Fuente: El Tiempo
La aplicación de juicios militares a civiles y la activación de la segunda fase del Plan Zamora en Táchira esta semana son medidas que, según el Gobierno, buscan enfrentar una presunta “insurgencia armada” promovida por la oposición, sugiriendo un proceso similar al que se registró en la década de los 60 en el país.
Sin embargo, para un grupo de exoficiales de la Fuerza Armada Nacional consultados por El Tiempo, la actual situación no guarda similitudes con lo ocurrido en aquel entonces.
El exministro de la Defensa, G/D Fernando Ochoa Antich, y el ex inspector de la Fuerza Armada Nacional, Manuel Andara Clavier, coincidieron en señalar que el procesamiento de civiles por parte de tribunales castrenses es contrario a la Constitución y algo inédito en la historia contemporánea de Venezuela en tiempos de paz. “El artículo 261 establece que la competencia de los tribunales militares es para delitos de naturaleza militar”, expresó Ochoa Antich.
El extitular del despacho de la Defensa (1991-1992) indicó que en la década de los 60, tribunales militares juzgaron a civiles, pero resaltó que ello ocurrió en un escenario de confrontación armada.
“Venezuela estaba en un Estado de guerra. Existían Teatros de Operaciones (TO). El empleo de la Guardia Nacional y la Policía Militar buscaba preservar la retaguardia de los TO y además había intervención por parte de un país extranjero, como era Cuba”.
Tras los fallidos intentos de golpe de Estado, como El Carupanazo y El Porteñazo en 1962, se creó el Frente de Liberación Nacional (FLN), las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (Faln) y las Unidades Tácticas de Combate (UTC), apoyados por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido de la Revolución Venezolana (PRV).
Estas organizaciones emprendieron acciones violentas contra los gobiernos de Rómulo Betancourt (1959 -1964) y Raúl Leoni entre (1964-1969).
Además de solicitar la renuncia de Betancourt, se buscó evitar los comicios de 1963. Muchos de los participantes en estos procesos respaldaron la revolución chavista que tomó el poder en 1999.
En la actualidad, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) busca intensificar la actuación contra los manifestantes opositores, como si se tratara de una lucha armada, sobre la base de un Estado de Excepción recientemente prorrogado, pero sin atender lo referido en el artícilo 337 de la Carta Magna sobre el respeto al debido proceso a los detenidos.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dio luz verde a una segunda fase del Plan Zamora en Táchira. Anunció el traslado de 2 mil efectivos de la Guardia Nacional y 600 tropas de operaciones militares.
El Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora se había activado inicialmente el martes 18 de abril.
Según el Gobierno se trata de un despliegue estratégico y operacional que impulsa la seguridad y defensa de la Nación en caso de amenazas al orden interno.
Sobre la base de este operativo al menos 295 civiles han sido presentados en tribunales militares, sin atender el debido proceso, según cifras de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV).
Ochoa Antich admitió que en los 60 hubo abusos en la actuación de las Fuerzas Armadas Nacionales, pero sostuvo que fue algo muy alejado de lo que ocurre hoy.
“Las Fuerzas Armadas no jugaron con claveles, pero no se pueden comparar las circunstancias históricas”, dijo, para referir que el presidente Betancourt fue objeto de un atentado en el que murió su propio jefe de seguridad.
El general Andara Clavier calificó de “aberración” por parte del ministro de la Defensa y del comandante de la Guardia Nacional, el procesamiento de civiles a través de tribunales militares.
“Es una acción de la más baja ralea. Es vergonzoso que hayan tomado esa actitud”.
También recordó que décadas atrás hubo procesamientos a civiles en instancias militares, pero adujo que no se trató de algo sistemático.
“No fue nada contundente. Ahora hay una actitud de odio, de venganza contra las personas que manifiestan su disconformidad con el Gobierno”.
Aseguró que los civiles que eran juzgados militarmente lo fueron porque hacían uso de armas de guerra y atentaron contra objetivos militares.
“(El exministro del Interior) Rodríguez Chacín actuó en Táchira. Había civiles y militares y cada sector fue pasado a su jurisdicción”, refirió.
La práctica de juicios militares a civiles está prohibida por la Constitución, el Código Penal y los tratados de derechos humanos suscritos por la República y una sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia del año 2001.
Contra la Fiscalía
El exministro de la Defensa, Raúl Salazar (1999-2000), dijo que la Constitución es muy clara al especificar que cada ciudadano debe ser juzgado ante el tribunal que le corresponde.
“Ahora bien, si una persona se uniforma, agarra un fusil y realiza una acción amparada bajo una figura paramilitar ahí ya le correspondería actuar a un tribunal castrense”.
A su juicio la actual decisión obedece a la evidente posición de independencia que ha marcado el Ministerio Público frente al Ejecutivo.
“Como ahora la fiscal mantiene una clara posición en contra del gobierno del presidente Maduro, entonces se intenta utilizar el estatuto militar para llevar esos casos”.
Calificó como absurdo que el Gobierno llame “terrorismo” a cualquier actividad de calle que se desarrolle en el país.
“Es imposible definir todo como terrorismo. Existen los disturbios civiles, que no tienen características para llamarlos como terrorismo”.
“Constitutente es una batalla por el Poder“
Para el excomandante y compañero de armas del fallecido presidente Hugo Chávez, Yoel Acosta Chirinos el llamado de Nicolás Maduro a una “Constituyente Militar” no es más que la “batalla por el poder en medio del juego de ajedrez político”.
“Cuando hablamos de una Asamblea Nacional Constituyente no podemos sectorizarla. Hablar de una Constituyente donde solo formen parte pequeños grupos de la sociedad no tiene sentido”.
Manifestó que cuando se lanzó el proyecto Constituyente de Hugo Chávez en el 98 se forjaron las líneas maestras para que el pueblo fuese el protagonista de los cambios que se querían aplicar “no los partidos, grupos o las élites”.
“Ahí se trazó la forma para que el pueblo recuperara la soberanía nacional que estaba usurpada por el poder político y económico. Cuando se llamó al pueblo en ese momento a una Asamblea Nacional se estaba hablando de una transformación profunda del Estado y la sociedad venezolana. El problema estuvo en que Chávez después de haber elaborado el plan, no educó al pueblo para que conociera en esencia los elementos presentes en el nuevo texto a través de cada uno de sus artículos”, señaló Acosta.
Bravo: gané juicio porque era civil
El ex comandante guerrillero Douglas Bravo relató a El Tiempo que, siendo civil, fue sometido a un juicio por parte de tribunales militares en la década de los 90´.
“Mis abogados me defendieron alegando que los militares debían juzgar a los militares en insurrección. Ganamos el juicio; tuvieron que pasar a varios a tribunales civiles. A mí me demoraron, pero finalmente ganamos (…) La propia Constitución dice que los civiles deben ser juzgados por sus jueces naturales. Los militares se han abrogado un derecho que no tienen. El Presidente y el ministro de la Defensa pasan por encima de la Constitución. Es una dictadura militar”.
Delitos
El exministro Fernando Ochoa Antich alertó sobre los riesgos que es- tán corriendo los oficiales militares que han actuado en los juicios contra ciudadanos civiles. Indicó que se trata de delitos contra los DD HH que deberán ser juzgados en la Corte Internacional de La Haya.