Fuente: Efecto Cocuyo 

Islandia, Brasil y España. Estos han sido los países que en los últimos tres años se han negado a ser parte de la cadena de comercialización de equipos antimotines, específicamente gas lacrimógeno, con Venezuela. Esta vez el Gobierno venezolano tiene un retraso en la entrega del cargamento de 16 toneladas de estas bombas, debido a que el Ministerio de Transporte de Islandia bloqueó el traslado, porque considera al país una “zona peligrosa, donde no se respetan los derechos humanos fundamentales”.

Crédito Efecto Cocuyo

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Así fue como dejó constancia en una carta que se publicó en el página del Gobierno islandés el 20 de octubre, donde además califica al cargamento como “equipo militar“; mientras que en Venezuela, las autoridades llaman a las bombas lacrimógenas material decontrol del orden público.

En el documento se indica que el envío proviene de China y que se solicitó el permiso pertinente al Ministerio de Transporte islandés para transferir el gas disuasivo, pues debía hacer una escala en el aeropuerto de Keflavik, al sur de Reikiavik, capital del país nórdico.

Según las leyes de Islandia, “la transferencia de equipo militar no está permitida excepto con el permiso especial de la Agencia de Transporte de Islandia. La Agencia de Transporte consultará al Ministerio de Transporte y Gobierno Local cuando una solicitud implique gran cantidad de datos militares, alta frecuencia o transporte inusual o especialmente delicado o tránsito a una zona peligrosa”. Al final, el ente no efectuará el envío hacia Venezuela.

“Es un gesto positivo el del Gobierno islandés al impedir el envío del cargamento. Lamentablemente, China encontrará la manera de hacerlo llegar a Venezuela debido a que en alta mar no hay prohibiciones que impidan el traslado del mismo”, analizó Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano, la cual hace contraloría al gasto público en armas y otros temas relacionados con la seguridad de la nación.

Este mismo año, en junio, el gigante de Suramérica hizo lo mismo. El Gobierno brasileño detuvo la exportación de gas lacrimógeno hacia Venezuela de una empresa con sede en Río de Janeiro. El periodista Nelson Bocaranda aseguró que este envío sería de 77.860 bombas lacrimógenas, sencillas (40.000) y de carga triple (37.860), compradas a la empresa Cóndor.

Además, la aerolínea Avianca aseguró que los gases lacrimógenos no serían llevados hasta Venezuela a través de sus naves, luego de que se difundiera un rumor al respecto; pero una usuaria preguntó a la compañía a través de sus redes sociales si el transporte se haría y la empresa aérea contestó tajante: “no fue y no será realizado por la aerolínea”.

San Miguel afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro destinó 40.000 dólares diarios para reprimir las protestas opositoras que se presentaron entre abril y agosto de este año y que dejaron más de 100 personas muertas por impactos de bala, asfixia, impactos por bombas lacrimógenas, arollamientos, golpes con objetos contundentes, entre otros.

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El caso más polémico al respecto es el del homicidio de Juan Pablo Pernalete.  En mayo de este año, la entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, confirmó que el deceso del joven manifestante opositor  fallecido el pasado 26 de abril en Caracas, fue producto de un objeto metálico disparado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Nuestros fiscales llegaron a la conclusión que este objeto produjo la muerte”, dijo Ortega mientras mostraba un tubo metálico que pertenece al cuerpo de una bomba lacrimógena.

Primera suspensión
En abril de 2014, el Gobierno español suspendió por tiempo indefinido la exportación dematerial antidisturbios a Venezuela, “ante la espiral de violencia que vive el país”. Desde febrero y hasta junio de ese año, otro período de protestas antigubernamentales se registró en todo el territorio. Tras esos meses, 43 personas fallecieron.

“Tanto esta decisión como la de Brasil continúan vigentes”, aseguró San Miguel.

 

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