Caracas. El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, reconoció ayer que el venezolano Manuel Agudo Escalona, quien se declaró culpable este domingo de traficar armas para las FARC, es en efecto, sargento mayor de segunda de la Fuerza Armada Nacional. Tras señalar en un primer momento que la detención de Agudo forma parte de los “falsos positivos que se han utilizado como política y norma en el vecino país”, Rodríguez Chacín intentó explicar la versión que el suboficial diera a funcionarios venezolanos que viajaron a Colombia para conocer los hechos: “lo acusaron de vender municiones que fueron robadas en Venezuela”, dijo. Agudo fue detenido el fin de semana junto a otro venezolano, Germán Castañeda Durán. “La versión oficial que contó fue que lo abordó una persona que le pidió cometer un delito: acompañarlo a la frontera con 500 millones de bolívares a cambio de darle 100 millones de bolívares”, indicó Rodríguez Chacín, quien agregó que “bajo engaño cruzó el río y al llegar a la orilla le introdujeron unas cajas en la embarcación. Entonces, apareció una comisión de la fiscalía colombiana y lo detuvieron”. Para el ministro, éste es uno más de los “casos montados que caracterizan al Gobierno colombiano”. Presume así que, como en otras oportunidades, “simularon delitos y cobraron recompensa por haber resuelto esos hechos que ellos mismos armaron”. Para este momento, la postura de Rodríguez Chacín ante el suceso parecía obvia. Por eso aclaró: “No asumo la defensa del oficial en lo absoluto. Solo le informo al país lo que él ha declarado”. Sin embargo, no fue éste el único tópico que el ministro aclaró. Los halagos que hace una semana repitiera Rodríguez Chacín sobre la Ley del Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia no se escucharon ayer en su rueda de prensa. Luego de que el Presidente Hugo Chávez asumiera que la ley tenía algunas fallas, el funcionario de Interior y Justicia aclaró que a su salida de la reunión con los medios de comunicación se dispondría a trabajar en la revisión del instrumento, en conjunto con el gabinete habilitante: “Con esto se demuestra el profundo sentido democrático y humano del primer mandatario, su capacidad de escuchar y rectificar si es necesario”. Lo anterior no implica para el ministro que la ley haya sido derogada: “Está vigente”, aseguró. El camino que sigue, explicó Rodríguez Chacín, será el de “dar las recomendaciones para que pase al Tribunal Supremo de Justicia y al Despacho de la Presidencia”. Fuente: Tal Cual. Pág. 6. Caracas 10/06/08

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