31/03/08. Caracas. El ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, no confirma, pero tampoco desmiente, la cifra que registra el balance de homicidios en 2007: 13.156. Al recibir el nombramiento oficial, a comienzos de año, lo primero que hizo fue un análisis en profundidad del problema y poner en práctica “un diseño nuestro” para enfrentarlo. El plan piloto, que pronto se propagará al resto de las principales ciudades, arrancó en cinco parroquias de Caracas y la presencia policial en los barrios, en las zonas más inaccesibles, en las que el Estado nunca tuvo presencia, será “permanente” y reforzada luego de que entre en vigencia la ley que crea la Policía Nacional. “No es una medida efectista, forma parte de un marco estratégico”. Esa es la diferencia que Rodríguez Chacín advierte en las primeras de cambio. El aumento de la criminalidad y de los homicidios tiene raíces muy profundas. Uno de los agentes que ha precipitado el baño de sangre es la presencia de paramilitares colombianos en territorio venezolano, incluidos algunos sectores de Caracas. A partir de 1999, como parte del difícil conflicto social y armado de Colombia, integrantes de uno de los cuatro bloques de paramilitares que se instalaron en la línea fronteriza se infiltraron en el país. No es casual que a partir de 2002, año en que recrudece la guerra, se dispararan los homicidios y secuestros en Venezuela. Lo más inquietante y revelador es que el ministro de Interior y Justicia, una de las voces más autorizadas del alto Gobierno, advierte que el fenómeno paramilitar es consecuencia de una nueva doctrina que ha puesto en marcha el Gobierno de Estados Unidos. “Estamos en una guerra de cuarta generación, que ya fue declarada, abierta y públicamente, al afirmarse que Venezuela es una amenaza para los intereses de Estados Unidos, tal como lo han dicho Bush, Condoleezza Rice y altos mandos militares del Departamento de Estado”. Una de las cosas que más llama la atención es la cifra de homicidios que hubo en Venezuela en 2007: 13.156. En enero de este año usted se encarga del Ministerio. ¿Hubo una conversación previa con el presidente Chávez sobre la necesidad de reducir sustancialmente esa cifra? No puedo corroborar ni tampoco refutar la cifra que citas. La conozco, la manejo, pero no la tengo a mano en este momento. Una de las cosas que me encargó el Presidente, como un eje fundamental, fue trabajar sobre la seguridad ciudadana. Al analizar los diferentes delitos, advertí que una de sus variables que ha aumentado en los últimos años y en forma constante son los homicidios. Empecé a evaluar el problema, pero no como un estudio de largo plazo sino con un análisis profundo. ¿Dónde sucedían? ¿Quiénes eran los afectados? ¿Cuál era su incidencia? ¿A qué horas? ¿Qué días? Tomamos Caracas como modelo, que es la ciudad con la mayor incidencia de delitos en el país. Se quiso poner en práctica un diseño nuestro y si era exitoso, como se esperaba, podía propagarse al resto del territorio. En cuanto a los homicidios, hicimos un sencillo baremo y detectamos que 80% tienen lugar en cinco parroquias. De acuerdo con su incidencia, comenzamos a aplicar planes preventivos. La mayoría aparecen como ajuste de cuentas. Es decir, personas que aparecen muertas y no se sabe quién las mató. Puede haber sido la propia policía, pero a efectos de las estadísticas entran como ajuste de cuentas. El Gobierno sacó la policía a las calles. De inmediato se dijo que era una medida efectista. ¿No le parece que alrededor de este tema hay que debatir y agrupar a diversos sectores políticos y sociales, precisamente para evitar que se politice la inseguridad ciudadana? Modificar las causas de la criminalidad y específicamente de los homicidios es un problema de largo plazo; con mucho optimismo, de mediano plazo. Hay que tomar decisiones estructurales que no van a tener resultados inmediatos. Sin embargo, había que tomar medidas coyunturales, del momento, tácticas, y que además