05/04/08. Caracas. Los venezolanos no disfrutan plenamente de sus derechos humanos, pues factores como “la existencia de un ambiente hostil para el disenso político, la criminalización de la protesta social, el hostigamiento a defensores de derechos humanos, los cuestionamientos al funcionamiento de la administración de justicia, los obstáculos a la libertad de expresión y las graves condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad” lo impiden. La denuncia la hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 2007. El texto, presentado ayer en Washington (Estados Unidos) por el presidente del organismo, Paolo Carroza, dedica un capítulo a la situación de las garantías fundamentales en el país. En el reporte, la instancia hemisférica informó que el año pasado, y por tercero seguido, recibió información sobre “despidos y otras formas de coacción en el sector público -incluyendo las Fuerzas Armadas- tanto por parte de gobernantes afectos al Presidente, como de aquellos que disienten de sus políticas”, debido a las opiniones e ideas políticas de los afectados. La CIDH destacó el caso de Claudio Mendoza, quien fuera despedido del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) por un artículo que escribió en un diario nacional. Tras recordar que los empleados públicos no pueden ser sancionados por ejercer sus libertades de expresión, reunión o asociación, el organismo afirmó: “la obstruccion o amedrentamiento a estas libertades deja a las personas sin instrumentos para defender sus intereses, protestar y proponer”. Preocupan represión y ataques La Comisión también expresó su preocupación por la “judicialización” de la protesta ocurrida en los doce meses anteriores. En 2007 se produjeron cientos de manifestaciones, buena parte por razones políticas, pues el año pasado se materializó la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) y hubo el debate sobre la reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez. Una parte importante de esas movilizaciones fue disuelta por la fuerza. En el informe, la instancia denunció que le pidió al Gobierno que le informara sobre las protestas y las personas que fueron detenidas y heridas en ellas, pero éste le suministró una data “incompleta”. Aunque reconoció que el Estado puede imponer limitaciones a las protestas, la CIDH le exigió que adopte “las medidas necesarias para garantizar que en las movilizaciones sociales (…) se proteja el derecho a la vida y a la integridad personal”. De la misma manera demandó de las autoridades que hallen a los responsables de los siete atentados contra defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales que recibió en 2007, así como de los 103 que organizaciones venezolanas han registrado desde 2004. También reclamó de los funcionarios públicos “abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a los defensores o que sugieran que actúan de manera ilegal”. Semanas atrás el ministro del Interior, Ramón Rodríguez, acusó al movimiento pro garantías fundamentales de estar detrás de la huelga carcelaria que estalló en febrero. La crisis del sistema penitenciario fue otro de los asuntos analizados por la CIDH, la cual tildó de “alarmante” el número de fallecidos en hechos violentos en esos recintos en 2007 (498). Justicia al banquillo El ente reiteró su preocupación por la provisionalidad de los jueces y fiscales, y anunció que ha recibido denuncias sobre violaciones a las normas para el ingreso en el Poder Judicial que aprobó el Tribunal Supremo en 2005. Asimismo en su informe dio al traste con las cifras de titularización ofrecidas por las autoridades del Máximo Juzgado al país, las cuales hablaban de 90%; pues al organismo le admitieron que apenas supera 50%. Por otro lado, la Comisión cuestionó las presiones ejercidas por el Ejecutivo sobre los tribunales y mencionó el caso de la jueza Alcy Viñales, quien fue destituída luego de dejar en libertad a los supuestos implicados en la fuga del ex gobernador de Yaracuy, Eduardo Lapi. El fallo fue cuestionado desde el Gobierno. De RCTV y la libre expresión En su balance, la CIDH afirmó que persisten “los obstáculos” a la libertad de expresión, luego de dar cuenta de ocho ataques a periodistas. Sobre la manera cómo se le retiró la licencia a RCTV, la Comisión reiteró que la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe a los estados ejercer presiones indirectas (prebendas fiscales, asignar o retirar publicidad oficial y/o otorgar frecuencias como premio o castigo) para modificar la línea informativa de los medios. Por último, exigió que la entrega de las concesiones audiovisuales se rijan bajo los principios de “igualdad de oportunidades, procedimientos transparentes que contengan criterios claros, objetivos y razonables que eviten cualquier política discriminatoria”. Fuente: El Universal. Caracas 05 /04/08. Juan Francisco Alonso.

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