB.
Aquí además robaron objetos personales como celulares, laptops, joyas y dinero en efectivo. Otro joven residente, que también trabaja ahí como parquero, fue herido de bala.
Los funcionarios y los paramilitares llegaron en 5 taxis bolivarianos, sin placas, 7 tanquetas y 6 camionetas. Pese a estos ataques, los vecinos al unísono declararon: “Seguiremos en la lucha hasta alcanzar nuestra libertad. No hay miedo. Luchamos por nuestros hijos y nietos”.
El procedimiento fue parecido al del Victoria: lanzaron bombas lacrimógenas en los pasillos y dispararon balas y metras. Aterrorizaron a niños, adultos y ancianos. A una médico la amenazaron con matarle el perrito si no dejaba de ladrar.
Los diputados Tomás Guanipa y Richard Blanco junto al concejal Jesús Armas se reunieron con los residentes de los dos conjuntos. Solicitaron al Ministerio Público una medida de protección para estos conjuntos residenciales y otros 15 más que han recibido agresiones.
Crédito El Nacional