se vieran sus efectos. Lo que hemos hecho es que esas medidas tácticas sean parte del marco estratégico. Esas medidas se van convirtiendo en estructurales. Por ejemplo, en el plan Caracas Segura vamos a comenzar con unos motorhomes que tiene la PM, en Petare. Arrancamos con cinco puestos de coordinación policial en lugares públicos de las cinco parroquias que escogimos. Desde hoy (jueves pasado) el plan se expande y abarca dos nuevas parroquias. Vamos a subir a las zonas más altas y apartadas de los cerros. Ahí vamos a establecer pequeños módulos, utilizando los mo torhomes, con 10 policías cada uno, reforzados por la Guardia Nacional. Las comunidades están contentísimas y nos han prestado todo el apoyo que podamos necesitar. Una de las grandes paradojas es la relación que existe entre pobreza y delincuencia. El Gobierno ha desarrollado políticas sociales muy claras, que son las misiones. ¿No se demuestra, a la vuelta de los años, que la relación entre pobreza y delincuencia no es tan lineal como se pensaba? Sí están asociadas, excepto en algunas culturas diferentes, como en el caso de India. Pero si vemos lo que ocurría en Japón, un país empobrecido, después de la Segunda Guerra Mundial o en Estados Unidos en plena recesión de los años 30, se advierte la relación que hay entre pobreza y delincuencia, que además ha sido matemáticamente demostrada. Aquí en Caracas el mayor índice de delitos contra las personas (homicidios, lesiones personales, violaciones) era en esas cinco parroquias que escogimos, y hemos demostrado que esos índices han respondido de forma favorable. Eso no significa que en los demás sectores de Caracas hayan disminuido. Se han mantenido. Pero nos concentramos en esas parroquias. Sacamos a la Guardia Nacional y luego a la PM, que estaba inmovilizada en algunos sectores; sacarlos de allí y actuar en coordinación con las policías municipales. Algunas parroquias, lamentablemente, no se pueden declarar libres de homicidios, pero sí tenemos parroquias en las que había una elevada incidencia delictiva, en las que han pasado semanas consecutivas sin ningún homicidio. En la mayoría de los homicidios están implicados jóvenes cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años. ¿El Estado le va a quitar la pistola a estos jóvenes, es decir, su medio de vida, a cambio de qué? Un arma no es un medio de vida lícito, a menos que sea para un cuerpo policial o un cuerpo legalmente constituido. No es el Ministerio de Interior y Justicia el que tiene que hacer eso en sus planes. Eso lo hace y lo ha hecho en forma eficiente el mismo Gobierno, desde las misiones educativas y productivas: mejorar la calidad de vida, aparte de las fuentes de trabajo, que es algo evidente. Creo que vale la pena encomiar y ponderar lo que ha hecho este proceso de cambios bajo el liderazgo del presidente Chávez. El tema del desarme es otra cosa. El Gobierno está estudiando distintas experiencias, entre otras, la que desarrolla un sacerdote evangélico en Cumaná, en la que tenemos interés porque tiene un elevado contenido social. ¿No se ha fijado usted una meta imposible al anunciar que la Policía Nacional se creará en un año, tomando en cuenta que en Venezuela los gobiernos estadales y las alcaldías tienen sus propias policías? En Caracas, por ejemplo, funciona la Policía Metropolitana, que tiene más de 10 mil efectivos, y en los municipios hay cuerpos policiales. Es un desafío alto, pero no por lo que señalas. Nuestra Constitución establece que los gobernadores y los alcaldes podrán organizar cuerpos de policía, que se regirán por lo que establezca la ley. Esa legislación no ha sido promulgada. Por esa razón no he tenido competencias y aún no las tengo, hasta dentro de pocas horas. Son 126 cuerpos de policía, cada uno por su cuenta, con algo más de 100 mil funcionarios. Pero la Policía Nacional no se hará a partir de las policías existentes. Las gobernaciones y alcaldías seguirán con sus policías. La PM seguirá con sus