Fuente: Pableysa Ostos, Correo del Caroní

En entrevista a Correo del Caroní sobre la OLP, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, reconoce que hay una dualidad sobre estos operativos: la necesidad de erradicar la violencia y la violación de derechos humanos en algunas de las incursiones. “Las incursiones solo han servido para robarnos, maltratarnos y dejarnos sin empleo”, comenta un minero.

No fue el presidente Nicolás Maduro, ni el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López: fue Diosdado Cabello, el entonces presidente de la Asamblea Nacional. Desde Ciudad Bolívar, el hombre fuerte del PSUV anunció en su programa de televisión Con el Mazo Dando: “Me han instruido para la liberación del estado Bolívar, de los garimpeiros, mafias que operan en las minas y esclavizan gente y que además se llevan el oro de Venezuela”.

Crédito foto: Archivo 2001

Crédito foto: Archivo 2001

Desde el anuncio han ocurrido -que se sepa- nueve incursiones de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en las zonas mineras del estado Bolívar. La más reciente, en la mina Tierra Linda, en el Cerro El Cumi, en Upata, cuyo saldo oficial fue de dos abatidos.

“Las incursiones solo han servido para robarnos, maltratarnos y dejarnos sin empleo. En varias minas de Tumeremo vimos eso, luego la GNB y el Ejército se quedaron en el lugar y muchas veces nos tocó pagarles para poder trabajar”, comenta un minero del yacimiento Hoja de Lata II, en el municipio Sifontes.

El diputado por el estado Bolívar, en la Asamblea Nacional (AN), Américo De Grazia, recuerda que este nivel de violencia no es reciente. También resalta que tanto la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y el fiscal regional, Israel Pérez, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y el defensor regional, Orlando Alcalá, están al tanto.

“No estamos hablando de secretos”, dice el asambleísta. “La OLP mata como lo hacía la banda de el Topo”, es, sin vacilar, su gran conclusión. Este grupo parapolicial es -oficialmente- señalado como el responsable material de la masacre de Tumeremo.

“Yo lo que quiero es que este problema criminal se aclare. Yo soy guayanés y eso es algo que me afecta a mí y a mi entorno. La idea es que coloquemos un granito de arena para que esto mejore, y ponerle así el cascabel al gato”, reiteró De Grazia.

Respuestas a medias

Por las protestas en la Troncal 10, en la vía a El Palmar, precisamente por un operativo de la OLP en una zona minera, el equipo reporteril de Correo del Caroní ha intentado comunicarse con representantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) sin obtener respuesta oficial o detalles de las incursiones.

Un funcionario de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de Guayana explicó que el único autorizado para hablar del tema es: el general de brigada Jesús María Mantilla Oliveros (ZODI), pero para contactarlo se debía pasar por un proceso administrativo y protocolar, y luego esperar que este confirmara si deseaba conversar.

También se intentó contactar al general de brigada Juvenal Villegas Torres (ZODI) y con el Comando de Zona número 62 de la GNB, pero han optado también por el silencio.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Bolívar, Orlando Alcalá, sostuvo que la única denuncia que han recibido es por daños ambientales en la zona sur donde operan las minas. El fiscal superior del estado Bolívar, Israel Pérez, aseguró que actualmente tienen una denuncia en su despacho sobre un enfrentamiento, mas no especificó la zona ni otros detalles del reporte.

Más irregularidades de la OLP

Emilitxa Herrera fue la encargada de denunciar ante los medios de comunicación y el resto de los organismos la muerte de su hermano, Emilio Herrera. El joven, de 22 años, era un funcionario de la Guardia Nacional; fue abatido por el Cicpc el 8 de septiembre del 2015 en San Félix durante un operativo de la OLP.

10 meses después de su pérdida, está resignada: “El caso sigue en veremos, porque no nos han dado respuesta de ningún tipo”. “¿Cómo se hace?… Sí, así están las cosas. Aún tenemos muchas interrogantes y seguimos sin respuestas”. La versión oficial es que el hermano de la joven estaba involucrado en dos homicidios y tenían tiempo tras su pista.

La OLP fue constituida el 13 de junio del 2015, ya cumplió un año. Es el plan de seguridad 25 en 17 años del régimen.

Un breviario numérico de la OLP en Ciudad Guayana en 14 operativos durante 2015: siete en San Félix y siete en Puerto Ordaz; 10 acciones comando del Cicpc; tres por la GNB; y uno por la División de Inteligencia y Estrategia de la Policía del estado Bolívar (Diepeb); 25 apresados; 24 fallecidos.

Denuncias en el resto del país

En otros estados la situación no es distinta. Caracas es donde más operativos y denuncias se han realizado por la actuación de los efectivos.

Un funcionario del Cicpc Caracas afirmó que la OLP ha sido un plan bueno: “Hay quienes por razones políticas lo han satanizado. También hay funcionarios que han excedido sus funciones. Hay muchas personas que vivían en zonas populares (barrios) que fueron desplazados por el hampa, por ser considerados informantes de los organismos de seguridad o por tener familiares en la Policía”.

En entrevista a Correo del Caroní, el defensor del Pueblo aseguró que “por denuncias recibidas se infieren contradicciones y no hay consenso sobre la eficacia de la actuación de las OLP. Por un lado está el clamor de la sociedad por el combate contundente al hampa y por otro los resultados sin concretar estructuralmente en la erradicación del mismo. Hemos cuestionado que se hacen allanamientos sin orden judicial de forma masiva y privan de libertad arbitrariamente, ello afecta a comunidades de manera indiscriminada”.

– ¿Cuántas denuncian han recibido por el presunto abuso por parte de los funcionarios?

– En la Defensoría se recibieron pocas denuncias sobre la actuación de las OLP. Percibimos que las comunidades como tal pudieran tener temor de hacerlo. Nosotros recibimos hasta la fecha aproximadamente unos 80 casos.

– ¿Se han realizado las investigaciones?

– En nuestro criterio investigativo es que las OLP no tienen un protocolo institucionalizado de actuación. El carecer de dicho protocolo hace opaco el radio de acción de dichas OLP.

– ¿Cree que la OLP sea la solución para disminuir los índices de inseguridad?

– Bajar los índices delictivos no puede estar dependiendo de los resultados de las OLP, en razón a que el tema de la delincuencia está relacionado a circunstancias estructurales de orden económico, social y cultural cuya transformación pasa por largos procesos de maduración de la sociedad y de la propia comunidad en general.

– La OLP ya tiene un año de vigencia: ¿viola los derechos humanos?

– Finalmente en la ejecución de la OLP lamentablemente hay funcionarios que abusan del poder y autoridad. Ello es una lamentable tradición latinoamericana que no hemos erradicado aún y es una deuda de nuestras democracias.

Por ejemplo: Han hecho desalojos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales. Esos excesos son violatorios DD HH que hemos condenado públicamente. La Defensoría del Pueblo ha atendido y hecho seguimiento a varias denuncias de OLP. Incluso las remitimos al Ministerio Público y al Ministerio de la Vivienda.
Paso abierto a mercenarios

Rocío San Miguel, presidenta de la asociación civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, comentó que el balance de la OLP a un año de su puesta en rigor, “está a la vista de los ciudadanos: ha sido un fracaso. La OLP ha tomado vertientes peligrosas”.

“Hay denuncias de abusos en las operaciones, hurtos, robos, ejecuciones extrajudiciales. Y la aparición de los mercenarios en Venezuela de la mano de la OLP. Lo interesante sería saber qué beneficios están recibiendo para confirmar por completo ese papel, si acceden al motín”, comentó la especialista en temas militares y de seguridad.

 

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