Fuente: El Universal 

Este miércoles se cumplen 34 días desde que fue detenido el capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano Scott, y desde que su familia tuvo noticias de él por primera vez en tres años. A pesar de ello, siguen sin poder verlo ni conocer su lugar de reclusión debido a la negativa de las autoridades en dar información sobre él.

El nombre de Caguaripano se hizo tendencia en las redes sociales el pasado 6 de agosto, cuando se difundió un video donde aparecía declarándose en rebelión militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro junto a un grupo de funcionarios, que aseveraban encontrarse en la Brigada Blindada 41°, conocida como Fuerte Paramacay de Naguanagua, Carabobo.

Ese fue el segundo pronunciamiento del capitán, pues en el año 2014 también apareció en un video rechazando las acciones del Gobierno contra los manifestantes en los eventos de protesta conocidos como “La Salida”. Desde entonces Caguaripano se mantuvo en la clandestinidad y alejado de su familia por seguridad, según afirmaron sus padres y esposa en entrevista para El Universal.

Hoy, luego de tres años sin conocer su paradero ni su estado físico, exigen al Ejecutivo una fe de vida del militar, pues desde su detención se le han violado sus derechos humanos y el debido proceso.

Familiares lo describen como amante de lo militar y firme en sus principios

El capitán retirado de 43 años es hijo de Juan Bautista Caguaripano y Carmen Cecilia Scott, dos docentes de Puerto la Cruz, fundadores de un liceo militar en Puerto Píritu. Creció desde niño en un ambiente militar que formó su carácter y sus principios, los cuales lo impulsaron a escoger esa carrera.

“Siempre fue un amante de lo militar y además de eso es un amante de Dios porque en alguna etapa de su vida fue monaguillo”, dijo su padre, quien relató que estudió un año en un seminario. En ese sentido, afirmó junto a la madre de Caguaripano, que su hijo siempre fue una persona apegada a los valores y el bien.

Su esposa, Irene Olazo, lo describe como un hombre de un corazón muy noble al punto de entregar sus mudas de ropa a personas necesitadas cuando viajaba en carretera. Asimismo, relató que cuando fue trasladado a cumplir su servicio en el estado Amazonas, juntos hacían recolectas de ropa para donarla a los indígenas.

Aseguró que es una persona que nunca tuvo más de lo que su sueldo le permitía comprar. “Se la pasa la vida tratando de ayudar a las demás personas”, dijo Olazo, quien manifestó que eso fue lo que lo llevó no solo a ser un excelente oficial sino a dar el pronunciamiento que hizo en el 2014 y el acto de Paramacay.

Los parientes indicaron que antes del pronunciamiento en el 2014, Caguaripano estaba alejado de los ideales revolucionarios del presidente fallecido Hugo Chávez y de acuerdo a su padre, nunca mencionó el lema “patria, socialismo o muerte”.

Su esposa señaló que el capitán comenzó a ver mucha “suciedad” dentro de la Fuerza Armada Nacional (FAN), como por ejemplo que sus superiores ignoraban denuncias sobre contrabando de alimentos y gasolina, presencia de campamentos guerrilleros en territorio venezolano y narcotráfico, hechos que lo impulsaron a pronunciarse contra el Ejecutivo.

Olazo explicó que “él estaba indignado de que las Fuerzas Armadas fuesen un brazo armado de un partido político y se guiaran por lo que dijera un partido”. A su juicio, en el 2014 cuando se realizaron las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, la FAN estaba asesinando muchachos en las calles y Caguaripano no podía hacer silencio ante eso.

Contó  que en ese entonces la hija de ambos tenía cuatro meses y a pesar de eso Caguaripano se pronunció, teniendo como consecuencia que perdió todo contacto con su familia ya que después fueron víctimas de persecución por parte de funcionarios del Estado e incluso hubo un intento de secuestro a la niña.

“Pudo más el juramento que él hizo a la bandera, a la patria, al país. Él sacrificó el ver a su hija crecer, el tener un matrimonio, un hogar, estar cerca de sus padres… por ese juramento que una vez hizo ante la bandera”, dijo su esposa, quien sostiene que Caguaripano cree que para sacar al país adelante se necesita de funcionarios honestos.

Caguaripano nunca tuvo aspiraciones políticas

Padre, madre y esposa, aseveran que el militar nunca tuvo aspiraciones políticas, ni de poder o dinero y no están seguros de que haya participado en la toma del Fuerte Paramacay. Consideran que hasta que él mismo no se los confirme, todo lo que se ha dicho son presunciones que solo pueden ser aclaradas por el capitán o por pruebas de la Fiscalía; sin embargo, ante su desaparición los hechos se mantienen inconclusos.

Por su parte, Irene Olazo sostiene que en Venezuela existe una ruptura del orden constitucional y que una rebelión militar, como se declaró Caguaripano en un video, está justificada en la Constitución, en el artículo 333 que se refiere al restablecimiento del orden constitucional.

