Madrid. Los venezolanos que critican y disienten del régimen deberán afrontar hasta 6 años de cárcel si se les aplica la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, que acaba de promulgar el presidente Hugo Chávez, por no «cooperar» con la policía secreta. La polémica ley-decreto que lanzó esta semana obliga a toda persona, empresa u organización no gubernamental a colaborar y mantener la «confidencialidad o secreto» de la información o datos requeridos sin previa orden judicial ni participación fiscal. Y si se opone, se estaría «atentando contra la seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación», lo cual podría ser castigado con una pena de 2 a 4 años de prisión en el caso de particulares, y de 4 a 6 años para los funcionarios públicos. El ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, aseguró que el nuevo sistema de inteligencia y contrainteligencia sustituye a la Disip, policía política, y a la DIM, División de Inteligencia Militar. «Las nuevas serán organizaciones secretas de verdad». Entre sus funciones mencionó la de «identificar, prevenir y neutralizar toda actividad interna o externa ejecutada por cualquier factor que pretenda atentar contra el orden constitucional y las instituciones democráticas». Chávez acusó al «imperio» de atacarlo: «Ya los grandes medios comenzaron a atacar esta ley, tratando de confundir y señalando que es una ley represiva, que va contra el pueblo y los periodistas». Para la presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la nueva ley «te obliga a volverte sapo (delator) en términos compulsivos», y se refiere a los que han tenido que delatar hasta a sus familiares en los regímenes dictatoriales. Advierte que el Gobierno busca silenciar a los periodistas críticos, políticos y activistas de los derechos humanos. «Intentan aplicar un patrón similar al G-2 y a los Comités de Defensa de la Revolución que existen en Cuba como el espionaje social». Gestapo, KGB o Pinochet Para el diario «El Nacional», se trata de copiar a la Gestapo alemana, pero otros la comparan con la KGB, la policía secreta soviética, la de Pinochet o la de Videla en el Cono Sur. «Nos deja estupefactos que se recaben las pruebas sin control judicial ni participación fiscal», admite el jurista Juan Martín Echeverría. En su opinión, el texto es inconstitucional y «la indefensión absoluta frente al poderoso régimen». El general retirado Francisco Usón señala que «se castiga no sólo a la persona que reveló el dato, sino a todo aquel que tenga conocimiento de ella. Equivale a la ley mordaza pero para la ciudadanía en general». Liliana Ortega, directora de la ONG Cofavic, señala que el Gobierno «intenta establecer el Estado policial, donde nos estamos vigilando unos a otros en aras de un concepto de seguridad de la nación que no está definido». Y advierte que se ha creado en el país «una inseguridad jurídica tremenda, donde todos somos sospechosos y objeto de vigilancia». Las autoridades que consideren como confidencial o secreta las informaciones que publican periodistas y políticos pueden aplicarles «sanciones y responsabilidades civiles, penales y administrativas». Fuente: ABC, España Ludmila Vinogradoff

comparte