La Asamblea Nacional debatirá hoy el decreto número 2.322, del 13 de mayo, en el que se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica. En el artículo 2, ordinal 9, publicado en Gaceta Oficial extraordinaria 6.227, se conceden atribuciones para las funciones de vigilancia y control a los Consejos Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), los Consejos Comunales y demás organizaciones del Poder Popular junto a la FANB, la Policía Nacional Bolivariana y las policías estadales y municipales “para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país”.

CLAP Crédito El Nacional

“El orden público corresponde a la Fuerza Armada y a las policías, no hay posibilidad de transferir esta potestad a otros órganos”, dijo el constitucionalista Gustavo Linares Benzo.

El decreto establece medidas para garantizar “la intervención de la Fuerza Armada, los órganos de seguridad ciudadana y de los CLAP, de la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad”.

Linares Benzo y Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, exigen al presidente Nicolás Maduro explicar la ambigüedad del contenido del decreto que contempla los tres estados de excepción estipulados en la Constitución: alarma, emergencia económica y conmoción interior. “Es inadmisible que el presidente haga una especie de tres por uno, las garantías que pueden suspenderse en cada uno de los estados de excepción son distintas”, indicó Linares Benzo.

San Miguel señaló: “Maduro se convierte en constituyente y quiere manejar el país, como Fujimori, por decreto y con funciones sin límites. El Ejecutivo debe escoger un solo mecanismo. Al conculcar libertades, el gobierno busca desmovilizar al pueblo, los políticos y el empresariado”.

Contratos discrecionales. En el artículo 2, ordinal 5, se establece que el Ejecutivo podrá aprobar contratos de interés público para la obtención de recursos y asesorías para el desarrollo económico, sin autorización de otros poderes públicos. “El estado de excepción no suspende el funcionamiento normal de los poderes. Al igual que el anterior decreto, se busca boicotear a la Asamblea Nacional”, advirtió Linares Benzo.

Se establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá auditar e inspeccionar los convenios firmados por personas naturales y jurídicas con organismos extranjeros para ejecutar proyectos en el país y “ordenar la suspensión de los financiamientos relacionados cuando se presuma su utilización con fines políticos o la desestabilización de la República”. Para San Miguel, “el gobierno apunta directamente a la MUD para que no firme ningún convenio internacional para ayuda humanitaria y dotación de insumos vía el Parlamento”.

Se prevé la suspensión excepcional de las sanciones políticas contra las autoridades del Poder Público y altos funcionarios cuando obstaculicen la continuidad de las medidas urgentes para la reactivación económica, el abastecimiento de bienes y servicios o vulneren la seguridad de la nación.

Fuente: El Nacional 

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