Fuente: Efecto Cocuyo

José Miguel Liscano, Richard Páez, Wolfang Quintana y Fidel Romero son algunas de las víctimas que el 27 de febrero de 1989 muertas durante la revuelta que se gestó por el descontento popular. Detrás de esos nombres se esconden historias de desapariciones forzadas, disparos indiscriminados de la fuerza pública y restos enterrados en fosas comunes.

Crédito Francisco Solórzano

Crédito Francisco Solórzano

“28 años después en el país no existe una sentencia firme para los autores materiales de estos crímenes. Hay unas acusaciones que tienen que ver con responsabilidades políticas e intelectuales, pero no existe ni un condenado que haya disparado ese día”, aseveró Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic).

La abogada y defensora de derechos humanos recordó que Cofavic llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el expediente de 45 víctimas de esos hechos y que esta instancia de justicia es la única que ha emanado una sentencia firme al respecto en 1999 y 2002.

“Si bien el Ejecutivo Nacional pagó las indemnizaciones a las víctimas que acudieron a la Corte IDH en los términos planteados por este tribunal, Cofavic considera que la indemnización es una parte de la reparación y no sustituye la justicia, y por ese motivo no ha abandonado la lucha y las demandas”, se lee en el comunicado conmemorativo que publicó la organización de DDHH.

Para Cofavic el Estado permanece en deuda por la falta de una determinación de responsabilidades, por el ocultamiento y destrucción de evidencia y la implementación de mecanismos institucionales que impiden establecer garantías de no repetición.

“La sentencia de la Corte IDH establece que se deben encontrar e identificar los restos de todas las víctimas. En todo este tiempo aún no hay una cifra definitiva de muertos y desaparecidos. Esto es muy importante para la reconstrucción de la memoria colectiva, que se sepa quiénes murieron, cómo murieron y quiénes dispararon.

Otra de las clausulas de la sentencia internacional señala que el Estado debe adecuarse a los estándares de seguridad ciudadana y orden público que estén alineados con los derechos humanos. “Después de 28 años, Venezuela no está preparada en este punto y más bien se ha profundizado los elementos que dieron origen al Caracazo. Uno de ellos es la militarización de la seguridad”, dijo Ortega a Efecto Cocuyo.

Los últimos planes de seguridad del Gobierno tienen como pilar fundamental la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en labores de seguridad policial y se justifica con la llamada “unión cívico militar”.

“Los hechos del Caracazo deben estar presente en la memoria de todos especialmente en las autoridades, así como los agentes policiales y militares, quienes tienen una deuda con estos hombres y mujeres que se atrevieron a exigir sus derechos y fueron callados con armas”, apuntó la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, otra organización que trabaja en pro de los DDHH y que el año pasado atendió a las familias de 13 personas presuntamente asesinadas y enterradas por miembros de la Fanb en Barlovento.

Según información de la Fiscalía, para 2015 el Gobierno había indemnizado a unas 596 víctimas del estallido social ocurrido en 1989 y precisó que existían siete acusaciones en curso.

 

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