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El recrudecimiento de las protestas y la violencia contra los comercios durante esta semana en los estados centrales y occidentales del país llevó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a aplicar las medidas previstas en un dispositivo para la preservación del orden interno.

Crédito: Archivo La Patill

Crédito: Archivo La Patill

Se trata del Plan Estratégico Operacional Zamora, cuyo contenido fue actualizado este año en previsión de la crisis por las constantes fallas en el servicio eléctrico y la escasez de alimentos y medicinas.

El documento matriz, en poder de El Nacional, da cuenta de la existencia de una situación hipotética en la que factores internos y externos “afectan la gobernabilidad a través de la desestabilización”.

La ejecución del plan Zamora recae primordialmente sobre la FANB, incluida la Milicia. Se activaría cuando “en parte o en todo el territorio nacional, grupos desafectos y organizados realicen protestas violentas que generen graves alteraciones del orden público, cercenando los derechos constitucionales al trabajo, la educación y al libre tránsito”.

Otras posibilidades para emplear el plan tienen que ver con el desarrollo de una “guerra económica”, o que “personas, al margen de la ley, cometan actos delictivos de cualquier naturaleza, cuya magnitud y alcance pongan en peligro el orden interno, por lo que se requiera la participación” de los militares.

Este dispositivo comenzó a ser aplicado de manera regionalizada ante los desórdenes reportados en los estados Zulia, Táchira, Aragua y Carabobo. En la primera región, durante los días martes y miércoles fueron saqueados más de diez comercios, casi todos en Maracaibo y Cabimas.

Las protestas estallaron debido a los cortes prolongados del servicio eléctrico.

El plan Zamora supone que los componentes castrenses, en especial la GNB, actuarían ante las protestas y desórdenes como si tuviesen un origen político, tal y como sucedió durante los primeros meses de 2014. De ahí que durante esta semana en los estados occidentales se aplicarán los dispositivos “antiguarimba” y “antisaqueo”.

Igualmente, los miembros del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la GNB fueron encaminados hacia el levantamiento de inteligencia sobre factores políticos y sociales en sus correspondientes jurisdicciones, tal y como ocurrió hace dos años.

 

Militares adelante. En este plan la coordinación con policías regionales y municipales es selectiva, toda vez que se maneja según los criterios de fuerzas amigas o enemigas.

En las regiones y municipios donde gobierna la oposición no existe una evaluación previa y compartida sobre los factores que podrían entrar en juego para alterar el orden público. El director de la policía del municipio Sucre, Manuel Furelos, indicó que hasta el momento no han sido convocados a ninguna reunión para analizar las posibles situaciones que se presentarían durante un apagón prolongado.

“Actuaríamos según el criterio de progresividad. Si nos vemos rebasados llamaríamos a la policía de Miranda, luego a la Nacional y a la GNB”, explicó.

El consultor de seguridad Alfredo Yuncoza cree que en este momento el ciudadano tendría escaso margen de maniobra ante un corte prolongado del servicio eléctrico.

“Hay que acumular alimentos enlatados, y los costos son brutales. Actualmente, el ciudadano no tiene capacidad de compra como para cubrir por sus propios medios un período prolongado sin energía”, señaló.

No cuentan con las clínicas

La perspectiva de un corte prolongado de energía eléctrica fue analizada en marzo por la comisión de Seguridad de Venamcham. Los expertos evaluaron un documento presentado por el consultor Eric Flores (Corinproinca). Ante una situación como esta se debe tomar en cuenta que la mayoría de los servicios públicos colapsaría, incluidos los de comunicaciones, y que podrían ocurrir desórdenes, espontáneos o provocados.

Flores cree que las primeras 72 horas serían críticas, y que, por tanto, se requiere garantizar un mínimo de provisiones para los grupos encargados de la vigilancia y la continuidad de las operaciones de las empresas. Eso incluye agua potable o algún equivalente, alimentos enlatados y no perecederos y un botiquín de primeros auxilios.

El director de seguridad de una importante empresa del ramo alimentos, que habló bajo la condición de anonimato, indicó que en esa contingencia las grandes corporaciones deben contar con un grupo de médicos no dependientes de las clínicas privadas, pues esas instalaciones también colapsarían.

De igual forma, fueron actualizados los llamados “árboles de comunicaciones”, o redes con números específicos para que los directivos cuenten con información actualizada sobre puntos de encuentro y vías de escape, incluso con asistencia de equipos de escolta.

Fuente: El Nacional

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