El Bloque Constitucional se ha dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, a fin de denunciar la conducta lesiva a los intereses del país realizada por el ministro de la Defensa y actual Comandante Estratégico Operacional, Vladimir Padrino López.

Crédito: El Impulso

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Así lo hizo conocer el Dr. Jorge Rosell, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, quien indicó que en la correspondencia el Bloque denuncia que ante los medios de comunicación y un nutrido grupo de oficiales, el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el pasado 6 de abril de 2016, afirmó que la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea Nacional, “atenta contra la paz de la República, la democracia, la institucionalidad y contra la disciplina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

Es evidente que tal afirmación claramente viola los postulados constitucionales y las bases del Estado democrático constitucional de derecho y de justicia. Estos postulados están establecidos en los artículos 2, 4, 5, 7, 19, 22, 23, 27 de la Carta Magna.

La actuación de Vladimir Padrino atenta contra el artículo 328 de la Constitución, que dispone que la Fuerza Armada Nacional no tiene militancia política y está organizada para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y la integridad del espacio geográfico, cuyos pilares fundamentales deben ser la disciplina, la obediencia y la subordinación; por lo que, en el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y, en ningún caso, al de personas o parcialidad política alguna.

Tal como pauta el artículo 329 de esa Constitución, la responsabilidad esencial de la Fuerza Armada Nacional es asegurar la defensa de la Nación y el mantenimiento del orden interno del país. Indudablemente la conducta desplegada por el General Vladimir Padrino López viola los postulados de la Constitución.

La entrega de Venezuela
Mientras el Ministro Vladimir Padrino López descalifica, sin tener conocimiento ni competencia para ello, una Ley aprobada por una Asamblea Nacional que se instaló gracias al voto de más de siete millones setecientos mil personas, Venezuela, además de haber perdido su independencia económica, entrega a China el Arco Minero del Orinoco, los campos petroleros a Rusia y a China, y, en los cuarteles, la presencia de la inteligencia militar cubana controla los pasos de los disidente
La misión de quienes tienen la responsabilidad de custodiar las armas destinadas a defender y hacer eficaz la seguridad de la Nación, no deben desviarse imprudentemente hacia peligroso ejercicio de la sustitución de funciones que son privativas del mundo civil.
La declaración del Ministro de la Defensa materializa un franco atentado contra la institucionalidad democrática, y sin duda, un llamado delictivo a la desobediencia de las leyes que emanan del Poder Legislativo, expresión de la voluntad popular inequívocamente expresada el 6 de diciembre de 2015
La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional fue aprobada por la Asamblea Nacional, quedando blindada por la Constitución de la República, en donde se establece que ni siquiera podrá ser objeto de referendo abrogatorio, por lo que mal puede entonces un militar, por muy alto que sea su rango, hacer una declaración pública sobre su legalidad o repercusión en el ámbito social del país.

La actitud cómplice del sistema de justicia
La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional es una exigencia de justicia ante el uso político del que ha sido objeto el Poder Judicial para reprimir a la disidencia. Lo que ha de examinarse no es el delito imputado por el Ministerio Público y aceptado por el tribunal de turno para dictar medidas restrictivas de la libertad, sino la actitud cómplice del sistema de justicia postrada indignamente ante los designios del oficialismo. Poco importa que los delitos constituyan crimen de lesa humanidad, tráfico de droga o corrupción, sino qué dichos ilícitos hayan sido imputados sin ninguna base probatoria. Lo que trata de evitar esta Ley es que la ciudadanía sea vejada a través de un uso abusivo del poder represivo del Estado, como manifiestamente sucede en Venezuela

La democracia descansa, cómo lo hemos advertido en otras oportunidades, en la separación e independencia de los órganos del Estado, cuya función vital es la vigilancia recíproca de los mismos, mediante el cumplimiento, por cada uno, con su función sin que se le obstaculice ilegalmente. Esto último es lo que ha hecho el Ministro de la Defensa: obstaculizar de manera torpe, manifiesta, ilegal e inconstitucional, funciones que son propias de instituciones civiles

Quiebre institucional
Con esto y con los antecedentes a los que hemos hecho referencia, se evidencia que se ha producido un quiebre en la estructura institucional del país. En razón de lo antes expuesto, el Bloque Constitucional, en cumplimiento con las bases de su Manifiesto, en aras del restablecimiento de la institucionalidad democrática, rechaza y denuncia toda forma de autocracia, y en tal sentido solicita que la Asamblea Nacional interpele al ministro Vladimir Padrino y fije una moción de urgencia para un debate en la Asamblea Nacional sobre los riesgos y las implicaciones de sus declaraciones formuladas el seis de abril de 2016.

Bloque Constitucional
El Bloque Constitucional es una Asociación que reúne a Magistrados Eméritos de la Corte y del Tribunal Supremo, Miembros de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y Profesores Universitarios. La carta fue redactada por una comisión del Bloque, integrada por Román Duque Corredor, Cecilia Sosa, Jorge Rosell, Blanca Rosa Mármol, Pedro Rodón, Alberto Arteaga, René Molina y Rubén Pérez Silva.

Fuente: El Impulso

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