El asesinato de Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años, ocurrido durante una protesta en Altamira el 26 de abril, estuvo empañado, en principio, por dos hipótesis.

Por un lado, los manifestantes, amigos y familiares denunciaron que el muchacho había recibido un impacto de bomba lacrimógena en el pecho que le produjo un paro cardíaco.

Por el otro, la tesis de voceros del Gobierno, horas después de ese miércoles, fue hacer ver que el joven había sido atacado por sus propios compañeros de manifestación, quienes habían utilizado una pistola de perno cautivo. De hecho, el ministro de Comunicación e información, Ernesto Villegas, tres días después del homicidio (el 29 de abril), declaró a medios internacionales que tenían “elementos criminalísticos y periodísticos, con una aproximación policial, de que Juan Pablo Pernalete fue asesinado con una pistola de perno cautivo”. Incluso mostró un video donde explicó, a su juicio, cómo ocurrió el crimen.

Esa hipótesis fue avalada por voceros del Gobierno hasta la tarde de ayer cuando la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, confirmó, como habían denunciado familiares y amigos, que Pernalete sufrió “un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax, al ser impactado por un cilindro de bomba lacrimógena”.

Cinco testigos declararon, y luego de las experticias realizadas sobre el cadáver, la inspección técnica, levantamientos planimétricos, acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho con la lesión que sufrió, la autopsia, residuos de los elementos químicos de la bomba en la franela de la víctima, y demás reconocimientos técnicos, se determinó que la lacrimógena fue disparada a corta distancia por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Sabemos de dónde salió disparada, pero no lo hemos individualizado. En los próximos días determinaremos quién la disparó”, dijo la Fiscal.

Criticó que se utilicen videos manipulados para desvirtuar las investigaciones de un caso.

También hizo un llamado a los jefes de seguridad del Estado para que le hagan seguimiento a la función policial en materia de orden público, pues los funcionarios deben tener “la preparación necesaria, la competencia, la actitud mental y física para la contención de hechos violentos”, ya que le preocupa que más de 500 personas hayan resultado heridas por la represión policial.

Investigan a 37 funcionarios

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, indicó que se investigan 55 muertes suscitadas durante las protestas, de las cuales 52 corresponden a civiles y tres  a funcionarios de seguridad del Estado.

Ortega indicó que en protestas han resultado heridas 761 personas civiles y 229 efectivos de seguridad. También anunció que  346 bienes públicos o privados han sido “quemados o saqueados”.

Ante estos hechos la fiscal  afirmó que se han abierto mil 475 investigaciones correspondientes a mil 329 delitos contra las personas y 150 daños a la propiedad.

Por dichos actos han sido imputados dos mil 664 civiles por delitos comunes, de los cuales solo 284 se encuentran privados de libertad.

Por delitos comunes han sido detenidos 19 funcionarios  de seguridad y 18 tienen órdenes de captura.

Ortega manifestó que se han recibido denuncias sobre la poca o nula intervención de los cuerpos de seguridad durante la ejecución hechos vandálicos, y sobre la presunta participación de militares en “saqueos”.

También se investigan hechos donde civiles armados  operan junto a cuerpos de seguridad del Estado para reprimir manifestaciones.

Sobre los casos llevados por los tribunales militares, la Fiscalía solicitó el traslado de dos imputados civiles a los tribunales ordinarios para que sean juzgados por un juez natural, dado que esa medida contraría los mandatos constitucionales.

En los hechos ocurridos  durante las manifestaciones en Barinas desde el pasado lunes la Fiscal indicó que se investigan siete asesinatos y varios destrozos causados a bienes públicos y privados. En dichas protestas fueron detenidas 20 personas.

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