La directora de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, reitera la solicitud efectuada hace más de un año a la Defensoría del Pueblo, para que medie e intervenga en una rectificación urgente del contenido de la Resolución 08610 de fecha 23 de enero de 2015, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.589, de fecha 27 de enero de 2015, mediante la cual se establecen las normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, aprobadas por el ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe (Ej.) Vladimir Padrino López.
El asesinato de tres personas en el marco de protestas en Venezuela, esta última semana, tiene entre sus causas, la aplicación de esta resolución por parte de efectivos policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La Resolución 08610 permite el uso de armas de fuego en el control de las manifestaciones pacíficas, violando la prohibición expresa que hace la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al respecto, en el artículo 68, que establece: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Crédito El Impulso
En concreto
Jenny Elizabeth Ortiz Gómez, de 42 años, en Táchira; José Antonio Tovar de 21 años, en Petare, estado Miranda; y Luis Josmel Fuentes, de 21 años, en Cerezal, estado Sucre, han fallecido esta última semana como consecuencia de disparos efectuados por efectivos policiales y militares en el control de protestas en Venezuela, en el marco de hechos donde han resultado más de diez personas heridas por perdigones y balas. Esto nunca ha debido ocurrir.
Adicionalmente, preocupan a Control Ciudadano las evidencias de desprofesionalización en el control de reclamos en el país por parte de efectivos militares y policiales, a pesar de la cuantiosa dotación de equipos antimotines y antidisturbios adquiridos en China, por parte del Gobierno nacional, en los dos últimos años. Siendo más notable la desprofesionalización en el interior del país.
Destacan como elementos de desprofesionalización, la ausencia de reglas, de mandos responsables identificables y de normas fundamentales de respeto a los derechos humanos, en las operaciones de control del orden público por parte de efectivos militares y policiales.
Esta situación puede estar vinculada a un mayor ingreso de efectivos de tropa profesional en la Guardia Nacional, en el último año, sin cumplir con los tiempos necesarios para una adecuada formación, al igual que en cuerpos policiales estadales y municipales del interior del país; todo lo cual se agrava con la vigencia de la Resolución 08610, una verdadera amenaza a la vida y a la integridad de las personas, en el ejercicio constitucional del derecho a la protesta pacífica en Venezuela.
Finalmente exhortamos una vez más al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, para que cumpla con sus competencias constitucionales y exija la derogación de la Resolución 08610, de igual forma al Ejecutivo nacional para que realice una revisión inmediata de las reglas de empeñamiento, tanto de efectivos militares como policiales en el control de manifestaciones en Venezuela, para adaptarlas a los estándares de respeto a los Derechos Humanos.
Este comunicado se emite en el marco del derecho a la participación en los asuntos públicos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de conciencia que tienen los ciudadanos venezolanos de acuerdo al artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esperando contar con las garantías de no ser objeto de represalias por ello y con el ánimo de contribuir con el respeto a los derechos humanos y la paz de la República.
Fuente: Correo del Caroní