En los últimos 16 años el Estado venezolano ha destinado 5,62 millardos de dólares a la compra de armas. Con esa cantidad de dinero pudieron construirse 56 hospitales, cada uno de 2 pisos y con 200 camas, así como 112.400 apartamentos de la Misión Vivienda Venezuela totalmente equipados y 4.257 liceos bolivarianos.
Crédito Williams Marrero El Nacional
Los cálculos realizados por Rafael Uzcátegui, de la organización no gubernamental Laboratorio de Paz, se mostraron como uno de los costos del auge y consolidación del militarismo en Venezuela. Ayer decenas de defensores de derechos humanos y personalidades de la cultura, que se sumaron a la campaña “Soy civil, no militar”, enumeraron los perjuicios de la militarización de la gestión pública y de la seguridad ciudadana.
Fue una celebración anticipada del Día Internacional de la Objeción de Conciencia, que se celebra el 15 de mayo y que constituye un derecho consagrado en el artículo 61 de la Constitución. La participación fue plural y diversa: la historiadora Margarita López Maya, el fotógrafo Nelson Garrido, el rockero Fulvio Guarino y la artista plástica Rosa Virginia Urdaneta, entre otros, expresaron su deseo de recuperar la subordinación de los militares al poder civil en el país.
Nancy Hernández, de Fenasopadres, identificó cuatro hitos del militarismo en la educación venezolana: el plan estratégico elaborado en 2004 por la Fuerza Armada Nacional para fomentar en la escuela los principios de obediencia, disciplina y subordinación; la creación e impulso de las llamadas guerrillas comunicacionales integradas por adolescentes, en 2010; la incorporación de la educación básica a los planes de defensa integral de la nación, en 2011; y este año la campaña “El valiente soldado bolivariano”, que pretende adoctrinar a los estudiantes mediante su participación en actividades culturales inspiradas en los valores militares.
El dirigente sindical Carlos Patiño considera que la fuerza militar se ha usado para debilitar las luchas por reivindicaciones laborales: “Imaginemos a un miliciano reclamando mejores condiciones laborales a un patrono que también es militar”.
Edgar Batista, de la Red LGBTI, razonó que el militarismo propende a la uniformidad, por lo cual es intolerante ante la diversidad sexual. Precisó que 54% de las agresiones contra homosexuales y transexuales documentadas por las ONG fueron cometidas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.
Uno de los focos de la campaña “Soy civil, no militar” es el rechazo a la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, la cual establece requisitos imprescindibles para optar a un empleo o al ingreso y egreso de las instituciones educativas. Incluso, estipula multas a los particulares y organizaciones que incumplan. Por considerarla violatoria de los derechos a la educación y el trabajo, entre otros, será impugnada ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Fuente: El Nacional