El 24 de febrero de este año fue publicado en Gaceta Oficial N° 40.855 el decreto N° 2.248 de la presidencia de la República que oficializó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, que le otorgar libertades a empresas nacionales e internacionales para realizar labores de explotación en la zona.
Crédito: Archivo Tal Cual
Desde entonces, el gobierno nacional ha otorgado concesiones a 150 empresas internacional para que realicen labores de exportación en el país con la intensión de conseguir divisas que ayuden a paliar la escasez y ha mejorar los problemas económicos del país.
Sin embargo, para el mayor general retirado, Clíver Alcalá Cordones, este anuncio presidencial no sólo ha permitido que los consorcios internacionales intervengan en la zona del estado Bolívar, sino que también le han dado pie a la intervención por parte de grupos especializados en la minería ilegal artesanal, con la complicidad de algunos funcionarios públicos.
“Estos grupos están generando una gran contaminación en las cuencas de agua del arco minero que pone en peligro a las etnias indígenas que hacen vida en la zona. El tema de la conservación de esta área es elemental y este decreto desmonta lo que establece la Constitución de la República”, declaró el ex comandante de la Red de Defensa Integral de Guayana en una entrevista a El Nacional.
Alcalá Cordones resaltó que la contaminación de la zona minera en el estado Bolívar no sólo afecta a las cuencas del Orinoco sino también al embalse de Guri y los canales que desembocan en el océano Atlántico.
El mayor general interpuso hace 22 días una denuncia ante el Tribunal Supremo de Justicia, junto con varios ex funcionarios del gobierno nacional y simpatizantes del oficialismo, un recurso de nulidad contra el Decreto presidencial del Arco Minero, que fue admitido hoy por el ente judicial.
El TSJ habría citado a los ministros de Energía y Petróleo, Eulogio Del Pino; de Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva; de Comunas, Isis Ochoa; de Pueblos Indígenas, Clara Vidal; del Despacho Presidencial, Jesús Salázar; a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz; y al Procurador General de la República encargado, Reinaldo Muñoz; para testifica ante este recurso.
Alcalá Cordones también denunció que el mandatario nacional ha jugado con la “buena fe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana” por ser permisivo con la explotación ilegal de minerales en la zona.
“El presidente ha generado que la gente le pierda la confianza”, concluyó.
Fuente: Álvaro Pulido, El Nacional