funciones en Caracas. La Policía Nacional se creará con base en lo que establezca la ley: con funciones de policía comunal, pero también con funciones de custodia en los centros penitenciarios; va a tener responsabilidad en las aduanas, en las fronteras; va a tener responsabilidades en los grupos de acciones especiales, que serán una competencia exclusiva de la Policía Nacional. ¿Desplazará a la Guardia Nacional en las fronteras? La Guardia Nacional es un componente de la Fuerza Armada que tiene funciones asignadas en la frontera y las seguirá cumpliendo, pero algunas competencias serán exclusivas de la Policía Nacional. En una emisión del programa Aló, Presidente, el Jefe del Estado denunció la presencia de paramilitares en barrios de Caracas. En el informe de Provea, además, se advierte la presencia de esos grupos en Petare y Coche. ¿El Gobierno está al tanto de esta situación? ¿Desde cuando se empezó a hablar de paramilitares en este país? A partir del 7 de enero de este año, cuando llegué al Ministerio. Aunque no he estado en la escena pública, he estado trabajando discretamente en este proceso, para el Presidente, en el área de inteligencia. Yo estoy convencido, desde hace mucho tiempo, de que eso forma parte de una estrategia de guerra de cuarta generación, que ya fue declarada, abierta y públicamente, al afirmarse que Venezuela es una amenaza para los intereses de Estados Unidos, tal como lo han dicho Bush, Condoleezza Rice y altos mandos militares del Departamento de Estado. En la doctrina militar de Estados Unidos existe el paramilitarismo y para eso fueron creados los boinas verdes, cuya especialidad es ir a otros países a entrenar paramilitares o hacer contactos con guerrilleros. Los boinas verdes se crearon para eso, y sus manuales de empleo lo especifican perfectamente. Actuaron en Vietnam, en Centroamérica y en Venezuela. Las brigadas de Cazadores, por ejemplo, las formaron los boinas verdes. ¿Qué es lo que ha cambiado entre la década de 1970 y 1980 a 2005? La doctrina de empleo de esas fuerzas. En los años 90 la guerrilla estaba derrotando, casi como una fuerza convencional, al Ejército colombiano. Sucedieron combates como los de Patascoy (donde fue capturado Pablo Emilio Moncayo, el hijo del profesor Moncayo) y el del cerro El Villar, donde los guerrilleros concentraban mil o mil 500 combatientes para un ataque. Estaban pasando a una fase superior: de la guerra de guerrillas a una guerra regular. Por eso el Gobierno de Colombia se sienta en una mesa a hablar de paz. No hay otras razones. Se dan las conversaciones del Caguán. Pero detrás de eso estaba el Departamento de Estado, quizás con los jerarcas militares de Colombia. En un plazo de tres años hicieron un proceso de reingeniería del Ejército colombiano: cambiaron las estructuras y compraron equipos y armamento nuevo, tecnología de punta, que no la tenemos nosotros. Se estableció un nuevo concepto en las Fuerzas Armadas. Para eso usaron esos tres años. La guerrilla también se reorganizó, pero de una forma mucho más modesta. Casualmente, al iniciarse esas negociaciones en 1999 se crean cuatro bloques de paramilitares en la frontera. Se sabe que los paramilitares siempre han estado ligados al Ejército colombiano. A uno de esos bloques se le ordena en 2002 desmovilizarse y penetrar en Venezuela. A partir de ese año hay una gran inmigración de colombianos que se radican en Ojo de Agua, en Minas de Baruta y en otras localidades. En 1997, Carlos Castaño (uno de los principales jefes asesinados de las Autodefensas Unidas de Colombia) afirmó –y eso fue reseñado por los medios– que un grupo de empresarios e industriales venezolanos le había pedido que organizara grupos paramilitares en el país. A partir de 2002 y como parte de ese proceso, las curvas de homicidios y de criminalidad varían, aumentan o descienden en Venezuela. La desmovilización de los paramilitares, igualmente, tuvo impacto en los índices de criminalidad. Eso está directamente