Desafiliación de Venezuela de Interpol cortaría cooperación contra el delito

Caracas. Director del Cicpc afirma que el país se mantendrá en la organización. El Gobierno recurrió a esa institución para encarar casos de delincuencia común y organizada. Venezuela está afiliada a Interpol desde hace 58 años y el director del Cicpc dijo que el país no se retirará de esa instancia. Venezuela ha estado afiliada a la Organización Internacional de Policía (desde hace 58 años. En la última década, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, las autoridades se han apoyado de manera rutinaria en esa red –que agrupa a los organismos investigativos de 186 países– para enfrentar casos de delincuencia común y organizada. Una posible desafiliación, de acuerdo con Fermín Mármol León, ex director de la extinta Policía Técnica Judicial, cerraría las puertas de la cooperación internacional para prevenir los actos contrarios a la ley en el país. “Si eso ocurriese no habría una lucha seria contra la criminalidad en Venezuela. Salir de la organización sería interrumpir los flujos de información y la ayuda que Interpol garantiza. Descalificar esa institución es un gran error”, manifestó Mármol León. El presidente Hugo Chávez anunció el jueves en el Palacio de Miraflores que revisaría si el país se mantiene en Interpol. Cuestionó el informe de la organización que certificó horas antes que las autoridades colombianas no manipularon tres computadoras portátiles, tres discos duros externos y tres pen drives que fueron incautados en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en territorio ecuatoriano, atacado por militares colombianos el 1° de marzo. En la operación fue ultimado Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, uno de los miembros del secretariado de las FARC. Según la versión de Bogotá, el jefe guerrillero era el propietario de las piezas informáticas. En el documento de 41 páginas no se cuestiona la procedencia de la evidencia ni se aclara si ésta tuvo algún daño en el procedimiento, lo que ha sido la base del cuestionamiento del Gobierno venezolano. Aclaratoria. La declaración presidencial fue matizada por Marcos Chávez, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas durante una rueda de prensa en su despacho de la avenida Urdaneta. Dijo que no está planteado el retiro de Venezuela y que el jefe del Estado no afirmó que el país dejaría de formar parte de Interpol. El jefe policial explicó que hay oficinas de Interpol en la sede del Cicpc en Parque Carabobo, así como en los aeropuertos de Maiquetía, Maracaibo, Porlamar y Santo Domingo (Táchira), y 30 funcionarios en país. Entre las principales funciones de la organización está prevenir el delito en el mundo con el apoyo y el entrenamiento de las policías, así como el mantenimiento de bases de datos y sistemas de comunicación e información internacionales. Credibilidad. Hay de cómo las autoridades han dado crédito a la información de Interpol. Una circular roja –se trata de una advertencia internacional sobre una persona solicitada por la justicia– fue decisiva en el caso de la deportación del guerrillero Anderson Medina, del Ejército de Liberación de Colombia, que fue entregado a las autoridades de ese país en junio de 2007. Notificaciones semejantes pesaban contra narcotraficantes cuyas aprehensiones y deportaciones han sido presentadas por el Gobierno como logros de la lucha antidrogas en los últimos tres años: se trata de los casos de los colombianos Libardo de Jesús Parra, Farid Feris Domínguez y Gustavo Otero, así conmo del mexicano Luis Ramón Guerra. Hemágoras González Polanco, señalado como líder del Cartel de La Guajira, detenido en Zulia en marzo pasado, también era buscado por Interpol. La policía científica y el Ministerio Público han recurrido a la red para requerir la detención de figuras políticas que, por diversas causas, han sido sometidas a la justicia penal. A través de Interpol fueron requeridos Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, condenado por su participación en el paro petrolero de 2002-2003; y el coronel Jesús Faría Rodríguez, condenado por rebelión por el supuesto ingreso de ciudadanos colombianos al país en 2004. Ambos se fugaron de la cárcel de Ramo Verde en agosto de 2006. Yohan Peña y Pedro Lander igualmente han sido solicitados de acuerdo con los procedimientos de la red internacional por supuestos vínculos con el homicidio del fiscal Danilo Anderson, perpetrado en noviembre de 2004. Lo mismo ocurrió con los tenientes Germán Varela López y José Antonio Colina Pulido, responsabilizados de las explosiones en las sedes diplomáticas de Colombia y España en 2003. Fuente: El Nacional. Sucesos/12 Sandra Guerrero sguerrero@el-nacional.com David González dgonzalez@el-nacional.com