Fuente: El Nacional
Pedro Silva, tío de Carlos Gabriel Marchena, una de las 13 víctimas de la Operación Rondón –como se le denominó al procedimiento implementado por miembros del Comando Caribe 323 del Ejército en Barlovento–, pidió que ese componente salga de esa población “porque después de lo ocurrido no puede permanecer allí. Tienen que irse, pero eso no quiere decir que la zona quedará desguarnecida”, dijo.
Crédito Alexandra Blanco El Nacional
Silva intervino en la rueda de prensa de los parientes de 12 de las víctimas de la masacre que se efectuó con el abogado penalista Rafael Narváez, ex parlamentario y defensor de derechos humanos.
En su intervención, Narváez dijo que el comando del Ejército estaba dirigido por el teniente coronel José Ángel Rojas Córdova, que tiene 17 años de servicio en la FANB. “Hay que saber si él tenía orden, por escrito o verbal, para ejecutar a esas personas”, indicó. Este oficial es uno de los imputados por el Ministerio Público en este caso.
Se presume que el procedimiento que aplicaron los militares en varias zonas de Barlovento recibió el nombre de “Operación Rondón”, debido a que es el apellido de uno de los jefes del comando.
Inicialmente, el Ejército detuvo a 35 hombres, algunos de ellos fueron quedando en libertad poco a poco y dejaron a 12 que fueron ejecutados.
A la vez, Narváez denunció que quienes tienen en sus manos decidir el destino de los militares presos están recibiendo presiones, por eso hizo un llamado a los jueces, que tienen esos casos, para que no les tiemble la mano a la hora de tomar decisiones.
Dijo que a los familiares de las víctimas les asignaron acompañamiento de generales y coroneles, además de facilitarles transporte.
Narváez espera por denuncias de personas desaparecidas en fechas anteriores a la muerte de estos 13 hombres. “Hay que sacar a los militares de la seguridad ciudadana. La OLP es una frustración del Estado al no haber tenido éxito en la seguridad ciudadana”, afirmó. Luego dijo que es partidario que los militares implicados en los hechos de Barlovento vayan presos a cárceles comunes.
Piden atención presidencial
Pedro Silva dijo que le piden al presidente Nicolás Maduro que los atienda y no que los reciban terceras personas. “Hay que darle la cara al pueblo, él tiene que oír”, agregó. El sobrino de Silva dejó un niño de 4 años de edad.
“Queremos que lo que ha ocurrido sirva de ejemplo de lucha para este pueblo, que tiene que perder el miedo y tiene que salir a denunciar”, afirmó.
Richard González también intervino e indicó que su hijo Kendry González, de 29 años de edad, laboraba en una empresa de transporte público de la familia. Vivía en Barquisimeto, estado Lara. Era el único varón, pero fue al sector Las Morochas, en Barlovento, a visitar a su madre. Cuando lo detuvieron le robaron una laptop y el celular.
González pidió a los medios de comunicación que acompañen a las 13 familias en su lucha por la justicia y se preguntó: “¿Con qué ojos nos ve el mundo? Este es un dolor grande e indescriptible”, expresó.
Dangelys Cordero, prima de Eliécer Ramírez y amiga de Luis Sanz, Miguel Adalejo, Denny Acevedo y de Antony Varas, quien prestaba servicio militar en la Marina, en Puerto Cabello, dijo que a todos se los llevaron el 16 de octubre. Creían que era para “radiarlos”, pero no supieron más de ellos.
Al comando militar donde fueron llevados algunos detenidos, los familiares les llevaban agua, ropa y comida, pero nunca se las entregaron. Al hallar los cadáveres tenían la misma ropa del día en que desaparecieron.
Cordero dijo que al parecer el oficial de apellido Rondón habría sido quien escogió a las 12 víctimas entre el total de 35 detenidos.
Manuel Mejías, padre de Yorman Mejías, dijo que su hijo laboraba en la siembra de maíz, frijol y verduras. Los militares empujaron a Mejías cuando fue a saber de su hijo. “No lo vi más”, dijo, y rompió a llorar. Se preguntó qué había hecho su hijo. “¿Sería por trabajar en el campo?”.
Cuando los familiares interrogaban a los militares que qué pasaba con sus allegados, les respondían: “Eso es rutina”.