Fuente: El Nacional 

“El gobierno utiliza una planificación de guerra que no tiene sentido para el control del orden público”, señaló Enrique Prieto Silva, general de división de la Guardia Nacional Bolivariana (R) y profesor de Derecho y Justicia Militar en la Universidad Central de Venezuela.

Aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no puede participar en ese tipo de acciones porque la carta magna lo prohíbe. “Es una forma modificada del Plan Ávila, que se manejó hasta 1999. La Constitución nacional no permite la aplicación de un Plan Ávila o un Plan Zamora, como se llama hoy en día”, añadió.

Indicó que el control de orden público es de naturaleza civil y corresponde a la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, los bomberos y Protección Civil.

Advirtió sobre la posible aplicación de una fase roja del Plan Zamora: “¿Qué toca? ¿La eliminación del enemigo? ¿Y quién es el enemigo, la población que protesta? Eso no tiene ningún sentido. Lo que uno ve de este plan solo se ha aplicado en Cuba, donde el gobierno decidió imponer la revolución fusilando a la población”.

Subrayó que el uso de francotiradores constituye un delito de lesa humanidad. “Todas estas manifestaciones de eliminación de la población son delitos sancionados en el Estatuto de Roma. Es una barbaridad preparar un plan de guerra para que las FANB actúen en caso de alteración del orden público, que no la hay porque las manifestaciones están amparadas por el artículo 68 de la Constitución. La alteración la han provocado la GNB y la PNB, acatando las órdenes del ministro y del presidente de la República. Si hay libertad para manifestar no se entiende por qué reprimen las protestas”, dijo.


Antecedentes. El vicealmirante (R) Mario Iván Carratú afirmó que el plan represivo está montado desde 2007, solo que se ha sofisticado: “Niegan el liderazgo con represión. Cuentan además con apoyo encubierto de rusos y chinos”.

Recalcó que la acción represiva continuará hasta intentar asfixiar la protesta. “Tratarán de sacar de juego a los líderes jóvenes y capturar a los líderes sectoriales. Ellos no agreden a los políticos. El único preso es Leopoldo López, pues en 2014 se atrevió a movilizar la calle. Ese es el temor del gobierno”, indicó.

Especificó que entre el Ejército y la GNB hay conflictos, aunque no se hayan hecho públicos: “No ha habido toque de queda ni militarización de las ciudades porque el gobierno sabe que eso sería su fin”.

Luis Alberto Buttó, historiador y director del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, advirtió que en la historia del país hay ejemplos de las consecuencias terribles del uso de la fuerza militar para el control del orden público. “El 27 y el 28 de febrero de 1989 –y los días posteriores– se cometieron un sinfín de desmanes, enormes violaciones de los derechos humanos. Las heridas que quedaron todavía no han sido subsanadas en la sociedad venezolana, lo cual alerta sobre la peligrosidad de usar planes militares para controlar las protestas”, dijo.

Añadió que antes de llegar a esos límites debe seguirse un protocolo muy estricto: “Hay que reconocer que el control es netamente civil. Únicamente cuando las fuerzas policiales son desbordadas se recurre a la fuerza militar. Obviamente, eso no ha sucedido. Desde el principio el gobierno optó por reprimir con esa combinación de fuerza policial y fuerza militar”.

Alertó que el uso de francotiradores es una violación flagrante de la ley, por lo que las autoridades están obligadas a investigar y determinar responsabilidades. “No podemos saber si esto forma parte del Plan Zamora, porque el problema con estos planes es que se han mantenido en secreto y nunca ha habido una discusión en la sociedad acerca de cuáles son los mecanismos por lo que se deben controlar este tipo de situaciones. Debe haber una especie de vigilancia en el sentido de que se respeten los derechos humanos cuando se usan esos procedimientos”, agregó.

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