Caracas. En esta entrega, Control Ciudadano pone a disposición de los usuarios de su página Web, dos visiones en torno al proceso de elaboración y aprobación de la Ley que regulará el Servicio Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, a través de un trabajo realizado por el periodista César Emilio Torres del vespertino el Mundo, en sendas entrevistas realizadas a la Directora de Control Ciudadano y al Presidente del Frente Militar Bolivariano. De un lado Rocío San Miguel expresa: “Los ciudadanos deben opinar sobre la ley que definirá quién es tachado de enemigo”. Por su parte Herrera Jimémez, indica: “quien no la debe no la teme, en cuanto al calificativo de enemigos internos. ****** Señalo Rocío San Miguel: Ley de Servicio Nacional de Inteligencia entrará por vía de la Habilitante. Control Ciudadano exige debate público para los temas de seguridad y defensa. Una nueva Ley Orgánica del Servicio Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia sería publicada en los próximos días por el despacho de la Presidencia a través de la competencia que faculta al primer mandatario para legislar por la vía Habilitante en el ámbito de seguridad y defensa. Rocío San Miguel, representante de la Asociación Civil Control Ciudadano, para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, señaló que un Estado que practique la democracia debe abrir el debate sobre los contenidos que se incorporen en esta materia. “El ciudadano no puede quedar sin garantías frente a unas definiciones como quién es el enemigo interno”, comenta. La profesora de Conflicto Armado y Derecho Internacional Humanitario del Centro de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela advierte que de modo “encapillado” se redactan en el Ministerio de la Defensa los contenidos de la ley, por lo que advierte que el Ejecutivo debería abrir el espacio para la consulta a los fines de que un tema de trascendencia para la nación sea producto de los acuerdos y consensos. Explica que existen experiencias previas en este ámbito, y citó el caso de Argentina, donde ante la persecución por parte del gobierno a varios activistas prodefensa de los derechos humanos, se legisló en esta materia y fue producto de una consulta abierta. Para San Miguel, es momento de discutir sobre el futuro de la Fuerza Armada Nacional, lo que se une a las presiones de auditoría que otros órganos del Estado deben ejercer sobre ella. Solicitó a la Asamblea Nacional resucitar el trabajo que debe ser desarrollado a través de su Comisión de Defensa. “Por ejemplo las organizaciones y el ciudadano deben ejercer un recurso de acceso a la información, porque la inversión que el Estado hace en esta materia se convierte en un elemento patrimonial y no de absoluta reserva o de seguridad de la nación”. ****** Por su parte Herrea señala: Unifican inteligencia de los cuerpos de seguridad. La unificación en un solo instrumento de las competencias y la planificación de las inteligencias de los órganos de seguridad del Estado es la aspiración del Ejecutivo en la redacción de una Ley de Servicio Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia. Héctor Herrera Jiménez, presidente del Frente Militar Bolivariano, señaló que el espíritu y propósito de esta iniciativa es ofrecer un cuerpo de leyes en el sector defensa para garantizar el resguardo del Estado. “Se trata de dar una visión sistematizada a las acciones de todos los organismos que tengan funciones de procesamiento de información y la creación de inteligencia. Su carácter orgánico lo determinará el Tribunal Supremo de Justicia”. Herrera Jiménez refiere que este ente estaría centralizado y desde allí se haría “un uso y distribución razonada de esa inteligencia ya producida”. En este aspecto resalta las acciones reactivas o proactivas frente a los hechos “que disminuyan la acción delictiva”. Advierte que como todo instrumento legal que desarrolla un derecho constitucional, la nueva Ley de Servicio Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia que se encuentra en el ámbito de seguridad y defensa de la Habilitante, garantiza y protege todos los derechos humanos fundamentales, entre los que se encuentran la vida, la inviolabilidad del hogar, el respeto a las comunicaciones privadas y el estado de derecho. Con respecto a la propuesta de Control Ciudadano de generar una discusión pública sobre su contenido antes de la firma, indica que “tendríamos que abrir el tema a los delincuentes, golpistas y narcotraficantes porque también se ven afectados en la redacción de la ley para proteger al Estado venezolano. La sociedad puede generar un debate serio, sin prejuicios de enemigos internos, porque esa denominación es clara en quiénes son. Por ejemplo los del paro petrolero de 2002”. Fuente: El Mundo. Periodista: César Emilio Torres N. ctorres@cadena-capriles.com

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