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El “tubazo” (exclusiva, en el argot periodístico venezolano) lo dio Henry Ramos Allup, el presidente de la Asamblea Nacional: el mando militar venezolano advirtió a Nicolás Maduro y a los líderes del chavismo que los militares no asumirían el costo de la represión contra el pueblo en manifestaciones políticas ni en saqueos.

La advertencia de las fuerzas armadas se habría producido la semana pasada en una reunión de emergencia tras el arrollador éxito opositor durante la recogida de firmas para el revocatorio presidencial.
“Como suele ocurrir en todas las derrotas, se produjeron las inculpaciones y atisbos de deserciones, porque ya es demasiado fuerte y persistente el tufo de juicio final”, destacó el dirigente opositor en un artículo escrito para El Nuevo País.

Días antes, desde el estamento militar se presionó, junto a otros actores políticos, para que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, desbloqueara el proceso del revocatorio.
Fuentes consultadas por LA NACION aseguran que el general Miguel Rodríguez Torres, ex ministro del Interior de Maduro y compañero de armas de Hugo Chávez, que maneja sus propios tiempos políticos para suceder al presidente, es el líder en la sombra de este bloque de las fuerzas armadas. Junto con estos militares también influyeron en la decisión revolucionaria Aldo Giordano, nuncio apostólico en Caracas; Ernesto Samper, secretario general de la Unasur, y embajadores de países amigos.

¿Existen diferencias marcadas en el seno de las fuerzas armadas ante la extrema crisis económica y social que devora Venezuela y ante la nueva situación política provocada por el revocatorio?
“Después de la muerte de Chávez se han acentuado las divisiones, nadie puede erigirse como el hegemón absoluto de todas las partes. Sí hay presiones desde las fuerzas armadas producto de la crisis, una crisis que incluso está afectando la operatividad del ejército”, explica a LA NACION Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.

“La fracción del general madurista Padrino López [actual ministro de Defensa] reafirma la política de «ni un paso atrás»; el grupo del general chavista Rodríguez Torres aboga por la política de la retirada táctica: una solución política negociada con las fuerzas del 6 de diciembre”, confirma el politólogo mexicano-alemán Heinz Dieterich, uno de los gurús de Chávez y buen conocedor de las entrañas revolucionarias.

El analista se atreve a ir un paso más allá en su último artículo para contestar a la pregunta de cuál de los dos militares tiene razón: “Obviamente Rodríguez Torres. La crisis energética es el gran catalizador de la crisis económica-política, que hace imposible defender por más tiempo la plaza”.

Las fuerzas armadas viven al margen de la deriva revolucionaria. “Se realizan permanentes análisis, sus informes se ponen encima de la mesa del presidente”, corrobora San Miguel.

Las persistentes andanadas propagandísticas, que dibujan a todo el ejército como si se tratara de un exclusivo brazo de la revolución, no encuentran cómo explicar que el cabecilla del próximo “golpe de Estado” contra Maduro (que ya tiene fecha, el 15 de mayo) es el mayor general Hebert García Plaza, ministro de Transporte hasta hace unos meses y muy cercano al “comandante supremo”, con quien compartía juegos de béisbol. Luisa Ortega, fiscal general de la república, informó ayer que se lo está buscando por las acusaciones de corrupción.

Así de confusa está la situación en los cuarteles, en los que el chavismo exige absoluta fidelidad revolucionaria. La fotografía de un miembro de la Guardia Nacional firmando contra Maduro en Mérida se hizo viral, para enfado oficialista.

“Los efectivos militares tienen prohibida la manifestación de voluntad”, señaló Jorge Rodríguez, jefe del comando antifirmas, lo que contrasta con la recolección de apoyos en todos los cuarteles realizada por el chavismo contra el decreto de Obama que calificaba a Venezuela como una amenaza. Sin olvidar las constantes demostraciones de fe revolucionaria de la actual cúpula, liderada por Padrino.

Varios agentes de policía, así como algún empleado público, han denunciado que han sido sancionados por el firmazo. También se asegura que se busca al militar de Mérida, “pero es algo que viola la Constitución, desde que tienen derecho a voto también pueden realizar estas demostraciones de voluntad”, se queja San Miguel.

Marcha por la libertad de expresión
Un centenar de periodistas, fotógrafos y activistas de los derechos humanos marcharon ayer en Caracas en protesta contra las agresiones a la prensa y para exigir la entrega de insumos a los diarios independientes que enfrentan el riesgo de cierre por falta de papel importado.

Los manifestantes marcharon hasta la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; allí exigieron la atención de los organismos internacionales sobre la situación de la prensa en el país, donde este año ya hubo 53 casos de violaciones a la libertad de expresión y agresiones a periodistas.

Fuente: La Nación

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