relacionado con la nueva doctrina de empleo de los paramilitares, con la guerra de cuarta generación. Nosotros estamos en una guerra y no lo queremos aceptar. ¿Eventualmente el Gobierno presentará en rueda de prensa a cabecillas de grupos paramilitares que operan en Caracas? Constantemente se presentan y constantemente, como dicen los colombianos, los hemos dado de baja. En Táchira desactivamos a un grupo. Yo estoy en coordinación con todas esas policías, pero en el día a día. Hay unos que salen en la prensa y otros que no. El presidente Chávez anunció que los contactos con las Farc habían sido suspendidos. Al ser usted la persona encargada de esos contactos, ¿cuándo le informó esa novedad el Presidente? Yo en eso soy un soldado. Esas decisiones son exclusivas del Jefe del Estado. Él da las órdenes, las instrucciones; él comunica la política al respecto y yo me encargo de implementarla. El Presidente no actúa en función de lo que yo le diga o le deje de decir. Él toma las decisiones y yo soy un soldado que va y las cumple. ¿No era usted el encargado de darle fluidez a esos contactos? En muchas ocasiones el Presidente me daba instrucciones al respecto, para lograr la liberación de secuestrados o para evaluar cualquier otro aspecto que afecte la seguridad del Estado venezolano. Yo las he cumplido. Pero la política internacional y de seguridad es un área exclusiva que le compete al Presidente. ¿No ha hecho contacto con otros gobiernos para lograr la liberación de Ingrid Betancourt? No. Esa política la desarrolla el Jefe del Estado. Lo que yo hago es cumplir órdenes para materializar las decisiones que él tome. Tengo esperanza de que eso se pueda reactivar, no sólo en la parte humanitaria, con la liberación de rehenes, sino que ese proceso conlleve a la paz en Colombia, a la paz en la región, que es el verdadero objetivo que estamos buscando. Registro verbal Al conocerse la designación del capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín como ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, surgieron críticas desde el estado Táchira, entre otras cosas, porque en la década de 1980, Rodríguez Chacín participó en varios enfrentamientos armados que dirigentes políticos como Walter Márquez, ex embajador en India y diputado al extinto Congreso Nacional, asocian en una cadena de acciones militares que desembocaron en la masacre de El Amparo. “Es bueno que mencione ese señalamiento. Yo debo hacer del conocimiento de la nación, con toda responsabilidad, y esto nunca lo he dicho, que yo fui juzgado, arbitrariamente, en dos ocasiones diferentes. Esos fueron dos enfrentamientos armados que no guardan ninguna relación con El Amparo, por cierto”. Al contextualizar los hechos, Rodríguez Chacín afirma que fue condecorado por las autoridades y que esas acciones conllevaron a la paz en la zona limítrofe con Colombia, particularmente en Táchira, Barinas y Apure. “En el tiempo en que operé no hubo un solo secuestro, por primera vez en 20 años. Ese caso pasó por todas las instancias, fui juzgado en primera instancia, en segunda instancia y en la Corte Marcial, y se determinó que esos fueron enfrentamientos armados, en los que se hizo uso legal de la fuerza, de las armas, ante amenazas comprobadas que existían en ese momento”. Posteriormente, en 1992, Rodríguez Chacín participa en la insurgencia del 27 de noviembre de ese año y es puesto preso. En el Cuartel San Carlos se entera de que esos juicios iban a ser reabiertos. Cosa que ocurre tres meses después de ser sobreseído por el presidente Caldera. “Yo lo desestimé, porque eran cosa juzgada. No me puse a derecho, porque consideré que un gobierno ante el cual había insurgido me iba a juzgar con toda la mala intención. Hubo compañeros en servicio activo que se pusieron a derecho y duraron cuatro años presos; finalmente la Corte Marcial declaró la inocencia total de esas personas”. Fuente: Ultimas Noticias. Págs. 52-54. Caracas. 30/03/08. Hugo Prieto. Fotos Jesús Contreras