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Colombia. Archivos de la computadora de Raúl Reyes serán clave. Una dificultad será determinar la relación entre cooperantes y los delitos cometidos. La intención del fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, de investigar las redes de apoyo de las FARC puede terminar en una causa que lleve a integrantes de esta guerrilla y cooperantes a juicio, si se comprueba que cometieron o ayudaron a perpetrar genocidio, crímenes de guerra o contra la humanidad, señalan expertos. La apertura de una investigación sobre la guerrilla la anunció Moreno Ocampo en una entrevista con el The New York Times hace una semana, cuando confirmó que era una de las razones de la visita que hará a Colombia a partir del lunes. Advirtió que enfocaría parte de la investigación en las denuncias sobre el apoyo político y financiero a las FARC y a los paramilitares. El fiscal estudia la extradición a Estados Unidos, en mayo, de 15 paramilitares. “La CPI puede investigar y declararse competente para conocer las actividades de las FARC pues cometen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, según la información que conocemos”, afirmó Víctor Rodríguez, ex representante de Venezuela ante la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. “Se puede juzgar a integrantes de las FARC porque Colombia es parte de la Corte”, aseveró Romualdo Bermejo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de León, España. “Es factible ver una investigación. Habría que determinar si en Colombia hay un conflicto armado, como lo entienden el Estatuto de Roma y los protocolos adicionales a la Convención de Ginebra. Debe tomarse en cuenta la jurisprudencia sobre conflicto armado de los tribunales ad hoc. Si no, se podría pensar en crímenes de lesa humanidad”, precisó Juan Modolell, profesor de Derecho de la UCAB. La CPI es un tribunal independiente y permanente que investiga y enjuicia a autores de genocidios, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, los cuales no prescriben. Su funcionamiento está normado por el Estatuto de Roma, aprobado el 17 de julio de 1998. Es reconocida por Venezuela, que aprobó el estatuto el 14 de octubre de 1998 y lo ratificó el 7 de junio de 2000, cuando el entonces canciller, José Vicente Rangel, lo depositó ante la ONU. Es vista como último recurso. “Es una institución jurisdiccional complementaria de las instancias nacionales y no un órgano supranacional. Puede actuar cuando en el Estado donde cometieron los crímenes de su competencia no se procesa a los culpables porque no se quiera, se pueda o cuando no existan las estructuras necesarias”, explicó Rodríguez. Complejidad. La investigación de las redes de las FARC será compleja. Se estudiarán los delitos cometidos luego de que Colombia aceptó la CPI. “Tomará tiempo. Es delicado y requiere que los gobiernos cooperen; no sólo el del Estado territorial sino los de los Estados en los que se supone hay conexiones o relación”, apuntó Rodríguez. “El primer caso, el de Thomas Lubanga Dilo (República Democrática del Congo) comenzó a investigarse en 2005 y lo detuvieron preventivamente en la CPI en 2006”, señaló Modolell. Entre los documentos clave para la investigación estarían los archivos de las computadoras del guerrillero Raúl Reyes, muerto en 2008 en un ataque del Ejército colombiano contra un campamento guerrillero en Ecuador, señala Rodríguez. Una de las dificultades de la investigación, advierten los expertos, será descubrir la relación entre el cooperante y el criminal. “Para castigar la colaboración o cooperación de personas con autores de los crímenes los primeros deben estar de acuerdo previamente o en la ejecución de los delitos, con sus autores. La apología de un grupo subversivo o la comunión con sus fines no implica necesariamente cooperación en los crímenes”, apuntó Modolell. Reelección … El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, debería decir a sus amigos que no quiere un tercer mandato, opinó ayer en su editorial el diario The New York Times. “Debería aclarar que éste será su último mandato, y será recordado como el líder que sacó a Colombia del abismo y la encaminó a la paz”, sugirió. Reconoció que ha hecho progresos en el combate de las guerrillas y de la violencia y que su popularidad alcanzó 90% después del rescate de varios rehenes en julio. Advirtió que Uribe “ha demostrado poco respeto por las instituciones colombianas”. Apuntó que luego de que la Corte Suprema empezó a investigar a sus aliados políticos por presuntos nexos con los paramilitares, Uribe la acusó de estar politizada. Fuente: El Nacional. Mundo/12 Armando Avellaneda

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