Fuente: Runrunes

La subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Armando Armas, rechazó el uso de la jurisdicción penal militar para enjuiciar a civiles y el uso del Plan Zamora para la persecución de quienes deciden alzar su voz en contra del gobierno.

A través de un comunicado, indicaron que mediante la aplicación del Plan Zamora, en varios estados del país y “con mayor arbitrariedad en Táchira, Falcón y Carabobo”, el gobierno pretende continuar el ataque contra la población civil que ejerce sus derechos y que pide una salida electoral.

El texto sale después de declaraciones del ministro Padrino López en el que asegura que los procesos en jurisdicción militar son legales, están “enmarcados en la ley”, porque cuando “hay una agresión sobre el centinela, o sobre un efecto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), o un bien de la FANB, perfectamente se incurre en un delito militar y puede conocer la jurisdicción militar”, afirmó.

La comisión denunció que el gobierno pretenden utilizar la jurisdicción penal militar “de manera ilegal para acusar de hechos vandálicos y procesar” a 246 civiles de los 780 detenidos en Lara por la presunta comisión de delitos de naturaleza estrictamente militar, como ya lo ha hecho con otros 52 venezolanos. Explica que esta situación es una violación a la Constitución Nacional y los Tratados Internaciones de Derechos Humanos suscritos y ratificados por Venezuela, como el principio al derecho a ser juzgados por jueces naturales previsto en el artículo 7 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 49, ordinal 3, de la Carta Magna.

“No tenemos dudas de que el Plan Zamora es la materialización más evidente de la dictadura, a la sombra de la ruptura del hilo constitucional que representaron y representan las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”, asegura la comisión. Todo esto, dentro del Estado de Excepción y de una posible suspensión de garantías, “cuestión que ha sido premeditadamente asumida por el régimen, para, de manera gradual como hemos visto en Táchira, Falcón y Carabobo, aplicar los referidos procedimientos extraordinarios”, indican.

Exponen que el Código Orgánico de Justicia Militar en sus artículos 123 y siguientes, denota que ninguno de los delitos que son investigados, ni las personas que se señalan de cometerlos, se encuadran con los establecidos en el texto legal, ya que las conductas son desplegadas por civiles a los que se pretende ser llevados fraudulentamente a la jurisdicción militar.

Alertaron que la utilización de este mecanismo es muy grave, pues se intenta crear un precedente para aterrorizar y someter a cualquier civil, por razones políticas, a la justicia militar, sin que la teórica separación de poderes ponga coto a estos abusos. “Esto es anticonstitucional, antinatura, violatorio de los derechos humanos y requiere el pronunciamiento e intervención inmediata de la Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo”, exigieron.

Recordaron que el artículo 86 de la Ley Especial Contra la Corrupción contempla sanciones penales de cuatro a ocho años de cárcel por el delito de corrupción en la administración de justicia, contra los funcionarios públicos (en especial fiscales y jueces) que realicen actos contrarios al deber que las leyes le imponen a cambio de cualquier utilidad y perjudicando a los procesados haciendo abuso de su poder. Los artículos 507 y 579 del Cojm establecen penas de uno a cuatro años por la usurpación de funciones de jueces y fiscales con jurisdicción ordinarias, por jueces y fiscales militares. Y prisión de cuatro a seis años a los jueces militares que, sin el debido decreto, ordenen la aprehensión de alguna persona, ejecuten visitas domiciliarias o cometan cualquier otro abuso de facultades.

Responsabilizaron a la cadena de mando de esta violación a la Constitución, los Derechos Humanos y el debido proceso. Desde el presidente Nicolás Maduro, el ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López, pasando por el el comandante de la Guardia Nacional, General Antonio Benavides Torres, los jefes de las Redi y Zodi, hasta el director nacional del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, Gustavo González López.

“La paz del país no la promueven quienes se niegan a escuchar la voz de casi 90% de los venezolanos que por más de 30 días ha permanecido en la calle, de manera pacífica, exigiendo que se respete su voluntad de vivir en democracia y en libertad”, sentenciaron.

Hicieron un llamado a quienes pretenden usar a fiscales y jueces militares para enjuiciar a civiles, para que actúen apegados al artículo 25 constitucional (), el cual establece la nulidad de los actos ejecutados por el poder público en contravención a la ley y la Constitución, y manifiesta claramente que los funcionarios que cometan estos actos tendrán sanciones civiles, penales y administrativas sin que le sirva de excusa seguir órdenes superiores.

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