El Ejecutivo abusó de su poder de habilitación

Caracas. Otro rechazo al paquetazo pone en marcha operativos de búsqueda de firmas. Profesionales advierten que a los ciudadanos les conculcaron los derechos consagrados en la Constitución y en la Carta de los Derechos Humanos de la OEA. Con el eslogan “Un millón de firmas por la libertad”, una coalición gremial anunció que recabará las firmas necesarias para activar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, tal como lo estipula la Carta de Derechos Humanos del organismo interamericano. En la sala de conferencias de la presidencia del Colegio de Ingenieros se citaron los integrantes del Frente Intergremial, que acusaron al Gobierno de perpetrar el más grande fraude contra la Constitución, al promulgar un paquete de 26 leyes que, de acuerdo con los voceros de la reunió, no cumplen con los procedimientos jurídicos y fue ejecutado a espaldas del país. “Lo que estamos viendo es un verdadero gacetazo producido por el Ejecutivo Nacional, que ha hecho un uso abusivo de la habilitación que le ha concedido el Parlamento”, dijo Roger Santodomingo, secretario general del CNP-Caracas. A juicio de los representantes de los gremios de profesionales y técnicos, “los poderes Legislativo y Judicial están refrendando este fraude”, algo que no parecen dispuestos a dejar pasar de manera inadvertida. El acto también lo presidieron Elenis Rodríguez, secretaria ejecutiva del Colegio de Abogados del Distrito Capital; Rafael Veloz, presidente de la Confederación de Profesionales Universitarios (Confepuv); Gustavo Briceño Vivas, miembro del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de Caracas; y Humberto Blanco, de la junta directiva del Colegio de Ingenieros. “Lo que estamos observando es la puesta en marcha de una constitución paralela, en la que la mayor falacia apunta hacia los consejos comunales como detentadores del poder, cuando en verdad quedan eliminadas las competencias de las alcaldías y las gobernaciones para dárselas a unos funcionarios designados por el Presidente”, señaló Rafael Veloz, representante de los Colegios de Profesores de todo el país. Los profesionales cuestionaron sobre todo lo relativo a la modificación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional y el problema de la propiedad. Indicaron que la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios establece, en el artículo 5, la expropiación de bienes sin necesidad de que se declare su utilidad pública y sin orden judicial para la ocupación. Eso contradice al artículo 115 de la Constitución, que estipula que “sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”. “Hay ahora una tremenda inseguridad en cuanto al sistema de propiedad. Todos somos precariamente propietarios y podemos ser despojados de nuestros bienes por el Estado. Esto obliga a cambiar las instituciones del Derecho Civil”, manifestó el representante del Colegio de Abogados, Gustavo Briceño Vivas. La coalición intergremial anunció la puesta en marcha de una campaña de orientación ciudadana, en todos los rincones del país, para alertar a la ciudadanía acerca de la transformación que sufrió Venezuela por vía legislativa. Fuente: El Nacional. Nación/2 Gustavo Gil