Chávez impuso 11 artículos de la reforma rechazada el 2-D

Caracas. A través de la Ley Habilitante el Gobierno adelantó otra fase de su proyecto socialista. Camino al socialismo (I) Como resultado de un minucioso análisis, los profesores universitarios Victorino Márquez Ferrer (UCAB) y Luis Herrera Orellana (UCV) verificaron que lo esencial de 11 artículos de la fallida reforma constitucional fue impuesto por el presidente Hugo Chávez a través de la Ley Habilitante. Además de los 26 decretos leyes promulgados el pasado 31 de julio, el estudio incluye los actos de Gobierno dictados a partir de 2006, mediante los cuales se ha ido dando soporte al llamado socialismo del siglo XXI. El artículo 70 de la reforma sumaba los consejos del poder popular a los medios de participación ciudadana. En las diversas leyes que regulan el modelo productivo socialista, la administración pública y la FAN, los consejos comunales adquieren responsabilidades de gestión pública. El artículo 115 del proyecto rechazado el 2-D establecía cinco tipos de propiedad y privilegiaba la intervención del Estado en la economía. Ahora, se admiten la expropiación sin previa declaración de utilidad pública ni control judicial. El artículo 136 de la reforma planteaba al poder popular como la principal rama del poder público. Mediante los decretos leyes, dicho poder popular se fortalece. El artículo 141 proponía constitucionalizar las misiones. Con la nueva Ley de Administración Pública se les confirió rango legal. El traslado de competencias regionales y locales al Gobierno central, que estaba enunciado en el artículo 156 de la propuesta presidencial, se concreta, entre otras formas, mediante la creación de autoridades regionales nombradas por el Presidente. El mismo propósito se logró con la transferencia de competencias a los consejos comunales, tal como se indicaba en el artículo 184 de la reforma. Además, se revierte la descentralización como se planteó en el artículo 158 de la reforma. Lo más evidente es la instauración de un modelo productivo socialista, en los términos referidos en el artículo 299 del proyecto de modificación de la Constitución. Con los decretos leyes sobre seguridad alimentaria y acceso a bienes y servicios, se reedita el artículo 305 de la reforma. Y la imposición de la voluntad presidencial, según los expertos, se tornó flagrante con los cambios a la FAN, como se pretendía con los artículos 328 y 329 de la reforma. Con 7 leyes el Gobierno suprime las libertades económicas La Constitución de 1999 prevé una economía social de mercado, pero leyes posteriores suprimen el libre mercado A través de 7 leyes –6 de ellas promulgadas después del referéndum para la reforma constitucional– el Gobierno inició la aplicación del socialismo como único modelo económico –tal como proponía en la reforma– al incorporar al ordenamiento jurídico la eliminación del libre mercado, la ampliación del control del Estado en sectores económicos que considera estratégicos y la exclusión de la participación del sector privado en dichos sectores, todo esto en abierta violación a lo establecido en la Constitución vigente que prevé una economía social de mercado, e irrespetando la voluntad popular expresada el 2 de diciembre de 2007. Las referidas leyes son: Ley orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación (22-06-07), Ley de creación del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (28-01-08), Ley de Pesca y Acuicultura (14-03-08), Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, Ley para la Defensa de las personas en el acceso a los Bienes y Servicios, Ley orgánica de Turismo y Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular. Estas últimas cuatro promulgadas el pasado 31 de julio, en el marco de la Habilitante. La Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación tiene como objeto establecer “un modelo capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades de la sociedad, logrando la suprema felicidad social, esto es, el modelo socialista”. Además de las referidas leyes, el Gobierno también ha emitido decretos orientados hacia el socialismo. El 20 de noviembre de 2006 se autorizó la transformación de la empresa Venezuela Industrial S.A. (Veninsa), en la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (Corpivensa), la cual fue definida como una “corporación estatal de empresas socialistas” que se orienta por el “espíritu, principios y valores de la Revolución Bolivariana Socialista”. Y aunque no fue publicado en Gaceta Oficial, pero sí aprobado por la Asamblea Nacional a finales de diciembre de 2007, el Gobierno redactó el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, que parte de la confrontación entre el sistema capitalista y el socialismo, y propone la supresión de la propiedad y las libertades económicas. Este plan establece que el modelo productivo socialista lo forman las empresas de producción Social, “germen y camino hacia el socialismo del siglo XXI”. Fuente: El Nacional. Nación/4 Edgar López, elopez@el-nacional.com Omaira Sayayo, osayago@el-nacional.com