La familia entera opina que hasta que no puedan hablar con el capitán, la acción de Paramacay, que consistió en la toma de armas de la FAN, la interpretan como una estrategia para desmantelar a una Fuerza Armada que estaba “asesinando al pueblo hace un mes atrás”…”es como que tengo que quitarte estas armas porque estas matando al pueblo en vez de protegerlo”,  dijo su esposa que declaró que es una teoría acorde a su discurso en el video difundido.

La publicación del video sorprendió a los parientes llenándolos de esperanza porque pudieron saber que estaba bien; sin embargo, les preocupó que trajera nuevas persecuciones contra él y la familia.

Ese día, tanto Olazo como los padres de Caguaripano, tuvieron que abandonar sus casas y refugiarse en otros lugares por temor a represalias.

Violaciones al debido proceso y derechos humanos

Luego de los hechos del Fuerte de Paramacay el Gobierno Nacional afirmó que se había realizado un ataque terrorista y emitieron orden de captura contra el capitán y el comandante Jefferson García, quienes lograron escapar ese día. Pero fueron detenidos el 11 de agosto en una alcabala en Caracas por funcionarios de la Policía de Sucre, según informó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López en su cuenta de Twitter y por donde lo calificó de “excapitán”.

Familiares aclararon que su grado militar es de capitán retirado, condición que se le dio el 9 de abril de 2014 según resolución del Ministerio de la Defensa, firmada por Carmen Meléndez (ministra en ese entonces), desmintiendo así la afirmación del Gobierno de que fue dado de baja por “medida disciplinaria” tras su pronunciamiento contra el Ejecutivo ese año.

Consideran que el calificativo de “excapitán” que le dio el actual ministro de la Defensa Padrino Lopez, tiene el fin de descalificarlo, pues su carrera militar es “intachable”.

Tras su aprehensión, en las redes sociales se publicó una foto de Caguaripano y García donde se les veía esposados y con rostros enrojecidos y visiblemente afectados. Esa es la última imagen que se tiene del capitán.

Caguaripano fue presentado ante un tribunal militar donde se le impuso un defensor público, que no ha podido ser revocado a pesar de que familiares han hecho la solicitud de asignar defensa privada, derecho establecido en la Constitución y en el Código Procesal Penal, pero se exige la firma del detenido y el sello del centro de reclusión.

Olazo señaló que de acuerdo a la información preliminar que tuvieron, su esposo estuvo en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) hasta el 22 de agosto. En todo ese tiempo la familia no pudo verlo aunque le llevaban medicinas, agua potable y ropa. El  28 los funcionarios le dijeron que fue trasladado por el Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

El día 29 asistieron al tribunal donde les explicaron que su centro de reclusión desde el momento de la presentación era el Sebin, por lo que fue irregular que haya estado en la Dgcim. Entonces los refirieron a la sede del organismo en El Helicoide, a donde van todos los días a preguntar por Caguaripano y les dicen que no se encuentra allí.

En varias oportunidades han asistido a la sede administrativa en Plaza Venezuela (mejor conocida como “La Tumba”), pero, pese a ser conocido públicamente como un lugar en el que existen celdas para detenidos, les han expresado que solo es una sede administrativa.

Andreina Baduel, hija del general retirado Raúl Isaías Baduel, desaparecido por 23 días hasta que el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, se comunicó con familiares para que pudieran verlo; declaró a medios de comunicación que su padre le expresó que junto a él había dos militares en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, entre ellos el capitán Caguaripano; sin embargo, siguen siendo presunciones que no han podido ser confirmadas.

Familiares introdujeron documentos ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo sin obtener respuesta, mientras que su abogado se mantiene denunciando el caso ante instancias internacionales defensoras de los derechos humanos.

Ante los rumores de tortura e incluso de muerte, los parientes exigen al Estado que den una fe de vida del capitán, así como que permitan a sus padres y esposa verlo para constatar su estado físico, pues no solo están violando sus derechos humanos sino también los de su familia, que, angustiada, atraviesa penurias para trasladarse a Caracas, pues son oriundos de Puerto la Cruz.

Familia víctima de persecución

La casa del padre donde vive con su hijo de 18 años y un niño especial, fue allanada por funcionarios del Sebin; asimismo, se mantienen funcionarios rondando la calle y las áreas aledañas a su casa, según denunció Juan Bautista Caguaripano.

Olazo aseveró que en el 2014 hubo una presión psicológica con la presencia de funcionarios cerca de las casas. “Se hacían visibles”. Este año no existe esa presión, pero está segura de que sus llamadas son espiadas y que el Sebin se mantiene atento a sus pasos.

Como madre de una niña de tres años, Irene explica que es difícil para ella manejar la angustia constante mientras busca al padre de su hija y cuando está con ella debe actuar como si nada estuviese pasando. “Es una tortura a los familiares”, le dijo una vez a un funcionario del Sebin que le respondió: “¡deber ser que su esposo pensó en eso antes de hacer lo que hizo!”.

A su juicio, las autoridades están conscientes de lo que le hacen a la familia, lo que considera una falta de humanidad de parte de los funcionarios. Reiteró que la exigencia es que el Estado dé una fe de vida de su esposo y que tengan acceso a verlo y constatar su estado físico y mental.

Crédito El Universal

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