Fuente: Correo del Caroní 

La ciudadana Nancis Hernández señaló, con la compañía del abogado defensor de derechos humanos Yolvis Moreno, una serie de abusos de los que fue testigo y víctima por parte de un funcionario del Comando Fluvial de la Armada en Amazonas.

Crédito Correo del Caroní

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Nancis Hernández, madre de 3 hijos menores de edad y comerciante, vivió una pesadilla: fue testigo y víctima de humillaciones y abusos, ahora comunes en los estados fronterizos. Lo denunció aún con voz temblorosa: la semana pasada fue tratada de forma violenta junto a otras 20 personas por un comandante del comando fluvial de la Armada, quien los había amenazado de muerte luego de detenerlos en una lancha vía a San Fernando de Atabapo.

El año inició sin mayor alboroto para Hernández, quien vive en Ciudad Guayana con sus tres hijos de 11, 15 y 17 años. Viajó el 6 de enero para el estado Amazonas con la misión de llegar hasta la frontera con Colombia y comprar ropa y víveres para su familia. Pero su viaje terminó en una mixtura espesa de angustia e impotencia. Así lo explicó a Correo del Caroní el miércoles.

El 2 de marzo Hernández iba en la vía fluvial hacia San Fernando de Atabapo, estado Amazonas, de regreso en una lancha junto al menos 20 personas, con las cuales no compartía relación alguna, cuando una embarcación de la Armada Nacional los interceptó.

Como contó la mujer, el cabecilla del grupo, quien era un comandante de apellido Álvarez, ordenó la detención de los pasajeros y luego fueron trasladados, sin explicación oficial de ningún tipo, a la comunidad. En esta fueron despojados de sus pertenencias y privados de libertad de manera arbitraria, para luego ser humillados y atemorizados.
Agresión en el procedimiento

Cuando pisaron la orilla del pueblo fronterizo de Atabapo, inició lo que Hernández catalogó como una pesadilla. Agrega que la desnudaron en público junto a cada uno de los integrantes del grupo (en el que también se encontraban personas de etnias indígenas) solo para registrarlos. Además los arrodillaron e intimidaron con armamento bélico.Agresión en el procedimiento

“Él estaba como loco, incluso dijo que nos iba a matar a todos”, con respecto al comportamiento del presunto comandante de la FANB de apellido Álvarez. Alertó que en una oportunidad, mientras estaban arrodillados y en ropa interior en la sede del organismo, en Atabapo, el líder de los funcionarios disparó su fusil por encima de las cabezas de los cautivos, para intimidar y asustar.

El arma del funcionario tronó y fue el inicio de las verdaderas ansias de Hernández por volver a casa.  Pero tendría que esperar mucho después.

Alegó que el efectivo de la FANB acusaba a los apresados de guerrilleros. “Nos decía que a él no se le escapaba nadie y vació como tres cartuchos del fusil que cargaba. Luego separó a hombres de mujeres para registrarnos uno por uno”, describió.

Situación tensa
Pero ese solo fue el inicio del maltrato. Aseguró haber visto cómo el funcionario quemaba el hombro de uno de los hombres con el cañón del arma. En ese momento, Hernández se llenaba de pánico e incertidumbre y se preguntaba qué sería de su seguridad.

Una vez registrados, se vistieron y fueron trasladados a un cuarto pequeño en el cuartel de la FANB, en el que apenas cabían las 20 personas. Hernández y el resto permanecieron cautivos ahí por dos días y medio.

En un principio, cuando los montaron en la lancha de la Armada, no les dejaron tomar su equipaje. La madre explicó que durante el cautiverio al que fueron sometidos después, Álvarez destruyó con un machete las pertenencias de cada uno, como si buscara  algo.

Hernández también denunció que el comandante decomisó gran parte de las pertenencias de los prisioneros, incluyendo la comida.

Mientras las horas pasaban, Hernández aún no predecía lo que les ocurría después, ni cuánto tiempo permanecerían cautivos: ningún funcionario les explicó qué tipo de procedimiento se estaba llevando a cabo.

La alimentación era escasa y deficiente: les dieron de comer un arroz contaminado de insectos durante todo el tiempo transcurrido. Y los cautivos se dejaron mandar por el comandante Álvarez, quien no paraba de insultarlos; así lo explicó la afectada.

“Privación ilegal de libertad”

La mujer declaró que no pudo dormir durante los dos días que estuvo prisionera. Y una vez atrapada de manera arbitraria, las opciones de Hernández eran tan reducidas como el espacio en el que estaba cautiva. No tenía comunicación en el exterior de ningún tipo.

El abogado, defensor de Derechos Humanos, y coordinador jurídico de la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), Yolvis Moreno, señaló la situación como una privación ilegal de la libertad  porque en ningún momento se consumaron procedimientos jurídicos que fundamentaran las acciones de los funcionarios durante los días que padeció Hernández.

Todo este episodio en la vida de Nancis Hernández marca violaciones a derechos humanos que se reflejan en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El artículo 44 expresa: “Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención”.

Un elemento del artículo 46 aclara que ninguna persona puede someterse a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que los privados de libertad serán tratados con respeto y dignidad.

Movimientos

Moreno, quien acompaña a la ciudadana como asesor en la denuncia, alegó que la idea de exponer este tipo de episodios es lograr que prevalezca la justicia y la acción de denuncia en el país. Pero en dado caso que las instancias nacionales se agoten por completo, se llevará el caso de Hernández a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Yo estoy todavía como en shock”. Así se siente después de una semana de lo ocurrido. Luego de una gran probada de la realidad del predominio de la agresión militar en las fronteras, la denuncia ya está puesta en el Ministerio Público.

Corrió con suerte esta vez. La liberaron porque los funcionarios no encontraron nada en su contra. Pero aseguró que varios se quedaron. Nadie respondió por la humillación que pasó.

Moreno ahora registrará la denuncia en la Codehciu para darle seguimiento. En cuanto a Hernández, quien es de escasos recursos, alegó que no pudo recuperar gran parte de sus pertenencias personales que le fueron hurtadas, las cuales consiguió para su familia mediante el comercio informal.

La ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en su artículo 18, refleja que: “El funcionario público o funcionaria pública que someta o inflija trato cruel a una persona sometida o no a privación de libertad con la finalidad de castigar o quebrantar la resistencia física o moral de ésta (…) será sancionado o sancionada con pena de trece a veintitrés años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública”.

Hernández está segura que quiere denunciar el atropello, pero no por miedo a su seguridad personal: “Yo denuncio no por mí, yo lo hago porque no quiero que estos atropellos se repitan”.

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